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El último trimestre de 2023 dio inicio a la crisis migratoria que sufre Canarias. Fue el momento en el que miles de personas se embarcaron en cayucos desde Senegal hasta el archipiélago para realizar la ruta, considerada como la más mortífera del mundo. Poco a poco, los sistemas de acogida del territorio fueron tensando. Una situación que empeoró con la salida de otras miles de personas desde Mali, que en su mayoría eran menores no acompañados. Y aunque este 2025 los datos reflejan una bajada en las llegadas irregulares, el año pasado fue todo un hito histórico, en lo que a datos se refiere. Tras un año de negociaciones, el Gobierno ha llevado al Consejo de Ministros una solución para este tema, que permitirá el reparto de 4.400 menores extranjeros a otras regiones.
En 2023, Coalición Canaria condicionó su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez a la implementación de medidas centradas en la gestión de los menores no acompañados en el archipiélago. El acuerdo incluía el compromiso de realizar las «modificaciones normativas necesarias», aunque en aquel momento no se especificaba cómo se llevaría a cabo, para que la responsabilidad no recayera exclusivamente en las comunidades receptoras. De hecho, durante el debate para investir al presidente del Gobierno, la diputada Cristina Valido hizo hincapié en este asunto.
Cuatro meses después del pacto de investidura, el ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, anunció que estaba trabajando, junto al Ejecutivo canario, en dicho acuerdo. En este momento, la novedad fue que se concretaba cómo se llevaría a cabo: la reforma del artículo 35 de la ley de extranjería, que establece que la acogida de los menores es competencia autonómica. Moncloa apostaba por esta medida para aliviar a aquellos territorios que sufren más la presión migratoria (Ceuta, Melilla y Canarias).
La propuesta llegó a la Comisión Interministerial de Inmigración, que se celebró el 16 de abril de 2024. «Hemos avanzado en la reunión un documento en el que hemos profundizado en la modificación legislativa», aseguraba por aquel entonces el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. «Espero que a partir de ahí se pueda caminar en los apoyos parlamentarios necesarios», añadía. El texto, que por fin vio la luz una semana después, pasaba por hacer «obligatoria» la redistribución de menores cuando el sistema de acogida se encuentre «saturado».
El cambio legislativo proponía que la capacidad máxima de acogida se establezca en un 150%. Una vez que los sistemas sobrepasasen esta cifra, los menores serían trasladados a otras comunidades en las que no existiese tal presión para «poder ofrecer la atención necesaria y de calidad a los niños que llegan», así como todas las «garantías» que requiere un proceso de acogida en estas condiciones.
Durante las dos semanas siguientes, tanto el Ejecutivo central como el canario continuaron centrados en el texto para cerrar los puntos en los que se producían discordancias. Trabajos que finalizaron el 11 de junio, cuando se celebró la Conferencia Sectorial de Infancia. Un encuentro de cuatro horas de duración en el que la mayor parte las comunidades gobernadas por el PP mostraron su disconformidad al respecto -aunque por aquel momento no tenían una posición fijada y sobre ellos sobrevolaba la amenaza de Vox de romper los acuerdos de gobierno-, aunque se abrieron a un reparto voluntario de 347 menores extranjeros no acompañados.
Tras las amenazas de Vox al PP, los de Abascal finalmente rompieron las coaliciones de gobierno en Castilla-León, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura el 11 de julio de 2024 después de que los 'populares' sacasen adelante el reparto voluntario de 347 en la Conferencia Sectorial de Infancia. «Feijóo ha creído oportuno pactar con el autócrata (Pedro Sánchez). Hemos cedido quizá a veces demasiado para salvaguardar esos gobiernos. Pero es imposible pactar con el que no quiere hacerlo, con el que pretende imponernos unas políticas de fronteras abiertas. Nadie ha votado a Vox y al PP para que continúe la invasión de inmigración ilegal y de menas. Si el señor Feijóo quiere engañar a sus electores y seguir aplicando políticas socialistas y globalistas, allá él», aseguró en aquel momento el líder de Vox.
La reforma del artículo 35 de la ley de extranjería finalmente llegó al Congreso el 21 de julio de 2024 tras duras negociaciones que se alargaron hasta última hora de la tarde anterior. Los votos en contra del PP, Vox y Junts, 177 en total, llevaron al fracaso de la medida, que había sido registrada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria. Los socialistas intentaron salvar este escollo parlamentario para llevar la negociación hasta la fase de enmiendas y, una vez allí, estudiar las demandas de los populares. Sin embargo, los 'populares' no se fiaban de la oferta y veían «insuficiente» la reforma. «El problema migratorio no se acaba cuando lo declare el BOE. Ahórrense las críticas al PP, si aprobásemos esta nimia modificación no cambiaríamos nada», señalaba en aquel momento la diputada Ana Isabel Alós.
Tras el rechazo de la ley de extranjería de la Cámara baja, el PSOE y el PP comenzaron a negociar un nuevo pacto para dar, así, solución a las exigencias de Canarias. Estaban centradas, principalmente, en definir las plazas mínimas que debería tener cada comunidad autónoma para así determinar cuándo cada territorio puede demandar que otros asuman parte de sus menores acogidos.
Fue el 12 de agosto del año pasado cuando los socialista y los 'populares' iniciaron los acercamientos a este respecto. Sin embargo, después de dos reuniones entre ambas formaciones, los de Feijóo decidieron levantarse de las mesas de negociación. «Se suspenden las conversaciones hasta que el Gobierno recapacite y busque el apoyo comunitario para la resolución de un conflicto que no es solo de Canarias y no es solo de España«, aseguraban en aquel momento desde Génova. El motivo, según señalaron, residía en que España había «impedido que Europa ayude a Canarias, por puro interés político».
Y aunque hubo más ocasiones en las que intentaron retomar las conversaciones y negociaciones, no lograron encauzar el asunto. Ante esta situación País Vasco y Canarias decidieron mantener sus propios encuentros para presentar un decreto extraordinario de reparto de menores extranjeros no acompañados. La medida, entregada al ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, perseguía garantizar la atención de los niños, niñas y jóvenes y aliviar la tensión en la red de acogida del archipiélago.
El texto abogaba por sacar de Canarias a 4.000 menores extranjeros no acompañados para que fuesen repartidos en otras comunidades autónomas que sufrieran menor presión migratoria. Una iniciativa que surgía debido a que, según el presidente del archipiélago, la situación en las islas era «insostenible» y, por tanto, no estaban dispuestos a que «el Gobierno español tome la iniciativa». Además, el decreto contemplaba la necesidad de que vaya aparejada a medidas a medio y largo plazo como son «la cooperación con los países de origen».
El 9 de enero de 2025, Torres se comprometió a poner en manos de los servicios jurídicos el decreto para que estudiasen la forma que debía tomar dicha medida. Sin embargo, tras dos meses, el Ejecutivo canario no había recibido avances más allá del acuerdo con el Ministerio que encabeza Sira Rego para determinar el criterio para el reparto de los menores -muy similares a los que se establecieron hace tres años en la Conferencia Sectorial de Infancia.
Pero este martes, 18 de marzo, el Gobierno ha anunciado el acuerdo al que ha llegado con Junts, tras pactar la delegación de competencias migratorias a Cataluña, para llevar al Congreso el decreto. Y aunque no es la solución «estructural» que buscaba Moncloa, sí permitirá aliviar la situación de Canarias, al menos de manera temporal. El decreto establece un reparto basado en los esfuerzos realizados previamente por las autonomías no limítrofes. Y aunque todavía no se ha determinado cuántos niños irán a cada región, los de Puigdemont han adelantado que de los 4.000 menores saldrán del archipiélago, entre 20 o 30 llegarán a Cataluña.
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Jon Garay y Gonzalo de las Heras (gráficos)
Álvaro Soto | Madrid
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