Un pacto para pactar, en realidad, el desacuerdo, intentar cumplir con el mandato legal que le trasladaron el Ejecutivo de Pedro Sánchez y el PP tras el acuerdo de junio por el que renovaron el Consejo General del Poder Judicial tras un lustro de bloqueo ... y devolver a los grupos políticos con representación en las Cortes la responsabilidad de solventar el debate recurrente en España sobre cómo se elige el máximo órgano de gobierno de la Judicatura. En síntesis, este viene a ser el resumen del resultado del pleno que el nuevo CGPJ ha celebrado este miércoles con una encomienda encima de la mesa: el dictamen que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobada por socialistas y populares había encargado a los vocales y su presidenta, Isabel Perelló, para que en seis meses plantearan una propuesta sobre la designación de los futuros integrantes del Consejo conforme a "los mejores estándares europeos" y con "participación directa" de los miembros de la carrera. Ese plazo vencía mañana.
Publicidad
En este medio año, el CGPJ, repartido simétricamente entre conservadores y progresistas a raíz del pacto que sellaron en Bruselas Félix Bolaños y Esteban González Pons, con inédita mediación de la UE, para sacar el órgano de la parálisis motivada por el disenso político, no ha logrado forjar una coincidencia que permitiera elaborar una propuesta de modelo única y compartida. Ahora, son las Cortes las que seleccionan a los 12 vocales de extracción judicial y a los ocho de reconocido prestigio que conforman el gobierno del tercer poder del Estado junto al Ejecutivo y al Legislativo. En síntesis, nuevamente, los dos bloques han venido a reproducir en sus deliberaciones la discrepancia que anida entre el Gobierno y la principal fuerza de la oposición: teniendo en cuenta que la Constitución blinda la elección parlamentaria de esos ocho juristas de acreditada cualificación, el ala progresista cree que los otros 12 deben seguir pendiendo en último término del parecer de Congreso y Senado; mientras que el sector conservador aspira a que sean nombrados exclusivamente por los jueces.
El pleno convocado para este miércoles con carácter extraordinario por Perelló ha encontrado una solución salomónica para cumplir con el mandato, pero que supone, en la práctica, escenificar una quiebra en un asunto siempre sujeto a controversia y seguir endosando a los grupos políticos la reformulación del modelo ante la falta de sintonía interna en el propio Consejo. Lo que se remitirá al Gobierno y a las dos cámaras legislativas, como obligaba la ley, es, sí, un acuerdo; pero lo que se pacta y por unanimidad por encima de lo requerido -al menos, tres quintos- es enviarles los dos informes, divergentes, para que tomen una decisión en su caso y una vez que los vocales de ambas sensibilidades han elaborado también la comparativa con otros sistemas europeos que se les había requerido. El texto legal refrendado el año pasado por las Cortes con el aval hegemónico de socialistas y populares prevé, en su disposición adicional única, que «la propuesta de reforma» solicitada al CGPJ se llevará al Ejecutivo, al Congreso y al Senado «con el fin de que los titulares de la iniciativa legislativa la sometan a la consideración de las Cortes Generales para su debate y, en su caso, tramitación y aprobación». La propuesta emanada hoy del Consejo lo que certifica, al menos por ahora, es que continúa sin existir un proceso de selección aceptado de forma transversal y ampliamente mayoritario.
En su valoración oficial, el Consejo efectúa otra interpretación. Se congratula de haber cumplido con "el mandato del legislador", de reflejar "la pluralidad" existente en su seno y de responder a lo aconsejado por el excomisario de Justicia de la UE y mediador entre Bolaños y González Pons, Didier Reynders, quien consideró que podría resultar más sencillo buscar un acuerdo de los partidos si se presentaban "varias" alternativas de reforma y no solo una. En el estudio comparativo redactado por los vocales, éstos han puesto el foco en los cuatro estados con figuras similares al CGPJ español -Italia Francia, Portugal y Bélgica- y han incorporado los estándares de la UE, el Consejo de Europa, la Red Europea de Consejos de Justicia o la OSCE, además de jurisprudencia del Tribunal de Justicia comunitario y del Tribunal de Derechos Humanos.
Publicidad
El ministro Bolaños ha agradecido en un mensaje en X "el trabajo" efectuado por los vocales, incidiendo, al tiempo, en la apuesta del Gobierno por el protagonismo de las Cortes en el entramado español. "La elección parlamentaria garantiza la necesaria legitimidad democrática de un poder del Estado", ha remarcado el titular de Justicia. "Es un modelo validado por pactos de Estado y el TC que protege la independencia de la Judicatura, al nivel de los mejores países de la UE".
Infórmate con LA VERDAD: 1 año x 29,95€
¿Ya eres suscriptor? Inicia sesión
Te puede interesar
Publicidad
Utilizamos “cookies” propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarle publicidad, contenidos y servicios personalizados a través del análisis de su navegación.
Si continúa navegando acepta su uso. ¿Permites el uso de tus datos privados de navegación en este sitio web?. Más información y cambio de configuración.