Canarias y País Vasco presionan a Gobierno y PP por el reparto de menores

La situación en el archipiélago roza desde hace tiempo lo insostenible. Solo durante la última semana de 2023 llegaron una treintena de embarcaciones con cerca de 2.000 personas. La última fotografía de un drama sobre el que Clavijo lleva tiempo alertando sin que el PSOE y el PP concreten ninguna solución más allá de buenas palabras y reproches mutuos.

El presidente insular, de Coalición Canaria, intentó aprovechar la Conferencia de Presidentes celebrada en diciembre en Santander para meter presión a Pedro Sánchez y a Alberto Núñez Feijóo. Y ahí encontró un aliado: el lehendakari. En el foco, los menores extranjeros no acompañados. El Gobierno de Canarias, que ha llegado a tutelar a 6.000, ha admitido que está sobrepasado. Sin llegar a esos niveles, las administraciones vascas también han mostrado su preocupación ante un flujo constante y que va creciendo de forma exponencial. Tanto País Vasco como Canarias comparten el mismo diagnóstico: se debe realizar un reparto justo de esos menores entre todas las comunidades.

Un día antes de la Conferencia de Presidentes, Pradales recibió a Clavijo en Ajuria Enea y pergeñaron una propuesta con cinco indicadores para esa distribución equitativa: población, PIB per cápita, tasa de desempleo, media de acogidos por cien mil habitantes en los últimos seis meses y total de menores acogidos en los cinco años previos. Un sistema que el lehendakari definió como «solidario, equilibrado, ordenado y justo».

Sin embargo, en los últimos quince días la situación, lejos de mejorar, se ha enquistado. La llegada de cayucos se ha intensificado, Clavijo ha elevado el tono de sus críticas, PSOE y PP mantienen su propia batalla dialéctica y el documento consensuado con el lehendakari parece no haber tenido eco a pesar de haber sido remitido de forma oficial a la Moncloa.

Y viendo este 'impasse', el presidente canario y Pradales optaron este jueves por elevar la presión con dos gestos: el primero, remitir la propuesta al resto de barones autonómicos, once del PP y cuatro socialistas, más los presidentes de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ambos populares. El segundo, hacerlo público a través de un comunicado conjunto en el que se insta a dar una respuesta «a la dramática situación que están viviendo las comunidades autónomas situadas en la frontera Sur, Canarias y Ceuta, pero también Euskadi».

El texto urge «a aplicar de forma efectiva la solidaridad y corresponsabilidad territorial, tal como está recogido en el ordenamiento jurídico». Canarias y País Vasco defienden que «es un principio y una obligación que vincula tanto al Gobierno de España como a los de las comunidades autónomas» y que tiene como objetivo «asegurar la cobertura de necesidades básicas y derechos fundamentales de los y las menores no acompañados».

Tanto Canarias como País Vasco defienden la activación de un mecanismo extraordinario que permita «la distribución de menores migrantes no acompañados y garantice sus intereses superiores», al tiempo que resolvería «la situación que viven Canarias, Ceuta y Euskadi».