El juez rectifica y ordena a la UCO acotar el análisis de los datos intervenidos al fiscal general

Esta franja temporal no es baladí, ya que coincidiría con los días en que se produjo la presunta revelación del correo en el que la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, ofreció un pacto de conformidad al fiscal de delitos económicos Julián Salto, que ejerce la acusación en su causa por un delito de fraude fiscal, entre otros.

Este correo fue publicado por varios medios de comunicación antes del desmentido que hizo la Fiscalía Provincial de Madrid en una nota oficial sobre el citado acuerdo. La difusión de este comunicado el 14 de marzo se produjo para rebatir el "bulo" que lanzó el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, en su perfil de redes sociales. Éste afirmó que el primer paso en busca del pacto de conformidad con González Amador lo dio el Ministerio Público, pero que al final, "por órdenes de arriba" (en referencia implícita a García Ortiz), se acabó yendo al traste.

Ahora, la causa contra García Ortiz y la fiscal jefe de Madrid Pilar Rodríguez está en manos del juez Ángel Hurtado, de la Sala Segunda (Penal) del Supremo, que el jueves 30 de octubre mandó a la UCO a los despachos de ambos en un polémico auto -tachado desde algunos sectores judiciales y fiscales como "desproporcionado"- en el que autorizó incautar todos sus dispositivos electrónicos y vaciar sus servidores con los correos corporativos.

Ello pese a que el delito de revelación de secretos conlleva penas menores y después de que la Sala de Admisión del alto tribunal sacara de la causa como indicio incriminatorio la difusión de la citada nota oficial con el desmentido sobre el novio de Ayuso, cuya autoría se atribuyó el propio García Ortiz cuando el procedimiento se instruía en el Tribunal Superior de Madrid. Una circunstancia que derivó su traslado al Supremo, competente para investigar al fiscal general.

El registro en el despacho del fiscal general, un hito en la etapa democrática, duró más de diez horas y se saldó con el volcado completo del contenido de sus dos teléfonos móviles (el oficial y el personal), un portátil, un ordenador de mesa, una tableta electrónica y múltiples memorias USB.

El pasado martes, la teniente fiscal del Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, salió en defensa de su jefe directo con la presentación de un durísimo recurso ante la Sala contra el auto de Hurtado. Afirmó que el magistrado conocido por integrar el tribunal del 'caso Gürtel' cuando estaba en la Audiencia Nacional -en el que eximió de responsabilidad civil al PP en un voto particular- se había extralimitado.

Reprochó que el juez pidiera una copia de «toda la documentación» de los investigados durante los últimos ocho meses a sabiendas de que era «información ingente, altamente sensible y relativa a una multitud de investigaciones penales en curso». Es más, según denunció la teniente fiscal, Hurtado dio esa orden «sabiéndose» que toda esa documentación «era por completo ajena a lo investigado en esta causa». Por lo tanto, hubo una "desmesurada injerencia" al querer que la UCO se quedase con toda la información entre el 8 de marzo y el pasado 30 de octubre, para lo cual el juez no dio «ningún razonamiento».

«Para la investigación de una presunta revelación de un correo, cuya lesividad o perjuicio para la persona concernida es escasa o inexistente, se ha procedido a incautar toda la documentación almacenada electrónicamente en sedes oficiales, documentación de enorme trascendencia y cuya divulgación puede poner en peligro un sinnúmero de operaciones o investigaciones penales en curso, así como la agenda institucional del fiscal general del Estado", razonó Sánchez Conde.

Ahora, tres días después de su escrito, Hurtado da marcha atrás y reduce de ocho meses a seis días el análisis de las comunicaciones intervenidas al fiscal general y a la fiscal jefa de Madrid. Una orden directa que manda a la UCO, responsable de la investigación policial.