El TSJ critica el «olvido» de la Región y exige refuerzos y doce nuevos juzgados

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pasqual del Riquelme, denunció este jueves «el olvido de nuestra región en las instancias políticas de decisión» y advirtió de que el deterioro judicial, unido a la desafección ciudadana, acarrea un «riesgo de constituirse en un Estado fallido». El líder de la magistratura murciana puso encima de la mesa la memoria de un año judicial en el que los juzgados de la Región arrojaron los peores datos de su historia reciente. Un escenario que el presidente del TSJ achacó a las huelgas que atenazaron la administración durante la primera mitad del año, fruto, a su entender, «de años de abandono y carencias». Con un no disimulado hartazgo, exigió la creación de doce nuevos juzgados en la Comunidad y una dotación de refuerzos urgentes que ayude a compensar el hecho de que Justicia no haya creado este año ningún nuevo órgano en la Región.

Las buenas noticias volvieron a escasear este año en la tradicional comparecencia que el líder de la magistratura realiza ante los medios para hacer balance. Los juzgados de la Región finalizaron 2023 con la friolera de 179.188 asuntos pendientes de respuesta. Solo en el último año esta gran bola de nieve aumentó en casi 38.000 asuntos -un 26,9% más- y alcanza ya unas dimensiones récord nunca antes vistas. Pasqual del Riquelme subrayó los efectos de las huelgas vividas en la Administración «que han lastrado de forma decisiva el funcionamiento de la Justicia, tanto a nivel nacional como, muy específicamente, autonómico». Esta situación, subrayó, es fruto «del indeseado resultado de años de abandono y carencias; de deterioro progresivo de las condiciones laborales; y de un aumento exponencial de la litigiosidad para el que están tardando demasiado en llegar las medidas legislativas y los medios necesarios para hacerle frente».

El presidente del TSJ alertó de la tormenta perfecta que está atravesando la justicia murciana ante el déficit histórico de medios, la elevada litigiosidad, la paralización sufrida por la Covid y el «bloqueo institucional» del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Unos factores, recordó, que «se han sumado hasta hacer imposible asumir la carga de trabajo que soportan nuestros juzgados y tribunales». En este punto hizo hincapié en que los malos resultados de la Justicia «no son solo un problema interno» de esta administración. «Llegados a un determinado punto de deterioro institucional y operativo de la Justicia, que a su vez genera desafección ciudadana, se entra en riesgo de constituirse en un Estado fallido».

Pasqual del Riquelme –que realiza estos días su tradicional 'tournée' visitando al presidente regional, Fernando López Miras, y a la delegada del Gobierno, Mariola Guevara, para entregarles copias de la memoria del organismo– quiso no obstante, ensalzar el esfuerzo de los más de 1.600 servidores públicos que trabajan en la administración y que, contra viento y marea, lograron el pasado año sacar adelante casi 180.000 asuntos. «Cada día, en los juzgados y tribunales de la Región se solventan decenas de litigios y se atiende a cientos de ciudadanos con plena normalidad y con todas las garantías», recalcó.

El presidente del TSJ aprovechó para volver a poner encima de la mesa –este año con más contundencia– las «notables asimetrías» existentes entre comunidades. Pasqual del Riquelme ya trasladó recientemente al Ministerio su «desolación por el agravio comparativo» que supone para la Región que de entre las 70 nuevas unidades judiciales que el Consejo de Ministros ha decidido crear en toda España durante 2024, solo una –un magistrado para la Sección Tercera de la Audiencia Provincial– haya sido asignada a la Región. Esa decisión –unida al hecho de que la Región sea la segunda comunidad con una peor ratio de jueces por habitante– pone de relieve, incide, «el olvido de nuestra región en las instancias políticas de decisión».

El TSJ ya trasladó recientemente a Justicia, durante una reunión en Madrid, que la Región necesita, al menos, doce nuevos unidades. Se trataría de tres juzgados civiles –dos en Murcia y otro en Cartagena–; un juzgado de lo penal en Murcia; cuatro plazas de jueces de adscripción territorial; el tercer juzgado de violencia sobre la mujer en Murcia; un nuevo juzgado mixto en Molina de Segura; el segundo juzgado de vigilancia penitenciaria en la Región; y la creación de una nueva sección penal completa en la Audiencia Provincial de Murcia –que, ante la sobrecarga de agendas, ya está señalando vistas para 2027–.

El presidente del TSJ considera que, más allá de esta petición, el Ministerio debería compensar a la Región por el hecho de que no haya creado ningún juzgado nuevo este año en la Comunidad y exige la aprobación de una serie de refuerzos urgentes. Considera que necesitan un apoyo el Juzgado de Primera Instancia 18 de Murcia, que tiene la competencia exclusiva en materia de discapacidad e internamientos); y el juzgado de Instancia número 16, especializado en cláusulas suelo con ámbito regional. El TSJ exige refuerzos también para los servicios comunes procesales que dan servicio a la jurisdicción civil de la capital; para el juzgado de lo penal 2 de Cartagena; y, en general, para el partido judicial de Molina de Segura que, asegura, es uno de los más sobrecargados de España.

Reclama, además, que se apoye la labor de los equipos técnicos de valoración que prestan servicio a los juzgados de Familia de Murcia y Cartagena. Los informes de estos profesionales son cruciales para el desarrollo de los procesos, por ejemplo, de divorcio y cuentan con un elevado retraso. La magistratura exige que se creen plazas de funcionarios para el personal laboral asignados y que se dote a estos órganos de tres nuevas plazas de psicólogos.

El presidente del TSJ avanzó, asimismo, que el organismo ya cuenta con el apoyo del CGPJ para impulsar en la Región la comarcalización de los juzgados de violencia de género, comenzando con los de Murcia y Lorca a los municipios limítrofes. Insistió en los beneficios que esta medida supondrá para las víctimas de este tipo de delito y en que las recientes reformas legales que impulsan la atención en remoto hará que «la distancia ya no sea un problema». Subrayó que «esto es una conquista y no una recesión».

El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Miguel Pasqual del Riquelme, tildó de «desesperante» el nuevo retraso que acumulan las obras de la Ciudad de la Justicia de Cartagena debido a la dilación de los trámites para la cesión al Ministerio de Justicia de una parcela municipal frente al Hospital Santa Lucía. Incidió en la «necesidad vital» de esta infraestructura, que debe acabar con la dispersión de los edificios judiciales de la ciudad en hasta seis edificios diferentes, y exhortó a las responsables municipales y del Ministerio a que «aceleren los trámites y busquen una sede provisional para la creación urgente de los dos nuevos juzgados civiles que son necesarios».

El líder de la magistratura puso en valor, no obstante, la inversión de más de 100 millones de euros que el Ministerio ha comprometido para la Región y cuyos frutos, aseguró, se irán viendo en los próximos años. Aludió, por un lado, a la rehabilitación del Palacio de Justicia de Murcia que, tras el retraso registrado, explicó, deberá estar lista a finales de 2028. Las obras en el nuevo edificio judicial de Molina arrancarán a mediados de 2026 y se prevé que el edificio esté listo, con capacidad para, al menos, dos juzgados más, a mediados de 2028.

Las obras del Palacio de Justicia de Lorca, por su parte, continúan, tal y como enfatizó el presidente del tribunal. Está previsto que finalicen en la primera mitad del 2026.

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