El científico José Matías Peñas ha conseguido que la Comisión Europea (CE) inicie un seguimiento exhaustivo del cumplimiento de las normas sobre protección del medio ambiente y de la salud pública frente a las emisiones radiactivas de origen natural en el entorno del Mar Menor ... y en la ciudad de Cartagena. Además de permanecer atenta a la ejecución de los proyectos de sellado y restauración ambiental de balsas, escombreras y suelos contaminados por residuos mineros e industriales en la Sierra Minera de Cartagena y La Unión, ha puesto el foco en los antiguos terrenos de Española del Zinc (Zinsa).
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«Los servicios de la Comisión permanecerán en contacto con las autoridades españolas en relación con la caracterización radiológica del terreno propiedad de Española del Zinc, la cual sigue su curso», informó la Dirección General de Medio Ambiente de la CE al citado investigador. Y añadió que el objetivo es «asegurarse de que la situación es gestionada de conformidad con los requisitos de la Directiva BSB» o Euratom, de «protección contra los peligros derivados de la exposición a radiaciones ionizantes».
En el escrito remitido a Peñas, Bruselas recuerda que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está a la espera de recibir un informe sobre la caracterización radiológica del terreno, situado junto al barrio de Torreciega y cuyo actual propietario es en realidad la empresa Cartagena Parque. El Juzgado de Instrucción 5 de Cartagena espera este estudio para determinar si es necesario vaciar y cubrir varias balsas de residuos peligrosos de forma preventiva, mientras se redacta el proyecto de descontaminación de la parcela. Esta finca, cercana a viviendas y naves industriales, se halla afectada también por metales pesados y los vecinos llevan años exigiendo su descontaminación.
El informe radiológico, cuyas conclusiones también espera el Ministerio para la Transición Ecológica (encargado de velar por el cumplimiento de la directiva), debe ser remitido al CSN por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma. Este departamento del Gobierno regional, que dirige Francisco Marín, rechazó aclarar a LA VERDAD si ha recibido ya el estudio de Cartagena Parque, empresa controlada por el promotor Tomás Olivo. Se limitó a señalar que la Comunidad sigue las «recomendaciones y consideraciones» del juzgado y no despejó dudas respecto a si su dirección general asume finalmente elaboración del informe, ante los retrasos de la mercantil. Los suelos de este vertedero industrial están declarados como contaminados desde 2009 por la propia Administración regional, pero los residuos siguen a la intemperie.
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La Comisión Europea también examinó la denuncia de Peñas Castejón sobre «la supuesta mayor incidencia de enfermedades relacionadas con los contaminantes radiactivos emitidos por los residuos», entre ellos el plomo, en distintas zonas de Cartagena y La Unión. Según indicó al investigador, «el CSN explicó que actualmente no existen estudios epidemiológicos de la zona que indiquen enfermedades asociadas a la presencia de radionucleidos de origen natural». «No obstante», precisó la Comisión, «hay que tener en cuenta que la realización de estos estudios no viene impuesta por la Directiva, por lo que sigue siendo una decisión nacional». La Asociación de Vecinos de Torreciega ha pedido hasta ahora, sin éxito, a la Consejería de Salud que realice ese estudio.
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