El PP tumba la comisión informativa sobre Proambiente

El pleno de ayer en el Ayuntamiento de Abanilla fue un calco del celebrado, con carácter extraordinario, el 19 de abril tras las cinco detenciones que se practicaron en el marco de la primera fase de la 'Operación Subterráneo'. Si en aquella ocasión fue el IUMA el que obtuvo una negativa por parte del equipo de gobierno popular para la creación de una Comisión Mixta de Investigación sobre los miles de vertidos incontrolados que la Guardia Civil había destapado en la finca de Los Corrales, esta vez la negativa del PP se la ha llevado la propuesta del PSOE de crear una comisión informativa para hacer un «seguimiento» de la resolución de sellado del vertedero de Proambiente emitida desde Presidencia.

El portavoz socialista, José Antonio Cutillas, subrayó la necesidad de esta comisión para articular «una respuesta única de los tres partidos políticos de Abanilla frente a la actividad irregular y delictiva de Proambiente». Pero los siete votos populares tumbaron la comisión informativa «porque no hay motivos» para su constatación, defendió el PP. Los técnicos de Medio Ambiente registraron 117.900 toneladas de basura enterrada ilegalmente.

El alcalde Fernando Molina sí se comprometió «a reenviar a la oposición las notificaciones que recibamos de la Comunidad Autónoma sobre el vertedero». En cuanto a las negociaciones abiertas entre la mercantil y Presidencia sobre el futuro del vertedero, Molina aclaró que «el Ayuntamiento no está interviniendo, pero yo sí me he reunido con Campos».

El objetivo de esta reunión entre alcalde y el consejero «era buscar una solución legal porque sabemos que Proambiente ha cometido ilegalidades, pero yo he ido a Murcia por mi cuenta porque queremos minimizar el impacto que tendría sobre nosotros el cierre del vertedero». En este sentido, recordó que el sellado de las instalaciones durante los próximos 30 años repercutiría «en unos 200 puestos de trabajo directos e indirectos para Abanilla».

El socialista Cutillas insistió en que los supuestos delitos medioambientales acaecidos en las instalaciones del vertedero de Ángel Fenoll que detalla la resolución de Presidencia «ponen en peligro nuestra salud, porque estos productos tóxicos se podrían haber incorporado a las plantaciones agrícolas del municipio a través de las aguas subterráneas».

Cuentas municipales

La sesión también abordó las cuentas del Ayuntamiento ante el inminente Plan Económico Financiero que se aprobará en diciembre para atajar el déficit de ocho millones de euros. Previo a la aprobación de este plan se sometió a votación la liquidación de la cuenta general de 2010 con un déficit de 1,9 millones de euros. Durante el debate, la edil del IUMA María Dolores Saurín sacudió las alfombras de la tesorería municipal denunciando la existencia de cuatro facturas por comidas y cenas celebradas el 15 de diciembre de 2009 que «ascienden a 5.490 euros». Según criticó la edil, «el bar El Peke facturó en un mismo día dos comidas por la colocación de la misma primera piedra de la carretera de Mahoya, una cena con el Info y técnicos de la Comunidad Autónoma».

Este diario ha accedido a esas facturas según las cuales el Ayuntamiento supuestamente habría abonado al bar El Peke de Mahoya 1.200 euros (factura 488) «por servicios prestados de primera piedra carretera de Mahoya al consejero y personal acompañante», otros 1.260 euros -factura 491- por «invitaciones, cena personal consejería Info, técnicos de la Comunidad Autónoma y personal municipal», otros 2.150 euros -factura 168-, por «invitaciones primera piedra carretera de Mahoya», y finalmente 880 euros -factura 169- por «invitaciones, comidas técnicos y director general del Agua».

«Facturas extrañas»

Saurín preguntó a la corporación si pusieron «una piedra a la entrada y otra a la salida de Mahoya», y calificó las cuatro facturas de la partida de dietas y locomoción como «tomadura de pelo». El PSOE pidió por su parte un pleno extraordinario «para analizar partidas presupuestarias y facturas extrañas».

El primer teniente de alcalde, Pascual Martínez, aseguró que «ese día nos facturaron albaranes de varios meses. Es una práctica habitual en el Ayuntamiento; en ningún caso las comidas ascendieron a ese importe».