Casi 10.000 compradores de VPO denuncian la supresión de las ayudas del Gobierno

Las casi 10.000 familias de la Región que compraron una Vivienda de Protección Oficial (VPO), con el compromiso del Gobierno central de darles una subvención cada mes para pagar dichos inmuebles, denuncian que se han quedado sin esas ayudas, que oscilaban entre 80 y 120 euros, y que en el caso de las familias numerosas la cifra ascendía a 400 euros mensuales.

El coordinador de IU-Verdes de la Región, José Antonio Pujante, mantuvo ayer una reunión, en la sede de dicho partido, con el representante de la Plataforma de Afectados por la Supresión de las Ayudas VPO, Ángel María de Sancha.

Después de conversar sobre este problema, Pujante aseguró que la postura de su partido «coincide totalmente con las peticiones de la plataforma», entre las que se encuentra el restablecimiento de dichas subvenciones.

«Estas ayudas las prometió el Gobierno central a más de 300.000 familias españolas, respaldando el derecho de una vivienda digna. Ahora, por sorpresa, suprime las subvenciones y deja en la estacada a miles de familias que contaban con ese recurso para hacer frente al pago de la hipoteca», recalcó el diputado, quien apuntó que la decisión ha supuesto un «palo bastante duro», y más en la Región, donde hay cerca de 10.000 familias que se beneficiaban de estas ayudas.

Por su parte, Ángel María de Sancha afirmó que «el alcance de esta supresión es muy alto, porque las ayudas ya se dieron a personas que tenían un nivel de ingresos bastante bajo». Añadió que esta medida supone que a cada propietario le quiten unos 1.200 euros de media al año, «lo que, al final, llevará a que se produzcan muchos desahucios».

La nueva reforma se llevó a cabo, por parte del Ejecutivo de la Nación, mediante dos pasos, tal y como denuncian en la página web de la plataforma (www.viviendaprotegidasi.es). La norma entró en vigor en junio de 2012. En primer lugar se aprobó el Real Decreto 20/2012, y más tarde el Gobierno sacó una segunda disposición adicional de la Ley 4/2013, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de viviendas, con la que se suprimía parte de las ayudas de subsidiación. La consecuencia es la anulación de las subvenciones tanto a miles de familias que ya contaban con esas ayudas como a las que puedan adquirir ahora una VPO.

«Tiene efectos retroactivos»

Sancha criticó que la supresión «tiene efectos retroactivos, por lo que supone claramente un ataque a la Constitución Española». Denunció el hecho de que la directora general de Vivienda, Pilar Fernández, dijera en una reunión que «si los propietarios de VPO no podían hacer frente a la hipoteca, vendieran la vivienda y se fueran de alquiler», cuando dichos inmuebles protegidos no se pueden enajenar en un periodo de tiempo. Lamentó, por último, que el Gobierno no haya adoptado medidas para paliar esta situación.