Una veintena de empresas realizaron hasta el 92% de los vertidos de nitratos al Mar Menor

Estas son algunas de las conclusiones más relevantes que ofrece el informe pericial definitivo de 'Topillo', incorporado recientemente a la causa y que ha sido redactado por el ecotoxicólogo forense Luis Burillo Borrego, del Laboratorio de Biología del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valencia.

El documento, elaborado por encargo del titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Murcia, Ángel Garrote, y del que LA VERDAD se halla en posesión, está llamado a conformar la base sobre la que se sostendrá la hipotética acusación penal que deberán afrontar, una vez concluida la investigación judicial, decenas de productores agrícolas cuyas explotaciones se extienden en torno al Mar Menor.

El magistrado encomendó a ese centro de investigación analizar la actividad de 51 compañías agrícolas encausadas en estas diligencias y, analizando todos los parámetros y datos recabados durante la investigación, dar respuesta finalmente a cuatro cuestiones clave: si la desalación de aguas salobres y el posterior vertido del rechazo pudieron dañar o generar un grave riesgo ambiental, si pudieron perjudicar gravemente al equilibrio de los sistemas naturales y en concreto del Mar Menor, si supusieron un grave riesgo para la salud de las personas y si algunos de esos vertidos eran completamente inocuos o irrelevantes. Por último se instaba a cuantificar el perjuicio económico causado por la contaminación de la albufera.

Burillo concluye su estudio confirmando que ese rechazo de las desaladoras ilegales, que en el caso puntual de alguna mercantil agrícola llegaron a tratar más de 3,2 millones de metros cúbicos de aguas salobres, constituyeron «un grave riesgo para el equilibrio del sistema natural (el Mar Menor)», hasta el que llegaron directamente a través de ramblas o por infiltración en el acuífero subterráneo, al que eran devueltos esos nitratos. Y añade que ese riesgo era «especialmente crítico sobre los hábitats acuáticos receptores».

Especialmente relevante es el hecho de que el ecotoxicólogo forense clasifica las 51 compañías investigadas en función de un índice sobre el riesgo ambiental provocado, que fija en función del caudal de vertidos realizados, las concentraciones de sales de los mismos, la carga de nitratos, el modo de vertido y el aporte porcentual del sector en el que se encuentra ubicada la explotación agrícola.

Así, establece el mínimo en un índice 4 y el máximo en un índice 17 y señala que un primer grupo, conformado por 13 empresas con un índice situado entre 4 y 7, el peligro de perjuicio ambiental no puede considerarse sustancial. Un segundo grupo de 17 compañías, con índices entre 8 y 9, causaron un perjuicio «sustancial» a la laguna, tanto consideradas en conjunto como individualmente.

Finalmente, un tercer conjunto de 21 mercantiles, con valores entre 11 y 17, provocaron «un grave riesgo para el equilibrio de los sistemas naturales en función de la magnitud, influencia, extensión y contaminación asociada» a sus vertidos. Este grupo sería responsable del 56,51% de toda la extracción de caudales salobres acreditada, del 92,15% de todos los vertidos de nitrato generados por estas explotaciones agrícolas y, en suma, del 69,33% de los daños causados por tales vertidos.

También se deja constancia de que la cuantía media de caudales desalinizados de forma supuestamente ilegal asciende a 544.378 metros cúbicos por empresa.

En este documento, Luis Burillo califica los daños generados sobre la albufera como «irreversibles», al sostener que «la evolución natural del Mar Menor no puede revertir por sí misma los daños constatados desde, por ejemplo, finales de los años noventa», y como «catastróficos», entendidos como «una grave perturbación que supone una amenaza considerable y generalizada para el medio ambiente».