Medina y Luceño, absueltos de los delitos de estafa y falsedad por el 'caso mascarillas'

En relación con el delito de estafa, la sentencia señala que, «prescindiendo de la valoración moral del hecho y ateniéndose a criterios estrictamente jurídicos», no ha resultado probado que Luceño y Medina -de 44 años, hijo del fallecido Duque de Feria y de Naty Abascal- aseguraran a la jefa de Compras del consistorio, Elena Collado, la responsable que llevó a cabo la negociación, que no cobrarían ningún tipo de comisión por traer las mascarillas.

Los acusados -se enfrentaban a 15 y nueve años de prisión, respectivamente- negaron en el plenario haberlo hecho así y dicha manifestación «no resulta de los muchos mensajes intercambiados con Collado examinados en el procedimiento». La única prueba aportada en relación con la veracidad de esta manifestación resulta de la propia funcionaria, que fue «poco concreta» al respecto en el juicio y que no había hecho referencia a este hecho ni en el juzgado de instrucción ni ante la Fiscalía Anticorrupción en sus anteriores declaraciones, pese a haber sido expresamente preguntada por ello.

Además, en la resolución se considera probado que los acusados no ocultaron al ayuntamiento que fueran a cobrar comisión de la vendedora Leno, la mercantil asiática que envió el material sanitario, como efectivamente hicieron, lo que podría integrar un delito de engaño por omisión. Sin embargo, los jueces concluyen que los acusados no estaban legalmente obligados a hacerlo y que no es exigible en el tráfico mercantil que los intermediarios que perciben márgenes comerciales incluidos en el precio final de venta deban informar al comprador.

En suma, el tribunal asume que Elena Collado «pudo incurrir en un error» en relación con el cobro por parte de los acusados de una comisión o, al menos, de su importe. Sin embargo, se considera que este error no fue determinante de la celebración del contrato, puesto que hubo un acuerdo efectivo sobre el objeto de la compraventa y del precio que quedaba dentro de los que la compradora consideraba adecuados en consideración a sus necesidades y al mercado (aceptó pagar 6,2 euros por cada mascarilla, el precio más alto conocido en plena pandemia).

La ausencia de comisión tampoco se discutió en las sesiones del Consejo de Administración de la entidad municipal compradora, pese a que pudo hacerse, ni se incluyó en los contratos como condición de la operación. En conclusión, entienden los tres magistrados que no hay estafa, «puesto que los acusados no estaban obligados a poner de manifiesto a la entidad compradora que cobrarían del vendedor una comisión ni su importe, por lo que no hay engaño por omisión, y que la compradora aceptó las condiciones básicas en el contrato de compraventa».

Por lo que se refiere a ciertos defectos relativos a los productos adquiridos, el tribunal entiende que los acusados, como meros intermediarios, no podían conocer al tiempo de celebrar los contratos que dichos problemas pudieran existir y que nos encontraríamos en su caso ante un incumplimiento contractual de la vendedora a valorar en la jurisdicción civil.

Por último, se les absuelve del delito de falsedad en documento mercantil, ya que si bien es cierto que se atribuye a los acusados la alteración falsaria de ciertos documentos, estos, de acuerdo con nuestra jurisprudencia, tienen la consideración de documentos privados y no se ha formulado acusación por el delito correlativo.

Respecto a Luceño, en cambio, se le condena como autor de un delito contra la Hacienda Pública a la pena de tres años de prisión y al pago de una multa de 3.500.000 euros, así como a indemnizar a la Agencia Tributaria con la cantidad de 1.351.386 euros. Además, le castiga a ocho meses de prisión y a ocho meses de multa con una cuota diaria de 50 euros (12.000 euros en total) como autor de un delito de falsedad en documento oficial, al considerarse probado que manipuló dos salvoconductos para poder circular durante el periodo que duró el confinamiento y un documento de identificación como agente del CNI.

En concreto, Luceño obtuvo rendimientos derivados de su trabajo personal entre marzo y abril de 2020 que no declaró en su IRPF. Para ocultar estos rendimientos y lograr un ahorro fiscal ilícito acogiéndose al tipo impositivo más favorable de las sociedades, constituyó en el mes de mayo de ese ejercicio la mercantil Takamaka Invest S.L., a la que atribuyó simuladamente la obtención de los rendimientos.