En España se practican unos 90.000 abortos al año de acuerdo a la ley, solo dos de cada diez en la sanidad pública. Y hay provincias, 12 en cinco comunidades, más Ceuta y Melilla, que no han hecho ni una sola interrupción voluntaria en ... cinco años. Las mujeres se desplazan incluso a otras comunidades hasta una clínica concertada. La nueva ley obliga a todas comunidades a dar la prestación sanitaria en un centro público y lo más cerca posible del domicilio de la mujer. Deben asegurar que la objeción de conciencia de médicos o Enfermería no impide ejercer este derecho y la elección de método. Expertos consultados consideran difícil que la sanidad pública asuma la mayoría de abortos que hasta ahora han rechazado, por falta de formación y ganas, por lo que piden centros especializados. La nueva ley prevé baja para las mujeres que aborten, posible desde los 16 años. La píldora del día después se facilitará gratis en los centros de salud. Hasta ahora costaba 20 euros en farmacia, y los anticonceptivos de última generación volverán a la financiación pública.-Redacción-
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