El CES urge a un acuerdo entre partidos de «una o dos décadas» para salir de la crisis en la Región de Murcia

El Consejo Económico y Social de la Región de Murcia (CES) solicitó ayer un gran pacto entre las formaciones políticas regionales para superar la crisis derivada de la pandemia de Covid-19 «definiendo los ejes estratégicos de desarrollo que deberán permanecer inmutables durante una o dos décadas con independencia de quién gobierne». Así lo reclamó el decano de la Facultad de Derecho y catedrático de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, Faustino Cavas, en la presentación de la Memoria sobre la Situación Socioeconómica y Laboral de la Región de Murcia 2020, tras la aprobación del documento por unanimidad en el pleno de la institución.

Entre los retos a medio plazo, Cavas señaló un necesario saneamiento de la Hacienda pública, para lo cual reconoció que es básico «un nuevo y mejor sistema de financiación», pero también esfuerzos por parte de la administración regional, a la que pidió «más eficiencia en el gasto público y más recursos tributarios», una reclamación que choca con la política de rebaja de impuestos del actual Gobierno regional.

Cavas estuvo acompañado por el presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad, los secretarios generales de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras (CC OO), Antonio Jiménez y Santiago Navarro, respectivamente, como representantes de los distintos grupos que elaboran el documento, así como del presidente del CES, José Antonio Cobacho.

El Consejo Económico y Social solicitó el mantenimiento de medidas como los ERTE, la ampliación de la prestación contributiva por desempleo, las ayudas por cese de actividad a las personas que trabajan por cuenta propia o los avales públicos a través del ICO y otras entidades regionales, que considera que han mostrado «una eficacia sobresaliente» y que «deberían quedar ya como herramientas básicas con las que combatir futuros períodos recesivos». Del mismo modo, insiste en la necesidad de reforzar las plantillas sanitarias y educativas, «al menos en las dotaciones necesarias para corregir el déficit estructural que presenta la Región respecto a los promedios nacionales».

El CES reconoce que es probable que la «mera inercia» sea «suficiente para conseguir una notable reactivación de la economía» y atisba una recuperación que haría que las cifras macroeconómicas con las que termine el año 2022 puedan ser ya «al menos semejantes a las del año 2019», pero advierte de que sería erróneo «dejar al albur del mercado la restitución del deterioro sufrido».

Miguel López Abad, que se centró en los aspectos económicos, señaló que la magnitud del desplome del PIB, «quizá inédita en tiempos de paz», fue de un 8,2% conforme a las estimaciones de Hispalink. «Es decir, en un año cae tanto como en el conjunto del periodo 2009-2013», aseguró, y recordó que la contracción económica en la Región es menor que en España, donde llega al 10,8%, según el INE. «Es, además, una de las caídas más atenuadas entre las comunidades autónomas. Solo es inferior en Galicia por una décima», dijo. López Abad destacó las grandes diferencias territoriales, con caídas de más del 25% en Baleares o el 18% en Canarias debido a la asimetría de los efectos de la pandemia.

Tanto Antonio Jiménez como Faustino Cavas destacaron que ese descenso del PIB no ha tenido un reflejo similar ni en el mercado de trabajo ni en el nivel de renta. «El retroceso del PIB nacional, cercano al 11%, se limitó en términos de renta pública disponible para las familias a una caída del 3%», explicó Cavas, quien achacó estos resultados a la puesta en marcha de políticas expansivas «desconocidas en crisis anteriores». El informe estima en 347 millones el impacto presupuestario de las medidas extraordinarias aprobadas por la Región para combatir los efectos de la pandemia, lo que representa el 2,5% de los 13.886 millones que arroja la suma del total de las comunidades autónomas. De ese importe, nueve millones corresponden a la pérdida de ingresos tributarios por aplazamientos, fraccionamientos y suspensión de plazos; y 337 millones al gasto.

Santiago Navarro, por su parte, abordó la incidencia de la pandemia en el teletrabajo, la temporalidad y la educación. Respecto al primer asunto, afirmó que el impulso al trabajo a distancia «no se ha hecho con la fuerza suficiente» y anticipó que su crecimiento se debe a un «comportamiento excepcional» más que a una «tendencia». También solicitó medidas para luchar contra la temporalidad y para reducir la inestabilidad en el sector agrario. En cuanto a recursos en Educación, valoró «el destacable esfuerzo» realizado por las administraciones durante la crisis sanitaria, aunque lo consideró «insuficiente para superar el déficit de capital humano de la Región».

La Memoria de 2020 del CES reclama la realización de una auditoría externa con expertos independientes para llevar a acabo «un análisis crítico constructivo que ayude a evitar en el futuro los eventuales errores cometidos», destacó el catedrático Faustino Cavas.

El informe detalla que ha hallado «luces y sombras» al evaluar los efectos, el diseño y la aplicación de las medidas para paliar los efectos económicos de la crisis sanitaria de la Covid-19. En la cesta de los aciertos situó el diálogo social para consensuar las medidas y la respuesta financiera de todas las administraciones públicas, de la que subrayó el contraste con la política fiscal restrictiva aplicada durante la gran recesión de 2009.

Cavas señaló que esa «es la principal y encomiable novedad» de lo acaecido en 2020 respecto a la crisis anterior.

«La política basada en austeridad, el control del déficit y evitar el aumento de la deuda pública, ofrecida como respuesta entre los años 2009 y 2013, ha dado paso a otra respuesta expansiva con los estrictos criterios de estabilidad presupuestaria suspendidos temporalmente», señaló. «El esfuerzo presupuestario realizado no tiene precedentes», recordó Cavas.

En el apartado de las sombras y los errores cometidos, se situaron «las disputas entre las administraciones central y regional; la falta de actividad en la aportación de recursos materiales y humanos adicionales para proteger al personal sanitario y atender a los enfermos; el retraso en la implantación o abono de algunas de las ayudas, como las directas para compensar pérdidas de ingresos, las de conciliación o las de alquiler de vivienda»; así como la «rigidez administrativa para adaptar las estructuras a la enorme pero dispar carga de gestión sobrevenida a las consejerías».

La Comunidad rebajó el déficit público en 257 millones en 2020 a pesar de los gastos extraordinarios asumidos por la pandemia hasta un total de 328, lo que implica el 1,12% del PIB. El presidente de la Cámara de Comercio de Murcia, Miguel López Abad, explicó que esto se debe «en gran medida, a las aportaciones extraordinarias de la administración central para atender gastos de la pandemia». Por otro lado, «la deuda pública sigue al alza, y «con fuerza». Al acabar el año, sumó 10.182 millones, lo que supone el 34,9%. Una de las ratios regionales más elevadas. En sus consideraciones, el CES insiste en la urgencia del nuevo modelo de financiación, que corrija este problema histórico y asuma «la deuda generada por esa circunstancia».

En educación preocupan al CES aspectos como el abandono escolar temprano, el escaso porcentaje de población con estudios de FP, especialmente en su grado superior, y la insuficiente participación de la población adulta en la educación permanente, por lo que se pide «un acuerdo social y político» para converger con la media nacional. El secretario general de CC OO, Santiago Navarro, pidió el establecimiento de «un calendario para su aplicación», así como un sistema de indicadores para la monitorización y evaluación de su efectividad, con el fin de adaptar, modular e implantar las actuaciones en función de los resultados, y un proceso transparente y abierto a la participación ciudadana en su elaboración.

El empleo asalariado temporal disminuyó en promedio anual un 12,2%; el fijo se elevó en un 4,6%, y aumentó ostensiblemente el número de desempleados, un 10,9%, lo que alzó la tasa de paro 1,5 puntos hasta llegar al 16,2%. El número de contratos laborales, los temporales e indefinidos conjuntamente, disminuyeron más de un 20% en 2020. Unos 9 puntos menos que en el país. «Ese es otro signo de la menor magnitud de la crisis en nuestra autonomía», afirmó Antonio Jiménez, de UGT. La ocupación total media solo disminuyó un 1,1% según los datos de la EPA, o 0,4 puntos porcentuales conforme a los afiliados a la seguridad social. Jiménez recordó que entre 2008 y 2009, el retroceso medio anual de afiliados fue del 5,5%, más de cinco puntos más que en la crisis de la Covid. «La diferencia se encuentra en los ERTE», afirmó el representante sindical.

El informe señala que algunas ayudas «han quedado lejos de lograr el efecto pretendido», como las destinadas a la conciliación de la vida laboral y familiar, a sufragar el alquiler de la vivienda habitual y la nueva prestación del ingreso mínimo vital, para el que el CES pide extender su alcance y reforzar su complementariedad con la renta básica de la Comunidad. Faustino Cavas apuntó a los retrasos, la complejidad y los requisitos exigidos como principales trabas. Respecto a las ayudas directas, el CES subraya la celeridad de la Región en su adopción con 22 millones para hostelería y ocio nocturno ya a final de 2020 y su continuidad con otros 30 ahora para el sector turístico; mientras critica la falta de efectividad del plan de ayudas estatal.

La memoria insiste en la necesidad de impulsar la modernización tecnológica y digitalización en todos los ámbitos sociales y económicos y pide un plan específico para el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Los indicadores analizados por el CES constatan que la Región progresa «pero persisten desequilibrios respecto al promedio nacional». El informe concluye que tanto hogares como empresas han acrecentado la dotación de equipamientos y avanzado en su utilización, pero sin que desaparezcan algunas brechas sociales, especialmente por franja de edad y nivel socioeconómico, así como en educación, donde destaca que la Región ha paliado su déficit por la necesidad de la pandemia, pero debe seguir progresando.

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