El juez de 'Umbra' da validez a toda la causa pese a que el secreto se anuló

Toda la instrucción del 'caso Umbra' de supuesta corrupción urbanística es válida. Y si no lo es, tendrá que ser la Audiencia Provincial de Murcia la que así lo determine, porque para el magistrado David Castillejos el asunto parece estar bastante claro.

La amenaza de nulidad sobre una parte importante de esta investigación planea sobre esta causa desde el pasado 30 de julio, en que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia dictó una resolución admitiendo el recurso presentado por el imputado Jesús Samper, presidente del Real Murcia, y declaraba nula la decisión del juez Castillejo, adoptada el 1 de enero de 2011, de declarar el secreto de sumario.

La Audiencia también establecía «la nulidad en cadena de los sucesivos autos con el mismo objeto que traigan causa del primero». Esto es, de todos aquellos otros autos -diecisiete, en total- que suponían una prórroga de esa primera resolución que se declaró nula.

La patata caliente de decidir qué consecuencias iba a traer esa anulación de los autos de prórroga del secreto se la dejaba el tribunal al juez instructor de 'Umbra', al instarle a que determinara por sí mismo qué diligencias podían quedar afectadas. A la vez le advertía que de no tomar esa decisión por sí mismo, esto es, «de oficio», muy probablemente tendría que hacerlo «a instancia de parte», forzado por algún recurso que presentaran las defensas.

Después de dos meses sin que Castillejos se pronunciara al respecto fue José María Caballero Salinas, abogado del alcalde de Murcia, Miguel Ángel Cámara, y del exconcejal de Urbanismo Fernando Berberena el primero en desatar las hostilidades con la presentación de un recurso.

Con esa iniciativa legal, el letrado reclamaba «la nulidad de cuantas diligencias de prueba se han practicado durante el periodo en el que las actuaciones se han encontrado en esa situación de secreto, que ahora se ha declarado nulo». Es decir, demandaba que se dejaran sin efecto todos los actos desde enero de 2011.

Caballero Salinas sostenía que ese secreto de las actuaciones había impedido a las defensas de los imputados participar en algunas diligencias, como el interrogatorio de inculpados y testigos, a los que no han podido realizar pregunta alguna. Una circunstancia que, en su opinión, suponía una vulneración «del derecho a una defensa contradictoria» que habría derivado, por tal motivo, «en una situación de indefensión evidente».

Caballero consideraba, en concreto, que algunas de las pruebas practicadas, como los interrogatorios, pueden volver a ser realizados con todas las garantías, pero que otras diligencias, como las entradas y registros domiciliarios, no son reproducibles, «por lo que carecen de valor alguno».

A esta petición se fueron sumando buena parte de los letrados.

Antes de responderles, el juez solicitó un informe en tal sentido del fiscal anticorrupción, Juan Pablo Lozano, quien rechazó que las diligencias practicadas en ese periodo fueran nulas. En concreto, señaló que las tomas de declaraciones pueden ampliarse, si así lo solicitan las defensas, y puso de relieve que las entradas y registros son siempre secretos, por definición, pues lo contrario serviría para que los sospechosos destruyeran las pruebas antes de ser registrados los domicilios.

El auto de Castillejos va en ese mismo sentido y ratifica la validez de la instrucción, lo que obligará a los abogados defensores a recurrir a la Audiencia Nacional si persisten en su propósito de que parte de la investigación sea anulada.