No hay paz para el Trasvase

Los 42 años de vida del Trasvase Tajo-Segura están marcados por una polémica inacabada; por los conflictos, la confrontación política y las tensiones territoriales en torno a la mayor infraestructura hidráulica española. Se dice que el Trasvase da más votos que agua, una dinámica que se arrastra desde su nacimiento y que lo ha contaminado políticamente. Cada vez que se han tocado las leyes que afectan directa o indirectamente al Tajo-Segura, ha sido para debilitarlo.

A lo largo de su historia, los regantes del acueducto se ha enfrentado a periodos convulsos, pero ninguno tan decisivo y con tantas incógnitas como el actual, subrayan, ya que en esta ocasión se juegan su futuro porque las reformas que se tramitan proceden del Gobierno central, que apela al cambio climático para justificar sus medidas. Estas van en la línea del plan diseñado en tiempos de Cristina Narbona, consistente en sustituir progresivamente el Trasvase por la desalación.

En respuesta a los desafíos y peligros que jalonan la historia del Tajo-Segura, se han sucedido más de una veintena de sonadas protestas y manifestaciones de todo tipo, que culminarán, por ahora, en la movilización de este lunes en Madrid para exigir que no se recorte el Trasvase como consecuencia de la subida del caudal ecológico del Tajo. Además, se han producido otra decena de hitos relevantes que han influido en la trayectoria del acueducto.

Si el año que viene sale adelante la propuesta para elevar dicho caudal de 6 a 8,5 metros cúbicos por segundo en Aranjuez, los regadíos sufrirán un duro revés que mermará al menos en un 40% los recursos externos que reciben; unos 80 hectómetros anuales que el Gobierno central intenta suplir con la desalación, aunque esta es insuficiente y cara.

El Trasvase apenas ha conocido la paz del agua. Incluso en los años aparentemente tranquilos, el Sindicato Central de Regantes (Scrats) ha mantenido un pulso con el Ministerio de turno, unido a la animadversión que provoca el acueducto en el Gobierno de Castilla-La Mancha, con una actitud más aguerrida en los mandatos de José María Barreda y García-Page.

Los periodos más convulsos tuvieron lugar entre los años 2004 y 2005 a raíz de la derogación del Trasvase del Ebro. Como era de esperar y así se advirtió, aquella medida tuvo un efecto dominó en el Tajo-Segura que todavía perdura. Posteriormente, de 2008 a 2010 se vivió otro conflicto con la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha, que exigía una reserva de 6.000 hectómetros cúbicos y ponía fecha de caducidad al Trasvase en el año 2015; dos exigencias que se suavizaron después, aunque el proyecto decayó tras varios años de 'batalla' política y social en las cuencas cedente y receptora.

En 2018, con el cambio de Gobierno, volvió al primer plano la hoja de ruta de Cristina Narbona. Dos meses antes de la moción de censura que desalojó al PP de La Moncloa, Pedro Sánchez declaró que su objetivo era acabar con los trasvases y apostar por la desalación. Debido al malestar generado en el Levante, Sánchez matizó sus palabras diciendo que el Tajo-Segura seguiría «teniendo su papel mientras haya agua disponible». No convenció.

El desafío actual es el de mayor calado, en tanto que los cambios los promueve el Ministerio a través del Plan de Cuenca del Tajo. En breve saldrá a consulta el borrador, lo cual acentuará el debate político y territorial durante los próximos meses.

Mientras estaban llegando las primeras aguas del Trasvase -que inició su funcionamiento en marzo de 1979 sin apenas publicidad para no caldear el ambiente-, resultó patente el rechazo que suscitaba la obra en la cuenca cedente. El programa La Clave de TVE visualizó en julio de 1980 las diferencias de fondo entre partidarios y detractores, con la particularidad de que ya entonces se puso de manifiesto el problema de las aguas residuales de Madrid que degradaban el Tajo Medio, aún sin resolver, pese a que se programó una inversión millonaria para sistemas de depuración.

El principio de la lucha se centró en reclamar la llegada del agua al Valle del Guadalentín y Almería, con una manifestación en Lorca en octubre de 1977. Hay que situarse en julio de 1994 para anotar la primera gran protesta por falta de agua. Tuvo lugar el 23 de julio en Madrid, donde los regantes reclamaron un riego de socorro del Trasvase, cuyas reservas se encontraban bajo mínimos en la cabecera del Tajo. El Gobierno de Felipe González cedió, si bien compensó a Castilla-La Mancha con la construcción de un trasvase a Ciudad Real, la llamada 'Tubería Manchega', que aún no está en servicio, pero que captará 50 hectómetros anuales de la cabecera, en menoscabo del Trasvase.

En 1995 hubo otra protesta ante la Delegación del Gobierno, en la que varios exaltados agredieron al entonces presidente del Scrats, José Joaquín García Yelo, y al dirigente de la CHS Juan José Parrilla. Llegó después la aprobación del Plan del Tajo que fijó por vez primera una reserva no trasvasable de 240 hectómetros. Apenas hubo contestación en el Levante.

El primer punto de inflexión se produjo en 2004, cuando Rodríguez Zapatero derogó el Trasvase del Ebro, se inclinó por la desalación e inició una política antitrasvasista, lo cual puso en el disparadero al Tajo-Segura. Hubo dos años de protestas y manifestaciones, la mayor de ellas el 14 de julio en Murcia, que congregó a unas 300.000 personas según los organizadores, y que contó con la asistencia de Rajoy. Coincidió con otro ciclo de sequía que acentuó la tensión, hasta el punto de que Narbona tuvo que salir escoltada de una reunión en Murcia, entre insultos y empujones. El Gobierno cambió la ley del PHN para favorecer la desalación y reducir progresivamente los trasvases.

El presidente del Scrats, Francisco del Amor, le pidió a Zapatero garantías sobre el Tajo-Segura durante un acto en Lorca, pero aquel apenas se mojó. Dejó el problema en manos de la vicepresidenta Fernández de la Vega, que se reunió en varias ocasiones con el Comité de Crisis para atender sus reivindicaciones, entre ellas exenciones en la tarifa y pozos. La gestión de la vicepresidenta fue bien valorada por dicho Comité.

Mientras tanto, el Gobierno de Castilla-La Mancha y el PP de esta comunidad pactaron la reforma de su Estatuto, encaminada a liquidar el Trasvase. Se inició otra 'guerra del agua' entre los años 2009 y 2010 que motivó una nueva secuencia de protestas y movilizaciones que culminaron con otra manifestación histórica en Murcia, mayor que la de 2005. El Estatuto no prosperó y se abrió otro periodo de relativa tranquilidad social, aunque la reclamación de agua era una constante.

En la etapa de Rajoy, las medidas definitivas contra la escasez no llegaban, al tiempo que el acueducto estuvo cerrado once meses por falta de recursos trasvasables. El 7 de marzo de 2018 tuvo lugar la mayor manifestación del sector hortofrutícola del Levante en Madrid, ante el despacho de García Tejerina. El Gobierno de Pedro Sánchez llegó meses después con aires antitrasvasistas y más desalación, como expuso la ministra Teresa Ribera, quien empezó a recortar los envíos para el regadío, incluido un 'trasvase cero' que soliviantó a los regantes.

Ahora se libra otra batalla que determinará el futuro del Trasvase a corto y medio plazo, con su punto álgido en la manifestación de mañana en Madrid. Aunque el desenlace está por conocer, el Tajo-Segura quedará de nuevo tocado.

En el otro lado, hubo manifestaciones contra el Trasvase en varios municipios de Castilla-La Mancha, menos numerosas que las del Levante, principalmente en los años 2004, 2006, 2009 y 2015.

En esta larga historia de protestas y movilizaciones se intercalaron otros acontecimientos, como la masiva manifestación en Valencia, en marzo de 2003, a favor del Trasvase del Ebro, a la postre anulado; así como la 'primera piedra' que puso al año siguiente José María Aznar en Campos del Río, siempre con la presencia de los regantes. Otro hito que anotar fue el Memorándum del Trasvase que pactaron las comunidades gobernadas por el PP en octubre de 2013. Dos hechos que influyeron en la situación actual. La historia continúa...