Varapalo del Tribunal de Cuentas al sobrecoste de las estaciones del AVE en Murcia y Cartagena

Un demoledor informe del Tribunal de Cuentas sobre las sociedades públicas de integración del AVE en doce ciudades, entre ellas Murcia y Cartagena, advierte de que se ha producido un sobrecoste de 7.637 millones de euros en los convenios firmados por Adif-Alta velocidad en los últimos años. Los principales incrementos presupuestarios se han producido en Barcelona, Alicante y Cartagena, esta última con un incremento de costes del 281%. Eso sobre el papel, ya que aún no existe un proyecto y por lo tanto no han comenzado las obras, a diferencia de lo que ocurre en Murcia. La situación de Lorca es diferente porque no hay constituida una sociedad y Adif, en principio, asumiría todos los gastos de integración del ferrocarril en la ciudad.

En Murcia, el sobrecoste ha sido del 207%, ya que las sucesivas modificaciones del proyecto lo han encarecido hasta los 599 millones. Es decir, 400 millones más de los estipulados en el convenio inicial del año 2006 que aprobó la Sociedad Murcia Alta Velocidad -con el Gobierno del PSOE en Madrid- integrada por Adif, el Ayuntamiento y el Gobierno regional. Dicho convenio, y su protocolo, con un coste de 195 millones, es el documento al que se ha aferrado estos años la Plataforma Pro Soterramiento para exigir su ejecución.

En el año 2010, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero frenó la mayoría de inversiones debido a la crisis económica. Posteriormente, la ministra de Fomento, Ana Pastor (PP), modificó todos los planes de integración ferroviaria, y dijo que los soterramientos debían ser costeados por los ayuntamientos y gobiernos autónomos, y no por Adif. Su sucesor, Íñigo de la Serna, recuperó los proyectos iniciales cuando mejoró la economía española.

El Tribunal de Cuentas ha aprobado el informe de fiscalización del año 2016 de las sociedades públicas en las que participa Adif junto a los ayuntamientos y las comunidades autónomas, aunque no escatima reproches y advertencias sobre las deudas que generan, la baja ejecución (el 1,96% en Cartagena y el 1,47% en Murcia), las dudas sobre los ingresos basados en las plusvalías urbanísticas, y principalmente los sobrecostes, según el comunicado que hizo público ayer esta institución. Tal es así que el Tribunal recomienda una serie de medidas que dejan tocados los planes para la integración urbana del AVE en Cartagena y Lorca. Propone analizar la situación en la que se encuentra cada una de las sociedades para proceder, según los casos, «a su disolución o a la modificación de los convenios a fin de ajustarlos a las disponibilidades financieras».

Asimismo, recomienda al Ministerio de Fomento que en la planificación de futuras integraciones ferroviarias estudie, junto con el soterramiento de las vías, alternativas diferentes en la que se tengan en cuenta factores socioeconómicos; y que elabore planes de financiación de las actuaciones de integración del ferrocarril «atendiendo a criterios realistas y contemplando, en su caso, una financiación a corto y medio plazo no solo vinculada a la generación de plusvalías urbanísticas de realización incierta».

En el largo dictado de objeciones, el Tribunal de Cuentas indica que los convenios, en general, carecen de un adecuado nivel de concreción económica. En la mayoría, con excepción de Valladolid, Logroño y Vitoria, no se cuantificaron las actuaciones urbanísticas ni los costes operativos y financieros. Estas sociedades se basan en un reparto accionarial del 50% a cargo de Adif y el resto entre las administraciones locales y autonómica. En cuanto a la financiación de las obras, la distribución cambia. En el caso de Murcia, Adif sufraga el 66%, la Comunidad el 26% y el resto el Ayuntamiento.

Asimismo, en el año 2016 había un bajo nivel de ejecución (las actuaciones de infraestructura ferroviaria un 27%, y las urbanísticas un 21%). Solamente las relativas al convenio de Zaragoza se encontraban prácticamente terminadas, mientras que los convenios de Almería, Cartagena, Murcia y Vitoria no alcanzaban el 2% de realización. En Cartagena no existía el proyecto, y en Murcia hubo continuas modificaciones debido a las reivindicaciones de los vecinos. En cuanto a las desviaciones sobre el presupuesto inicial, el coste de los convenios se había incrementado en términos absolutos en 7.637 millones.

El informe de fiscalización recuerda asimismo que en el momento de suscribir los convenios (Murcia Alta Velocidad y Cartagena Alta Velocidad), estaba previsto que las actuaciones de integración no generasen déficit. Sin embargo, a 31 de diciembre de 2016, esta situación fue significativamente diferente; como consecuencia del incremento del coste y la existencia de gastos operativos y financieros no contemplados inicialmente, así como de la disminución de la estimación de las plusvalías derivadas del aprovechamiento urbanístico. A esa fecha, la necesidad futura de financiación de todos los convenios ascendía a 2.049 millones de euros.

El esquema común de estos convenio consiste en integrar el AVE en las ciudades soterrando las vías y las estaciones, liberando un espacio en superficie para urbanizar, lo cual generaba unas expectativas de ingresos por las plusvalías de los terrenos recalificados. Ese dinero es el que iban a ingresar dichas sociedades para sufragar parte de las obras. Este esquema asentado en la promoción urbanística se cayó como un castillo de naipes debido a la crisis económica y el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, por lo que tales plusvalías no se produjeron en la cuantía esperada.

Por último, y a efectos de contabilidad nacional, el Tribunal recalca que las actuaciones de estas sociedades afectan al cálculo del déficit público y su endeudamiento forma parte de la deuda pública. Así, el importe del endeudamiento bancario, que ascendía a 1.127 millones de euros en el año 2016, «contribuye a engrosar la deuda pública».