Más de 600 trabajadores de residencias de la Región aún no se han inmunizado contra el virus

Algunos de estos trabajadores han alegado motivos médicos para no ser inoculados con el profiláctico contra el coronavirus, pero la mayoría responde a una negativa directa a vacunarse por motivos personales, teniendo en cuenta que este extremo sigue siendo una decisión «personal», reiteran fuentes del sector consultadas por LA VERDAD. Por eso, la presidenta del Círculo Empresarial de Atención a las Personas (Ceaps), Cintia Pascual, reiteró esta semana la necesidad de que la vacunación sea «obligatoria» para todo el personal que trabaja en estos centros y en el sistema sanitario. «No sé a qué estamos esperando. ¿Siempre tenemos que ser los últimos?», se preguntó Pascual en referencia a una medida que ya han adoptado países como Francia o Grecia. En la misma línea que expresan otros profesionales del sector en la Región, Pascual reconoce que hay una elevada tasa de inmunización en las residencias, pero no entiende que haya un porcentaje de cuidadores, aunque sea pequeño, que «no se hayan vacunado cuando saben que trabajan con personas vulnerables, a las que el coronavirus puede matar. Es de una insolidaridad brutal», define Pascual.

Así también lo cree el presidente de la Asociación de Dependencia de la Región (Adermur), José Miguel Marín, quien recuerda que la primera función de los trabajadores es «proteger a los residentes y velar por su salud». Marín apuesta, además, por acortar los plazos para administrar la tercera dosis de la vacuna que refuerce la inmunidad frente a la variante india. Esta y otras medidas serán analizadas hoy, jueves, por la mañana en la reunión que mantendrán los responsables de las residencias con la consejera de Política Social, Isabel Franco, que se reunirá después con el titular de Salud, Juan José Pedreño, para volver a valorar la incidencia de la quinta ola en geriátricos y tomar medidas al respecto.

El Gobierno regional se mostró a favor de la obligatoriedad de la vacunación para estos trabajadores, pero volvió a pasar la pelota al tejado del Gobierno central: «Nuestra postura es solicitar al Ministerio que se establezca un marco legal común en toda España para la obligatoriedad de la vacunación en personal sanitario y sociosanitario. Los servicios jurídicos analizan todas las posibles medidas para abordar la pandemia. En este asunto también, pero reclamamos que se establezca un marco común a nivel nacional».

Este debate llega siete meses después de que LA VERDAD publicara las primeras instrucciones para la vacunación en los centros que Salud y los responsables de las residencias esbozaron en diciembre, y en las que se explicaba que, «si en alguna residencia se viera necesario, de manera excepcional, se podría llegar a obligar a la vacunación porque legalmente es posible hacerlo». No se ha dado el caso en ningún centro, porque ni las residencias ni la Comunidad han encontrado los resortes legales para ello, aunque también hay centros en los que la totalidad de la plantilla está inmunizada, como ocurre en la residencia San Isidro (Yecla), por poner un ejemplo.

Por otra parte, fuentes de Política Social descartaron ayer que uno de los trabajadores infectados de Caser Lorca, donde ya se han detectado 18 positivos entre los ancianos, no hubiera recibido la vacuna contra la Covid-19. «Están todos inmunizados», zanjaron las mismas fuentes. Uno de los usuarios infectados, que acabó ingresado en el hospital con patologías previas, acabó falleciendo en la madrugada del miércoles. Salud y Política Social investigan las causas reales de la muerte, aunque los expertos en la atención sanitaria a las residencias ya advirtieron la semana pasada de que la vacuna no evitará alrededor de un 10% de fallecimientos entre los ancianos contagiados e inmunizados.

La quinta ola deja ya cuatro centros afectados con 68 positivos entre usuarios (56) y trabajadores (12). Cuatro ancianos permanecen hospitalizados. El principal brote se localiza en la residencia El Valle de las Palas, en Fuente Álamo, con 26 ancianos y seis trabajadores infectados. En Cartagena hay ocho positivos en Orpea (siete ancianos y un cuidador) y seis en Los Almendros (cuatro y dos).