Los ganaderos murcianos dedicados a la producción de leche cruda de vaca están de celebración. La Audiencia Nacional ha confirmado que entre 2000 y 2013 existió en España un cártel de la leche compuesto por ocho empresas y dos asociaciones de la industria láctea ... que intercambiaron «información comercialmente sensible» para controlar este mercado y perjudicar los márgenes de beneficios que obtenían las explotaciones.
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Cinco años después de que la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia impusiera una multa de 80,6 millones de euros contra estas mercantiles por alterar los precios de la leche en origen, la sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal ha confirmado las sanciones en distintas sentencias, una por cada compañía que recurrió la sanción, aunque las multas se rebajarán en varios casos porque algunos periodos están prescritos.
La Audiencia aclara que «existen pruebas suficientes que acreditan el conocimiento» de un plan común por parte de estas grandes empresas, «así como su participación en la organización y funcionamiento del cártel mediante el intercambio de información comercial sensible» entre los competidores. El objetivo, precisamente, era lograr en la industria un mercado «transparente» donde se eliminaban «los incentivos para competir».
Las mercantiles condenadas son Calidad Pascual, Central Lechera Galicia, grupo Lactalis Iberia, Nestlé, Schreiber Food España, Comercial Alimentaria Peñasanta, Danone, Industrias Lácteas Granada (Puleva) y la Asociación de Empresas Lácteas de Galicia.
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La resolución de los magistrados abre la puerta a la reclamación económica por parte de los productores de leche de la Región, cuyos ingresos económicos quedaron afectados por esta estrategia comercial ilegal de la industria láctea. Al menos siete ganaderos y sus empresas, a través del abogado José Javier Conesa Buendía, del despacho Lidiare de Murcia, tienen intención de presentar demandas ante los tribunales de lo Mercantil, con el fin de reclamar casi dos millones de euros por los daños comerciales causados.
Están a la espera de que la sentencia sea firme, ya que dichas empresas pueden recurrir todavía al Tribunal Supremo. «Las demandas están preparadas. Para demostrar el fraude por abusar de una posición dominante, que afectó al precio de nuestros clientes, habrá que ir caso por caso ante los juzgados de lo Mercantil en Murcia», explica el letrado a LA VERDAD.
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«Hay que tener en cuenta que ha quedado demostrado el intercambio de información» entre estas empresas, aclara Conesa, que representa a la gran mayoría de ganaderos perjudicados por el cártel. Una de las explotaciones, la sociedad SAT Canteras de Molina, llegó a cerrar y abandonar la producción de leche cruda por los bajos precios que percibieron sus titulares durante esos años. «Pasamos de ser una de las empresas ganaderas más importantes del sector a desaparecer», relata uno de los antiguos titulares.
Otra conocida empresa perjudicada es la firma El Barranquillo de Torre Pacheco, que suministra leche de vaca fresca a grandes cadenas de supermercados. Todas ellas vendieron a esa parte de la industria láctea, ahora condenada, cientos de miles de litros de leche a un precio por debajo de su valor real. Estas grandes compañías deberán hacer frente a la sanción de la CNMC, aunque la Audiencia Nacional ha dictado la revisión a la baja de algunas de esas sanciones, pero durante los próximos años podrían afrontar las reclamaciones económicas de decenas de miles de ganaderos en toda España.
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«En aquellos años en la Región, un litro de leche se pagaba a 32 céntimos al ganadero; hoy se paga a 60 céntimos». De esta forma ejemplifica Carlos Esparcia, responsable de Ganadería de UPA Murcia, cómo operaba el cártel de la leche. Ahora hay 20 explotaciones ganaderas en la Región dedicadas a la producción de leche cruda de vaca. «Estaban arruinando a los ganaderos –subraya–, las sentencias son una lección para que vean que no pueden hacer lo que quieran». Esparcia afirma que muchas granjas han cerrado en Murcia desde entonces a consecuencia de la «incapacidad para ser rentables» por las estrategias del cártel y el escaso dinero que recibían por la leche. La ley de la cadena alimentaria «debería frenar estos casos».
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