El CGPJ denegará las citaciones de jueces en las comisiones parlamentarias del 'lawfare'

El Pleno del CGPJ justifica su postura amparándose en dos artículos de la Ley Orgánica del Poder Judicial (396 y 399), que exime a los jueces para que declaren en estas comisiones por asuntos que hayan conocido o hayan juzgado con ocasión de su actividad jurisdiccional. Detalla también que la Comisión Permanente, el órgano ejecutivo del Consejo, será la encargada de recibir las notificaciones que haga la Cámara Baja sobre las citaciones y, de forma automática, denegará las mismas.

El mecanismo que empleará el Consejo será la desestimación de la autorización de las comisiones de servicios, el instrumento que se activa cuando un juez pide realizar actos fuera de su actividad jurisdiccional. El rechazo del CGPJ también incluye cualquier solicitud que se haga a los jueces para la remisión de información por escrito de sus resoluciones.

Del mismo modo, para evitar una colisión directa entre dos poderes del Estado -lo que pida el Legislativo y la negativa del Judicial-, los vocales han acordado instar de forma previa a los presidentes del Congreso y el Senado para que se abstengan de aprobar estas citaciones con el objetivo de no dañar más si cabe la lealtad institucional que se presupone entre poderes públicos.

«Cada poder ha de circunscribir su actuación a su ámbito respectivo», asegura la declaración del Pleno presidido por Vicente Guilarte y conformado por 15 vocales, quienes han remitido copia del acuerdo alcanzado a la Red Europea de Consejos de Justicia, una entidad transnacional que vela entre otras cuestiones por la independencia judicial.

El pronunciamiento del Pleno del Consejo, que se ha desarrollado en un ambiente de tranquilidad pese a las últimas fricciones entre los bloques conservador y progresista a cuenta de las citadas comisiones de investigación, llega después de que el Gobierno se haya posicionado sobre este espinoso asunto. Primero para oponerse a la ofensiva contra los jueces de Junts y luego para responder a las descalificaciones vertidas por su portavoz Míriam Nogueras a varios magistrados vinculados a las causas del 'procés': Manuel Marchena, Pablo Llarena y Carmen Lamela.

El punto álgido del enfado de la judicatura (Tribunal Supremo, CGPJ y asociaciones judiciales) con el Gobierno llegó con el plantón que le hizo el presidente interino del alto tribunal al ministro de Justicia Félix Bolaños al anular una reunión programada la semana pasada. En el Supremo consideraron tibia la respuesta del Ejecutivo a sus socios independentistas. Luego, Bolaños trató de apaciguar los ánimos saliendo en defensa de los jueces en varios pronunciamientos y este martes el presidente Pedro Sánchez confirmó que el PSOE no pedirá la citación de magistrados en las comisiones pactadas con Junts a cambio de su apoyo a la investidura.

En concreto, las tres comisiones de investigación creadas en el Congreso se refieren a la llamada 'operación Cataluña', las actividades parapoliciales contra líderes independentistas; los atentados yihadistas de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils y la presunta vinculación del imán al CNI; y las escuchas a cargos electos con el programa Pegasus.

Del mismo modo, el Pleno del CGPJ aprovechó este jueves la ocasión para hacer un nuevo llamamiento a los grupos parlamentarios, PSOE y PP, para que «procedan cuanto antes a la renovación de este Consejo y se ponga fin a la anomalía constitucional», que «ha rebasado con creces el límite de lo tolerable»: cinco años ya, un periodo superior al de cualquier mandato ordinario.

La solicitud llega un día antes de que Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo se reúnan este viernes en el Congreso. Una cita donde se hablará de la renovación del CGPJ y en la que están puestas muchas esperanzas para que ambos líderes políticos dejen atrás sus diferencias y se centren en activar los mecanismos parlamentarios para sacar al órgano de gobierno de los jueces de esta grave situación.

No solo por la degradación de la institución, que también, sino por las consecuencias objetivas que está teniendo el bloqueo en el Tribunal Supremo. Hasta la fecha existe un 30% de plazas vacantes sin cubrirse por la imposibilidad del Consejo de realizar nombramientos estando en funciones. Además, se han incrementado los tiempos de respuesta en las cinco salas por la falta de magistrados, una circunstancia que afecta directamente a los usuarios de la justicia, y se han dictado unas 1.200 sentencias menos solo en 2022.