El Tribunal de Cuentas vuelve a plantear dudas sobre el SMS y la desaladora de Escombreras

El resumen de la opinión del Tribunal de Cuentas recogido en las conclusiones del informe resulta así de contundente. «Existen riesgos e incertidumbres en relación con la sostenibilidad económica de las empresas regionales Servicio Murciano de Salud y Desaladora de Escombreras, SAU».

En concreto, sobre la desaladora, cuya disolución ya aconsejó en informes anteriores, señala que «viene registrando desde su creación unas pérdidas significativas que han alcanzado en el ejercicio 2020 la cifra de 20 millones de euros, con un fondo de maniobra negativo a 31 de diciembre de 2020 de 13 millones de euros y un patrimonio neto también negativo a dicha fecha de 4 millones de euros, lo que ha vuelto a colocar a la sociedad en la causa de disolución».

Para el órgano fiscalizador de las cuentas públicas, el origen de la precaria situación financiera de la desaladora está claro: «El diseño inicial de la operación formalizada en 2006 a través de los contratos de arrendamiento y mantenimiento de la planta desalinizadora implican unas obligaciones de pago muy superiores a la cifra de negocio que puede alcanzar la sociedad». La gestión pública de este proyecto ha terminado en los tribunales y con el expresidente Ramón Luis Valcárcel investigado.

De todas las auditorías que preceptivamente han de realizarse sobre las sociedades públicas, la de la desaladora «ha sido denegada debido al efecto muy significativo derivado de la incertidumbre sobre la capacidad de la empresa para continuar con la actividad».

El Tribunal de Cuentas también plantea salvedades sobre otras entidades regionales, como el Instituto de Industrias Culturales y las Artes y la Radio Televisión de la Región de Murcia. Pero, después de la desaladora de Escombreras, el SMS es la más cuestionada.

Del Servicio Murciano de Salud apunta que «requiere de la cobertura financiera necesaria por parte de la Administración autonómica para el desarrollo de su actividad ordinaria», pero en 2020 las aportaciones efectuadas por la Comunidad, que ascendieron a 1.947 millones de euros, fueron insuficientes en 426 millones de euros para cubrir las pérdidas generadas en el año, lo que elevó el déficit total acumulado a 31 de diciembre de 2020 a 2.375 millones de euros.

Para solventar este problema, el Tribunal de Cuentas recomienda «ajustar y adaptar las dotaciones presupuestarias del Servicio Murciano de Salud a las necesidades reales de gasto de cada año, las cuales se muestran manifiestamente insuficientes para la prestación satisfactoria de los servicios sanitarios públicos».

El informe de fiscalización aporta una opinión desfavorable sobre la Fundación Teatro Romano de Cartagena «debido a significativas omisiones de información en las cuentas anuales de la fundación».

También apunta que los nueve consorcios participados mayoritariamente por la Comunidad incumplen la ley al no haber adaptado al Plan General de Contabilidad Pública de la Región, y que las auditorías de tres de ellos (el de la Gestión de Residuos Sólidos, el de las Vías Verdes y el de Extinción de Incendios y Salvamento) se denegaron «por los errores, omisiones e incorrecciones detectados en sus estados contables».

Con respecto a la cuenta general de la Comunidad Autónoma, el Tribunal refiere varias salvedades, como que los acreedores se encuentran «infravalorados en 2.375 millones de euros» precisamente por no registrarse las obligaciones del déficit acumulado del Servicio Murciano de Salud.