Inma Munuera está cansada. Esta vecina de la pedanía murciana de Aljucer lleva siete años batallando para impedir que la echen de la casa ... en la que construyó una vida junto a su marido y sus hijos, de 15 y 16 años. El día a día que esta familia hilvanó entre las cuatro paredes de esta planta baja forma parte, sin embargo, del paquete de deuda que su banco vendió a un fondo buitre. Una sociedad que, explica, de un tiempo a esta parte se ha marcado como único objetivo recuperar la vivienda u obtener una ganancia por ella.
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«Me mandan cartas, me llaman a todas horas... La presión es constante. A veces me llama a la puerta gente de inmobiliarias para saber cuánto estaría dispuesta a pagar por ella», explica Inma sin esconder su agotamiento. «Me he acostumbrado a vivir así». Actualmente, sobre esta familia pende una amenaza de desahucio que, sin embargo, está aplazada por la pandemia y por sus especiales circunstancias, ya que cuenta con un informe de vulnerabilidad. «Estoy en el limbo. De okupa», remarca rotunda.
La precariedad laboral ha impactado duramente sobre Inma y su familia en los últimos años. Su marido, explica, siempre se ha ganado el pan con trabajos ligados al sector de la construcción, pero «no cobra, ni por asomo, lo que cobraba antes».
Ella ha trotado de un puesto de trabajo a otro en busca de una estabilidad que nunca ha encontrado. «Trabajé como educadora infantil en una guardería y luego me pasé a la hostelería, de cocinera», rememora. «He probado por todos lados».
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Con estas expectativas encima de la mesa, Inma lucha una ley de vivienda «en condiciones». La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) la acompaña desde hace tiempo en sus negociaciones. «Le dije a la juez que no me negaba a pagar, pero que necesitaba un alquiler social que pudiera pagar», explica. «Llevo muchos años sin poder vivir dignamente».
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