R. F.
Sábado, 6 de julio 2019, 02:09
Una gran operación conjunta entre la Policía Nacional de Murcia y Alicante, en el curso de la cual se han realizado inspecciones en naves y explotaciones agrícolas de Murcia, Jumilla, Archena y Orihuela, se ha saldado con la detención de una treintena de supuestos integrantes de organizaciones delictivas dedicadas a la explotación laboral de inmigrantes sin recursos. Los arrestados, entre los que se encuentran un empresario murciano y dos alicantinos, han sido acusados de presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a grupo criminal, usurpación de identidad y estancia irregular.
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Las investigaciones se iniciaron cuando la Policía Nacional tuvo conocimiento de la actuación en la Región de varias organizaciones criminales, asentadas en Valencia y Madrid, dedicadas a la explotación laboral de inmigrantes en el sector agrícola. Se trataba, en concreto, de bandas especializadas en embaucar a personas en situación irregular en España y en un precario estado económico, con el objetivo último de explotarlos laboralmente.
Las pesquisas de los agentes de Murcia y Alicante apuntaron a la existencia de dos grupos criminales, que se dedicaban a la captación y reclutamiento de operarios sin permiso de trabajo para realizar labores agrícolas: contrataban a menores de edad sin autorización para trabajar, traficaban con mano de obra ilegal, ofrecían condiciones laborales engañosas, alojaban a los empleados en naves industriales y locales destinados al garaje de vehículos y, en muchas ocasiones, ni siquiera les pagaban o acababan haciéndolo muy por debajo de la cantidad prometida.
Estos supuestos delincuentes captaban a sus víctimas en uno de los sectores más desfavorecidos de la sociedad: inmigrantes en situación irregular y en estado de extrema pobreza. Contactaban con ellos en ciudades como Madrid, Valencia, Alicante y Murcia, mediante anuncios en páginas de internet, redes sociales, en conocidos portales de anuncios, publicidad en emisoras de radios latinas y carteles callejeros. Tras el primer contacto, eran citados en los emplazamientos donde debían realizar el trabajo y los alojaban en condiciones inhumanas. A partir de ese momento, las víctimas eran sometidas a condiciones de servidumbre o semiesclavitud. En algunos casos forzaban a los trabajadores con condiciones de trabajo insoportables, con el fin de lograr que abandonasen la actividad laboral por su cuenta y riesgo y no tener así que abonarles paga alguna por la labor ya realizada.
Los investigadores, pertenecientes a la Unidad contra las Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad Documental (UCRIF) de la Policía Nacional, explotaron la operación con cuatro inspecciones en naves y fincas agrícolas situadas en Jumilla, Murcia, Archena y Orihuela. La redada permitió arrestar a treinta sospechosos, todos varones: ocho de nacionalidad boliviana, tres españoles, dos rumanos, un italiano, tres colombianos, un indio, ocho hondureños y cuatro marroquíes.
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Entre los detenidos se encuentran los tres empresarios mencionados, dos de Alicante y uno de Murcia, propietarios de negocios de procesado y empaquetado de fruta.
Tras la puesta a disposición de los detenidos, los juzgados competentes de Murcia y Jumilla ordenaron el ingreso en prisión de tres de los detenidos, considerados los cabecillas y principales responsables de este entramado delictivo.
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