Preguntas y respuestas a la ley del PSOE y Junts que llama a «evitar el riesgo» potencial de la inmigración

Los firmantes constatan que el «fenómeno» migratorio ha cambiado y se ha «intensificado» en los últimos años; y también valoran su «aporte en términos culturales, sociales y económicos», así como el «indudable beneficio» para la sociedad de «una fuerza de trabajo indispensable». Socialistas y Junts abogan por «una inmigración regular, ordenada y segura que ponga en el centro los derechos humanos». Pero tres párrafos más abajo, la propuesta legislativa pactada dice que «la responsabilidad de los gobiernos» no pasa solo por atender «las necesidades» derivadas de la llegada de inmigrantes, «sino también evitar posibles efectos que pueden representan un riesgo para la convivencia y la cohesión social».

El texto subraya que Cataluña ha crecido de seis a ocho millones de personas en los últimos 40 años, acogiendo «a mucha población procedente de fuera». Y cita al Instituto de Estadística de Catalunya para cifrar en el 18% a quienes tienen nacionalidad extranjera y el 25,1% «si nos fijamos en el lugar de nacimiento». Lo que ha llevado al PP, por ejemplo, a cargar contra lo que interpreta como una equiparación independentista de los ciudadanos españoles con los extranjeros.

El artículo 150.2 de la Constitución, que habilita al Estado para delegar competencias a las comunidades; en este caso, no se transfieren, como exigía Junts, lo que significa que la titularidad sigue siendo de la Administración central y que el Gobierno de turno podría revertirlas. Los firmantes se apoyan, además, en el Estatuto catalán que consagra «la vocación integradora» de Cataluña y su ley de 2010 sobre el derecho de acogida. Pero lo que sí obvia la proposición es el nudo gordiano de su constitucionalidad o no: que el 149.1.2 de la Carta Magna mantiene como materia estatal exclusiva la «nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo».

«La ejecución de la normativa el Estado en materia de iniciación, instrucción, resolución y notificación de resolución» de las solicitudes de las estancias de larga duración (más de 90 días a un año), residencia temporal (de 90 días a menos de cinco años) y residencia de larga duración (con carácter indefinido). Lo que vacía las funciones de las subdelegaciones del Gobierno.

Sí, en lo que tiene que ver con las devoluciones en frontera –con control compartido con la Policía Nacional y la Guardia Civil– o ya en territorio catalán en las que existe una prohibición previa de entrada. En las devoluciones que sí precisen un expediente administrativo de extranjería, la Generalitat podrá elevar la propuesta de resolución, que quedará en manos de la Junta de Seguridad paritaria. No está claro si, como defiende Junts, el conocimiento del catalán será requisito indispensable para arraigar en el territorio.