Las truchas no pagan el IVA

Salvo que uno sea inspector de la Agencia Tributaria, avezado asesor fiscal o defraudador profesional -dedicación esta última escasamente recomendable por sus nocivos efectos secundarios a medio o largo plazo-, el titular de este reportaje le sonará a perogrullo. Las truchas no pagan IVA. Vale. Ni los ornitorrincos. ¿Y? Pues eso, que donde algunos solo ven -vemos- una obviedad, otros adivinan una promesa de dinero fácil y son capaces de utilizar los recovecos de la legislación con la misma misma soltura que una trucha usa los recovecos de un río para tender emboscadas a los insectos y ¡zas!, ¡zas!, atiborrar su estómago con tan nutritivos bocados.

El sumario de la llamada 'Operación Dreams', que ha permitido aflorar uno de los mayores fraudes fiscales conocidos en la Región, está repleto de referencias a este bello salmónido: 'truchas ciegas', 'truchas remotas', truchas a secas... que -ya es hora de desvelar el secreto- así es como se denomina en los ámbitos fiscales a los papeles jugados por las distintas sociedades que integran una trama defraudatoria. Y, más concretamente, las que desempeñan las mercantiles constituidas expresamente para componer una 'trama carrusel del IVA', que posiblemente sea la más nociva para las arcas públicas de cuantas vienen operando en la actualidad.

Aunque el método, como no podía ser de otra forma, resulta terriblemente complejo para el profano, básicamente consiste en el aprovechamiento perverso de las lagunas del actual régimen de tributación por IVA en las operaciones comerciales entre países de la UE. De forma que algunos personajes especialmente avispados han llegado a comprender que, creando 'empresas fantasma' o 'sociedades pantalla' a nombre de testaferros -las llamadas 'truchas' o 'missing trader'- es posible obtener un suculento beneficio realizando o simulando adquisiciones de mercancías entre diferentes países comunitarios, en las que se va repercutiendo y deduciendo el IVA sucesivamente. Con la particularidad de que una de esas 'truchas' o 'empresas pantalla' debe extinguirse en el preciso oportuno y dejar de abonar ese impuesto, dejando el consabido agujero en las arcas públicas.

Doblemente perjudicial

Si por algo resulta un fraude muy perjudicial para los estados no lo es tanto porque se dejen de ingresar las cuotas correspondientes por esas transacciones, sino porque encima se detraen importantes cantidades en forma de devoluciones de IVA. El 'fraude carrusel' causa además distorsiones muy graves en los mercados, pues el hecho de que estas empresas logren ilícitamente sustraerse al pago de impuestos les otorga una monumental ventaja respecto de sus competidores, hasta el extremo de que pueden llevar a la quiebra a quienes cumplen escrupulosamente con sus obligaciones.

En tales manejos de orfebrería fiscal llevaban tiempo inmersos, supuestamente, dos jóvenes empresarios murcianos, Miguel T.M. y David C.S., cuando la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera les cayeron encima el pasado abril. Administradores de una decenas de sociedades mercantiles pertenecientes a sectores tan diversos como la telefonía móvil, la informática, los estancos, la compraventa de automóviles, la gestión inmobiliaria..., habrían dejado de ingresar a la Hacienda Pública al menos 40 millones de euros entre los años 2014 y 2017 merced a un aparente entramado de 'firmas pantalla'. 'Trucha' va, 'trucha' viene, habrían alcanzado una cuantía récord entre las tramas defraudatorias desmanteladas en la Región.

Con el vértice en Minneapolis

Aunque Miguel T.M. y David C.S. desempeñaban supuestamente un papel relevante en una de las ramas de esta intrincada tela de araña, la asentada en el Levante español y en Murcia y Elche, más concretamente, las diligencias impulsadas por el Juzgado de Instrucción número 5 de Elche desvelan que la organización criminal estaría liderada desde Estados Unidos por un ciudadano hispano-hindú, Anand M.C., y por su hijo, Amit Anand C.M., asentados entre Minneapolis y Las Vegas (Estados Unidos). Desde allí gestionaban tres mercantiles, Star Dreams Group INC -firma que ha dado nombre a esta operación-, Universal Elite Investments INC y Millennium International Market INC, que se encontrarían «en la cúspide de un complejo entramado societario con la finalidad de ocultar deliberadamente el origen de las mercancías comunitarias que se introducen en España».

Según los informes periciales efectuados por los expertos de la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, «para dar cobertura a esas adquisiciones intracomunitarias, la organización habría venido utilizando una red de sociedades factureras, es decir, firmas cuya única función consiste en emitir facturas falsas que dan cobertura a adquisiciones reales efectuadas por la organización».

Hasta tal extremo era prolífica la actuación de estas empresas factureras, que los investigadores estiman en 250 millones de euros el montante de las facturas falsas emitidas.

Dentro de este operativo, y al margen de las sociedades radicadas en Estados Unidos, Amit Anand C.M. se encontraba al frente de la firma madrileña I-Dreams SLU, una 'sociedad pantalla' cuya misión consistiría «en recibir bienes que se han introducido en España por sociedades que desempeñan el papel de 'truchas', y proceder a su venta a otras 'empresas pantalla', así como a sociedades que actúan como distribuidoras y comercializadoras de estos bienes al consumidor final». Una actividad, como se señaló antes, en la que actuarían con ostensible ventaja «al beneficiarse de los precios que les ofrece la organización criminal a costa del IVA defraudado». Y es que poder ofrecer productos un 18% y hasta un 21% no es moco de pavo.

La principal baza de esta supuesta organización delictiva es que estaba extendida por un gran número de países de la UE, además de Estados Unidos y Panamá, con lo que la investigación de sus actividades se ha tornado especialmente complicada y ha obligado a requerir la colaboración de las autoridades de esos estados.

Red en continua expansión

Una resolución del pasado abril, por la que la juez ilicitana ordenaba comisiones rogatorias, permite conocer la extensión de la red delictiva, que se dedicaba a constituir empresas a un ritmo imparable por Hungría, Italia, Alemania, Rumanía, Bulgaria, Portugal, Austria, Chipre, Bélgica, Estados Unidos..., además de España, por supuesto, hasta el extremo de que en Barcelona se iba a constituir otro gran núcleo de la trama que sumar a los de Madrid y el Levante.

Los investigadores de la Agencia Tributaria y de la Policía Nacional, que al desmantelar esta organización efectuaron cerca de sesenta detenciones, han conseguido desentrañar en buena parte el papel jugado por varias decenas de estas sociedad. Las comisiones judiciales activadas por el juzgado ilicitano deben haber servido para desactivarlas y, especialmente, para bloquear sus cuentas por media Europa, pues ahora el principal objetivo es tratar de recuperar siquiera una parte de las multimillonarias cuantías defraudadas.

Especialmente relevante se considera el papel jugado por dos compañías radicadas en Hungría, Compu-Disc KFT e Inmovil Trading Company KFT, administradas por Anand M.C., cuyas cuentas han recibido al menos 135 millones de euros de la trama. Con la particularidad de que ahí se ha perdido el rastro del dinero, aunque se sospecha que ha acabado siendo redirigido hacia Hong Kong, Panamá y otros paraísos fiscales.

Las lagunas aún existentes sobre el destino final del dinero, el riesgo de fuga y el riesgo de que puedan destruir pruebas en una fase todavía tan inicial de la investigación es lo que ha llevado a los empresarios murcianos Miguel T.M. y David C.S., junto al resto de los presuntos líderes de la organización, a entrar en prisión provisional. No parece que su excarcelación vaya a ser rápida.