La insolvencia de Ploder deja en el aire importantes proyectos en la Región

La constructora Ploder Uicesa presentó ayer el concurso voluntario de acreedores ante el Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid, tras la imposibilidad de cerrar un acuerdo con las entidades financieras y los proveedores para rebajar su deuda, que ascendía a 315 millones de euros.

Según informaron fuentes jurídicas, la constructora ofrecía pagar a sus acreedores el 60% de los importes que les adeudaba en un plazo de tres años, lo que les obligaba a renunciar al 40% restante.

Los principales acreedores de Ploder -que se fusionó con Uicesa hace casi tres años- eran las entidades financieras, a las que debía cerca de 200 millones de euros, mientras que el resto (115 millones) correspondía a proveedores.

Ploder ha desarrollado una amplia actividad en la Región de Murcia en los últimos años y posee en la actualidad diversas obras en marcha. La constructora forma parte de la sociedad concesionaria de las autopistas Cartagena-Vera y Alicante-Cartagena, y participó también en unión temporal de empresas que construyó la autovía Zeneta-San Javier.

Actividad en la Región

Ploder fue la adjudicataria del complejo cultura La Muralla, en Molina de Segura, por un importe de 5,1 millones de euros, que se encuentra en construcción. La constructora trabaja también en la conclusión del nuevo Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas, y en el aparcamiento subterráneo del nuevo auditorio de Cehegín.

Tras la presentación del concurso de acreedores por parte de Ploder, la incertidumbre se cierne sobre la continuidad de todos estos proyectos. La misma compañía fue la adjudicataria a finales del pasado año de la construcción de la segunda fase del cuartel de la Policía Local de La Alcayna (Molina).

La empresa, que el pasado 23 de octubre informó al Juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid del inicio de negociaciones con sus acreedores, ha completado el plazo que le otorgaba la reforma de la Ley Concursal para intentar pactar un plan de pagos y de viabilidad.

La constructora sí ha logrado llegar a un acuerdo con los sindicatos para rebajar su número de empleados, de forma que presentó a principios de febrero ante el Ministerio de Trabajo un expediente de regulación de empleo (ERE) para rescindir 188 puestos de trabajo, equivalentes al 74% de su plantilla.

La negociación del plan de pagos y de viabilidad paralizó los concursos necesarios de acreedores que presentaron algunos de sus proveedores, que tendrán que resolverse ahora.

La declaración del concurso voluntario de acreedores permite a la compañía conservar las facultades de gestión y administración sobre su patrimonio, lo que no es habitual cuando se acuerda la declaración de concurso necesario.

Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, correspondientes a 2008, la constructora debía a la banca 81,5 millones de euros a largo plazo, procedentes sobre todo del préstamo sindicado obtenido para financiar parcialmente la adquisición de Uicesa hace tres años 2007.

A ello había que sumar otras deudas a corto plazo con las entidades financieras y numerosas deudas con subcontratas y proveedores, así como otro tipo de acreedores.

La constructora facturó 504 millones de euros en 2008, un 27,% menos que en el ejercicio anterior, gracias sobre todo a la obra civil (proyectos de obras y vías ferroviarias) y en menor medida a la construcción residencial tanto protegida como no protegida, que todavía representaba el 36,5% de su cifra de negocio.

La compañía tiene su sede central en Madrid pero cuenta con presencia en Andalucía, Aragón, Rioja, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia y Comunidad Valenciana.