El pasado 11 de enero de 2022, la vicerrectora de Estudiantes de la Universidad Complutense de Madrid, Rosa María de la Fuente Fernández, certificó «que, ... una vez realizadas las oportunas comprobaciones, a través de los medios disponibles al efecto, no consta en esta Universidad ningún dato» relativo a F. J. L. T. Dos días después, la jefa del Servicio de Estudios, Francisca Lozano, firmó un documento según el cual «el Servicio de Estudios de la Universidad Complutense de Madrid certifica que los estudios de 'Máster en Informática Forense y Telefonía' y 'Técnico en Informática Forense y Telefonía' no se han impartido ni se imparten en la Universidad Complutense de Madrid».
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Estos dos escritos constan en una causa por presunta corrupción policial abierta por el Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena, a propósito de un perito de la acusación particular que realizó un informe que incrimina a ocho agentes nacionales acusados de colaborar con narcotraficantes. Ese mismo perito está siendo investigado en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 6 de Molina de Segura por los delitos de intrusismo, falsedad documental y contra la Administración de Justicia. En estas últimas diligencias constan también documentos similares recabados por la Policía Nacional, que lo detuvo y denunció en diciembre. Lo arrestó tras comprobar que «no tiene ninguna de las titulaciones que ha referido» en informes periciales de parte presentados en distintos juzgados y tribunales de la Región de Murcia desde el año 2018. Para acreditar estas irregularidades, la Policía aportó también certificados de la Universidad de Granada, la Universidad Cardenal Herrera CEU de Alicante y la Universidad de Murcia.
Según las consultas realizadas por la Policía, ni siquiera existen algunos de los estudios incluidos en su currículo por el perito, muy conocido en ámbitos judiciales por su participación en causas de asesinato y otras de gravedad.
Complutense de Madrid, Granada, CEU de Alicante y UMU descartan haberle tenido en sus aulas e impartir ciertos estudios
Documentos a los que ha tenido acceso LA VERDAD reflejan cómo agentes especialistas en delincuencia económica y tecnológica de la Comisaría de Cartagena levantaron el velo en torno a la supuesta trama urdida por F. J. L. T. para operar como técnico en múltiples disciplinas científicas desde el Instituto Criminalístico Forense SL. Es una mercantil situada en Molina de Segura, de la que es administrador único y también «jefe de laboratorio», como se presentó en un juzgado de Cartagena donde declaró para ratificar un trabajo: una causa sobre supuesta corrupción de agentes antidrogas de la Comisaría.
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«Uso fraudulento» de una acreditación para el laboratorio forense
La investigación sobre F. J. L. T. ha destapado otra de sus aparentes artimañas. Según la denuncia de la Policía, «con toda probabilidad» el presunto falso perito incurrió desde su empresa en un «uso fraudulento» del sello de calidad de la Entidad Nacional de Acreditación (Enac). Este organismo negó haberle expedido acreditación alguna. Según fuentes conocedoras de la investigación, los agentes recordaron al juzgado de Molina que en España la legislación fija que los laboratorios que realicen análisis de ADN deben estar acreditados por la Enac, por su «papel relevante en la investigación de delitos». El investigado, que trabajó como mecánico de coches en Lorquí, ha realizado al menos tres informes sobre homicidios: el doble crimen familiar en Las Torres de Cotillas, el de un supuesto mafioso en Águilas y el de una anciana en Abarán. Este último fue desechado por la defensa, tras conocer la investigación sobre intrusismo.
La Policía, que detuvo y denunció también a este empresario por realizar certificados PCR de Covid sin conocimientos sanitarios ni equipos adecuados, aportó al juzgado de Molina el resultado de otras pesquisas.
Sí tiene un curso de genética
En estas diligencias penales, donde está imputado también por los delitos de falsificación de documentos públicos y contra la administración de Justicia, figuran indicios de actividades ilícitas. En la Universidad de Murcia, «no consta que haya realizado ningún máster, ni oficial ni propio». Sí aparece que en esta institución pública hizo un curso sobre fundamentos y aspectos técnicos y legales de genética forense humana aplicada a la investigación criminal.
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La Complutense afirma que en su Facultad de Química «nunca se han impartido» los másteres en Química Forense y en Química Analítica. Y en el CEU de Alicante tienen anotado que el investigado se matriculó en el máster de Medicina Legal y Forense en 2018, pero no lo acabó por no haber completado el pago de la matrícula; y que en 2020 se inscribió de nuevo, pero no abonó el precio fijado.
En el Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid, el perito no figura como miembros actual o anterior. Y «no es miembro de ninguna» de las asociaciones que cita, como la Asociación Nacional de Peritos Judiciales (Pejuba).
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Falsas PCR de Covid con muestras de saliva, a cien euros cada una
Una de las presuntas ilegalidades que la Policía atribuye a F. J. L. T., quien anteayer negó estas y el resto de acusaciones en una conversación telefónica con este diario, es haber emitido «certificados de test PCR de la Covid-19» falsos. Estos fueron «realizados sin tener la titulación indispensable ni los medios de laboratorio necesarios», según los agentes.
Como ejemplo de 'modus operandi', la Policía detalló al juzgado de Molina que en abril de 2021 el investigado visitó en Alcantarilla una empresa de mascarillas quirúrgicas y otros productos sanitarios. Tras asegurar que era criminólogo, convenció a los trabajadores para «realizarles un test PCR de saliva, sin coste alguno», por ser «la prueba más fiable que existía».
El test PCR efectuado por un hospital privado de Murcia a una empleada de la oficina había salido positivo y F. J. L. T. ofreció sus servicios «para más tranquilidad». A tres empleados les tomó «muestras de saliva de los carrillos con una torunda, que posteriormente introducía en sendos tubos sin identificar». Al día siguiente, les informó de que «todos los resultados eran negativos», expidió justificantes y pidió un ingreso bancario de cien euros por cada prueba.
La Policía señaló que solo era válida «la prueba PCR nasofaríngea» y que el sospechoso metió las muestras de saliva en tubos, «sin identificar a qué persona pertenecía». Ello denota «la no intención» de analizarlas.
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