Urbanismo ordena el cierre de dos aularios de la UCAM por incumplimiento de licencia

Un decreto, firmado por el concejal de Urbanismo de Murcia el pasado día 8, amenaza el futuro más inmediato de la Universidad Católica (UCAM) al ordenar la suspensión de toda actividad en sus dos grandes pabellones docentes. La resolución se dictó ante la constatación por parte de los técnicos municipales de que la institución no había justificado, mediante la documentación requerida, el cumplimiento de los requisitos que en 2011 justificaron la concesión de las licencias de actividad para sendos inmuebles del campus de Los Jerónimos. Una circunstancia que ha llevado a dejar sin efecto la autorización para impartir clases en esos dos edificios.

Con todo, según confirmaron ayer fuentes oficiales, la orden de cierre ha quedado en suspenso después de que la UCAM se haya precipitado a presentar un recurso, sobre cuyas alegaciones el Consistorio murciano deberá pronunciarse expresamente en las próximas semanas.

El origen del problema al que ahora se enfrenta la Universidad Católica de Murcia se remonta a finales de 2011, cuando el Ayuntamiento otorgó «licencia de actividad destinada a una ampliación de superficie» para los aularios de Arquitectura y el denominado Pabellón 8 del campus de Los Jerónimos, en Guadalupe.

Transcurridos siete años, en septiembre de 2018, los funcionarios del Servicio de Intervención y Disciplina Urbanística constataron que los responsables del campus no habían presentado, de manera completa, la documentación que certificaba que se habían ceñido a los requisitos establecidos en la licencia. De ahí que otorgaran un plazo de audiencia a la UCAM para presentar tales documentos, con la advertencia expresa de que «en caso de no atender al requerimiento se procederá a declarar la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad, así como a la pérdida de vigencia de la licencia».

Pese a la amenaza que pesaba sobre la institución docente, el plazo otorgado expiró sin que se hubiera presentado documento alguno, por lo que el pasado día 8 el teniente de alcalde de Urbanismo, Medio Ambiente, Agua y Huerta, Antonio Navarro Corchón, firmó un decreto llevando a efecto lo anunciado cuatro meses atrás. Y resolvió «declarar la pérdida de la vigencia de la licencia», tanto para el Aulario de Arquitectura como para el Pabellón 8, «ordenando a su titular, Fundación Universitaria San Antonio, el cese en el ejercicio de la misma».

El requerimiento se redactó en términos conminatorios, pues dejaba constancia de que el incumplimiento de la orden «podría ser considerado desobediencia grave a la autoridad y estar incurso en el delito tipificado en el artículo 556 del Código Penal». Más todavía, el edil dejaba constancia de que iba a dar traslado de su resolución a los servicios de Inspección, al objeto de que comprobaran que la actividad había cesado realmente, «y en el caso de que no se hubiera producido voluntariamente por parte del titular, se procederá por esta administración a la ejecución forzosa del acto administrativo, utilizando para ello todos los medios que sean necesarios, incluido el precinto».

Con la presentación de sendos recursos de reposición, uno por cada inmueble, la UCAM ha conseguido por el momento paralizar la ejecución del decreto, que de haberse producido la habría abocado a una delicada situación a la hora de impartir clases a los miles de alumnos que cada día acuden al campus de Guadalupe. De las alegaciones que ha presentado y de la documentación con la que la UCAM pueda justificar que se ha ceñido a los requerimientos de la licencia, dependerá la respuesta de la Concejalía de Urbanismo.

Por el momento, la formación Ahora Murcia, con tres concejales en el Ayuntamiento murciano, confirmó ayer que se han personado en el expediente «con el fin de velar por el cumplimiento estricto de la legalidad».

Las licencias urbanísticas se han convertido de unos años a esta parte en el principal caballo de batalla contra el que tiene que lidiar la universidad privada, pues su presunto incumplimiento, cuando no la ausencia de cualquier autorización, está motivando la apertura de expedientes administrativos e incluso de diligencias penales en un juzgado de Instrucción de la capital. Con ser grave la amenaza de suspensión de actividad que ahora existe sobre los dos grandes aularios, fuentes no oficiales del Consistorio comentaban ayer a 'La Verdad' que «este es el problema menos importante» que afecta a esta institución universitaria.

Con ello se referían a los ocho edificios que habrían sido construidos en el entorno del monasterio de los Jerónimos sin disponer de licencia alguna. Ello motivó la presentación de una denuncia por parte de la Fiscalía por presuntos delitos urbanísticos, que se justificaba por el hecho de tratarse además de una zona de especial protección paisajística.

En este caso, la UCAM presentó una solicitud de regularización excepcional de las construcciones en base a su interés social. Esta vía, sin embargo, parece tener pocas probabilidades de éxito, toda vez que dos informes realizados por los técnicos de Patrimonio Histórico de la Dirección General de Bienes Culturales rechazan que la propuesta sea posible. «Han quedado patentes las perturbaciones (ocasionadas) en la contemplación del monumento y las afecciones producidas por las edificaciones construidas sin autorizaciones ni licencias, que han alterado el carácter arquitectónico y paisajístico de la zona», afirma textualmente uno de los dictámenes.

El otro, no menos contundente, concluye que «no puede informarse favorablemente la solicitud para la legalización de unas construcciones realizadas en el entorno del monasterio sin autorización de la Dirección General de Bienes Culturales, habiendo incumplido numerosos artículos de la Ley 4/2007», tal y como publicó este periódico el pasado día 17.