El novio de Ayuso comparece como imputado un año después de ser denunciado

Precisamente, la filtración de uno de los correos electrónicos de esta causa del abogado de González Amador a la prensa el pasado marzo es la que ha acabado con la imputación en el Supremo, entre otros, del fiscal general del Estado por revelación de secretos. Pero este lunes en el Juzgado de Instrucción 19 de Madrid, el investigado no es Álvaro García Ortiz, sino la pareja de la presidenta autonómica madrileña, que se verá las caras con la jueza Inmaculada Iglesias prácticamente un año después de que el Ministerio Público registrara su denuncia contra el empresario, un plazo inusitadamente largo, provocado por los continuos aplazamientos, no todos ellos achacables al imputado.

En este procedimiento, González Amador tiene que responder de dos delitos de defraudación tributaria por valor de más de 350.000 euros relativos al Impuesto de Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente S.L. y un presunto delito de falsedad en documento mercantil.

Según la denuncia que la Fiscalía Provincial de Madrid presentó en el juzgado de Iglesias el 5 de marzo de 2024–solo una semana antes de que se filtrara esta información– y en la que se recogían las conclusiones de dos años de investigación de la Agencia Tributaria, Alberto González Amador habría cometido dos delitos de fraude fiscal en el impuesto de Sociedades por 155.000 euros en 2020 y de otros 195.951,41 euros el ejercicio siguiente. Hacienda sostiene que las compañías del empresario presentaron 15 facturas falsas (muchas de ellas por supuesto material sanitario vendido en la pandemia) por gastos ficticios que suman 1,7 millones de euros.

Es una incógnita si el imputado responderá o se acogerá a guardar silencio en esta comparecencia, máxime porque la Audiencia Provincial de Madrid debe decidir todavía si avala o frena la decisión de la magistrada Iglesias el pasado octubre de abrir una pieza separada para investigar al empresario también por los delitos de administración desleal y corrupción en los negocios. La jueza le imputa el presunto uso de una sociedad pantalla para ocultar pagos del Grupo Quirón, para quien Alberto González Amador trabajó durante años en asesoría sanitaria.

La instructora se basa en un informe de la Agencia Tributaria, donde se sitúa a la mercantil Masterman S.L. como una empresa pantalla utilizada presuntamente por la mercantil Maxwell Cremona, de la que González Amador es administrador único, «para trasladar ficticiamente parte de la actividad desempeñada y contratada frente a terceros, en concreto frente a Quirón Prevención S.L.», su pagador.

Las peticiones de la acusación popular, representada por PSOE y Mas Madrid, solicitaron el 24 de junio de 2024 la ampliación de la investigación, que fue recurrida por la defensa del novio de Ayuso. El pasado 19 de febrero la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Madrid comenzó a deliberar sobre si da luz verde a esta pieza separada, pero todavía no hay resolución.