El TSJ da carpetazo a La Zerrichera y las inmobiliarias estudian reclamar

Después de cuatro años, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha dado carpetazo al caso de la finca de La Zerrichera de Águilas declarando el archivo. El alto tribunal se basa en el decreto del Gobierno regional del pasado mes de diciembre que hace imposible la urbanización de este paraje protegido como LIC y ZEPA, a la vista del plan de gestión de la Sierra de La Almenara que ya tiene plena vigencia. La Comunidad Autónoma y posiblemente el Ayuntamiento de Águilas se preparan para hacer frente a una posible reclamación millonaria por supuestos daños y perjuicios.

La consecuencia lógica era que la Sala de lo Contencioso Administrativo archivara el caso, máxime a raíz de la petición del letrado de la Comunidad Autónoma -como parte demandada- de que así se hiciera porque el decreto dejó sin efecto la orden de la Consejería de Obras Públicas de febrero de 2006 que declaró urbanizable esta finca pese a sus valores medioambientales. La Consejería abrió la puerta para construir una urbanización de lujo de 3.000 viviendas con campos de golf y zona hotelera sobre una superficie de 240 hectárea a diez kilómetros de Águilas, autorizando la reclasificación de los terrenos. Esta orden se basó a su vez en un informe de la Dirección General de Calidad Ambiental que corrigió otro anterior que había considerado incompatible la urbanización.

El archivo da paso a otra fase en esta polémica historia, ya que la promotora Inverlur, que pertenece a la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (La Kutxa) y el Grupo Inversor Hispania, que son a la postre los perdedores, se plantean exigir el pago de indemnizaciones al Gobierno regional y probablemente al Ayuntamiento de Águilas, tal y como se desprende del auto del TSJ al que ha tenido acceso 'La Verdad'.

De acuerdo con el auto, los magistrados Abel Ángel Saez, Joaquín Moreno Grau y María Consuelo Uris Lloret apuntan que el archivo obedece al hecho de que ha sido derogada la orden de la Consejería de Obras Públicas que recurrió la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse). Fueron los ecologistas quienes consiguieron paralizar este proyecto por la vía del contencioso en septiembre de 2007, y son los mismos que ahora han ganado el caso en su totalidad. Existe otro recurso que presentó el PSRM-PSOE contra este desarrollo urbanístico, aunque se cree que decaerá porque no llegó a formalizarse la demanda.

Los magistrados entran a considerar de forma tangencial los perjuicios económicos que hayan podido sufrir los promotores, pero sólo para decir que si la disposición ha podido producir efectos mientras ha estado vigente «es una cuestión ajena a lo aquí planteado y no impide el archivo del presente procedimiento, sin perjuicio del derecho que asiste a las partes de interponer las acciones que estimen pertinentes como consecuencia de la derogación de la orden recurrida».

Las empresas codemandadas, Inverlur Águilas S.L.U. y el Grupo Inversor Hispania S. A., que creó Trinitario Casanova, han dejado constancia en el proceso de que se reservan las acciones para reclamar la pérdida de derechos patrimoniales y los daños y perjuicios que creen que se han causado. La inmobiliaria de la caja de ahorros del País Vasco se ha mostrado conforme con el archivo de la causa debido a la pérdida del objeto (la imposibilidad real y definitiva de urbanizar la zona), si bien apunta que se plantea reclamar. El Grupo Inversor Hispania, por su parte, sí se ha opuesto al archivo argumentando lo contrario y haciendo saber que desde el año 2006 -cuando la Consejería dio luz verde a la urbanización- se han visto afectados sus intereses.

El Ayuntamiento se desmarca

Otro aspecto llamativo del caso es que el Ayuntamiento de Águilas, que es también parte codemandada, se ha opuesto al archivo, invocando causas de nulidad. Argumenta su letrado que si se archiva el procedimiento por haber sido derogada la orden de la Consejería significa que ésta era válida y eficaz desde el principio y surtió efectos hasta la derogación. El Ayuntamiento aguileño, que hizo un trámite paralelo al del Gobierno regional (de hecho, revitalizó el proyecto urbanístico que previamente había archivado) cree que debe mediar una declaración de nulidad. Fuentes consultadas opinan que el Consistorio trata, a la postre, de cubrirse las espaldas ante la posibilidad de que tenga que hacer frente a una reclamación.

La Zerrichera tiene abierto otro frente con la querella que presentó la Fiscalía contra el alcalde de Águilas y varios altos cargos de la Comunidad por presuntos delitos en la tramitación del expediente.