Los regantes paralizan la construcción de una balsa que consideran ilegal

Los regantes pararon ayer las obras de la balsa reguladora que, por encargo de la sociedad estatal Aguas de las Cuencas Mediterráneas (Acuamed), se construye en Huerta Arriba para implantar el sistema por goteo que forma parte del controvertido Plan de Modernización de Regadíos. Los agricultores que secundaron la iniciativa, miembros de la Asociación en Defensa de los Intereses de los Regantes, anunciaron que hoy, a primera hora, volverán al mismo lugar para evitar que continúen estos trabajos de un proyecto que «nunca se aprobó en asamblea», justificó Juan Alcaide, secretario de la citada asociación. La protesta se inició poco antes de las cinco de la tarde, sin que tuviera lugar incidente alguno. Dos agentes de Policía Nacional tomaron los datos a varios regantes y al poco tiempo se marcharon. El encargado de la empresa adjudicataria de la obra quiso dejar constancia, primero ante los agentes de la Policía Nacional y luego ante varias patrullas de la Policía Local, del perjuicio que se le estaba ocasionando.

«¡Esto es como Libia, pero aquí hay varios Gadafis!», gritó con indignación uno de los agricultores mientras agentes locales, operarios y manifestantes discutían acerca de los perjuicios que para unos y otros podía representar la actuación de ayer. Al acto de protesta también asistieron dos de las personas que han sido expropiadas de sus terrenos para construir la balsa de riego.

Juntamento ilegal

Parte de la indignación estaba motivada por la publicación en el BORM, el pasado miércoles, de un acuerdo del Sindicato de Riegos en el que se indica literalmente que «por unanimidad de todos los asistentes, en virtud del acuerdo adoptado en Juntamento General Ordinario de 28 de enero, acuerda emitir y girar reparto extraordinario correspondiente al ejercicio 2011, a razón de 28,20 euros/tahúlla». Es decir, los regantes del Heredamiento vuelven a recibir en sus domicilios documentos para pagar derramas «sin ser aprobadas en asamblea y, además, nadie ha recibido comunicación de ese juntamento», indicó Alcaide, denunciado la ilegalidad en las actuaciones de una persona que «se autonombra presidente, sin serlo». Además, se da la circunstancia de que el 28 de enero, día de la supuesta celebración del juntamento, cinco miembros de la junta directiva prestaron declaración en el Juzgado número 5 como imputados por presuntos delitos societarios.

La resolución fue recurrida el mismo día por esta asociación ante la Confederación Hidrográfica del Segura que, el pasado año, ya admitió las alegaciones presentadas a diversos acuerdos publicados en el BORM por la junta directiva, que el órgano de cuenca dejó sin efecto, varios de ellos referentes al cobro de derramas. El próximo lunes, a las nueve y media de la mañana está prevista una reunión de representantes de la asociación con la consejera de Economía y Hacienda, tras el compromiso del alcalde, Eduardo Contreras, de mediar para aclarar si el convenio que la Consejería firmó con el Sindicato de Riegos para que la Agencia Regional de Recaudación cobre 2,5 millones en cuotas de los regantes es legal o no. Además, el próximo día 28 los agricultores iniciarán una acampada indefinida en la puerta de la Confederación Hidrográfica del Segura como medida de protesta ante la inacción de su presidenta, Charo Quesada, que el pasado mes de noviembre se comprometió a mediar para tutelar la celebración de un juntamento, sin que ello se haya materializado pasados cuatro meses.