Vox, contra el sistema que garantiza que los partidos no dependan de fondos privados

Sin embargo, en esta ocasión se van a encontrar con la oposición rotunda de PP, PSOE y Podemos, cuyas críticas coinciden a la hora de valorar este intento de «populismo», «cortina de humo» o «ataque al sistema democrático y la pluralidad política». Vox, sin embargo, ya dijo cuando puso esta medida sobre la mesa, que acabar con estas ayudas, a todos los niveles, forma parte de su ideario fundacional.

Es la Ley Orgánica 8/2007 la que regula la financiación de los partidos políticos a nivel nacional. En ella se establece un modelo preeminentemente público. Esto «tiene sentido», según explica el profesor titular de Derecho Constitucional de la UMU, Germán Teruel: «La ley establece unas reglas claras y transparentes para esa financiación a través de fondos públicos. De esta forma, se evita que los partidos puedan ser capturados por intereses privados a través de estas aportaciones de fondos».

La parte pública de esta dotación económica de los partidos, según la ley, se articula a través de las subvenciones que recoge la propia norma para gastos electorales, las subvenciones que se articulan a través del Estado, las que lo hacen a través de las comunidades y sus parlamentos autonómicos y otras ayudas extraordinarias que también se contemplan para referéndums o a través de sus propios grupos parlamentarios en los diferentes territorios.

Por el contrario, sin fondos públicos, dependerían de las cuotas y aportaciones de sus afiliados, de su actividad propia (limitada a la gestión de su patrimonio o actividades promocionales), préstamos o créditos y también herencias y legados. Estas donaciones no pueden ser anónimas, ni finalistas o revocables, y nunca superiores a 50.000 euros, ni procedentes de personas jurídicas y de entes sin personalidad jurídica. Si la propuesta no plantea un modelo alternativo, considera Germán Teruel que, además de no tener valor jurídico al ser solo una moción, es una «expresión muy clara de populismo».

Para entender el contexto en el que Vox plantea esta medida, hay que volver a las críticas que recibió la formación desde la patronal Croem tras defender la eliminación de las ayudas a empresarios y sindicatos. Entonces, el presidente de Croem, Miguel López Abad, lanzó a los dirigentes de Vox la pregunta de si ellos piensan «renunciar a su dieta y a su sueldo por ir» a la Cámara autonómica. La respuesta de la formación de Antelo fue el anuncio de este de aplicar la «motosierra», además de patronal y sindicatos, también a los partidos. «Cada partido político, sindicato o patronal debe vivir de la cuota de sus afiliados y, si no pueden, tendrán que cerrar», llegó a decir Antelo cuando dio a conocer esta moción el pasado 17 de febrero. Sin embargo, en esta ocasión, al contrario que con otras exigencias como la reforma de la Ley de Participación Institucional, no es una de las demandas que ha trasladado al PP para que pueda contar con su apoyo al Presupuesto de 2025. Hasta ahora los populares se han ceñido a cumplir lo pactado con Vox en el acuerdo de Gobierno que alcanzaron en 2023, donde este punto no aparece contemplado.

Frente al planteamiento de Vox, los otros tres grupos parlamentarios en la Asamblea Regional tumbarán esta moción la semana que entra. Desde el PP, su portavoz parlamentario, Joaquín Segado, le pregunta al líder de Vox, José Ángel Antelo, «si su partido va a renunciar a los 10 millones de euros de ayudas públicas que recibió en 2023 para sus gastos de funcionamiento» a nivel nacional. Dice Segado que, según las cuentas de Vox, «más del 80 por ciento de la financiación de su partido tiene su origen en dinero público». De hecho, apunta que la formación que preside Abascal recibió 14,4 millones de euros de ingresos públicos de origen electoral. Por eso, insta a Vox a «dejar de hacer populismo barato», y le recuerda que el dinero público que reciben las formaciones políticas «está auditado y fiscalizado por el Tribunal de Cuentas».

Para el socialista Juan Andrés Torres, la iniciativa es «un ataque directo al sistema democrático y a la pluralidad política», con el que «lo que pretende la ultraderecha es generar una política elitista, en la que las decisiones estén condicionadas por intereses económicos y no por el bien común». El PSOE elevará el martes una enmienda a la totalidad a esta iniciativa.

Desde Podemos califican la moción como «una cortina de humo», según su portavoz María Marín. Para este grupo «piden que se eliminen las subvenciones a los partidos, pero esto no supone absolutamente nada porque los partidos no reciben subvenciones, son los grupos parlamentarios de la Asamblea para sus gastos de funcionamiento».