
El Instituto Murciano de Acción Social (Imas), dependiente de la Consejería de Política Social, debe compensar aún a sus empleados públicos por un total de ... 25.000 horas extra trabajadas desde junio del año pasado hasta julio de este año, trece meses en total, lo que se traduce en alrededor de 800.000 euros. Así lo calcula la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT, que ha obtenido los datos de las horas extra trabajadas por los empleados gracias al requerimiento efectuado al Consejo de la Transparencia y después de «meses reclamando los datos a la propia Consejería, sin éxito», explican fuentes de la organización.
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Ahora, con los datos facilitados por el Consejo, UGT denuncia que «poco más hay que exponer para demostrar que las plantillas de los centros no se ajustan a las necesidades reales y están sometidas a un sobreesfuerzo que está fuera de cualquier justificación». Según las mismas fuentes, «esta intolerable situación supone un claro agravio a los trabajadores, que vienen de realizar un esfuerzo titánico para mantener los servicios en centros de atención a personas con discapacidad y residencias de mayores antes, durante y después de la pandemia, a base de realizar turnos y jornadas excesivos, obligados a renunciar a derechos básicos como el descanso o la conciliación familiar».
Asimismo, fuentes del sindicato aseguran que estas cifras correspondientes a las horas extra representan solo «el cálculo del Imas, tras aplicar torticeramente la normativa para compensar las jornadas extraordinarias». De esta manera y según las mismas fuentes, la cifra real de horas extra que aún no ha abonado la Consejería de Política Social podría ascender casi al doble de esas 25.000». Y esto es debido, en gran parte, a que «fue a partir de junio de este año cuando la Consejería eliminó los contratos de refuerzo por Covid en las residencias, por lo que los trabajadores tuvieron que redoblar esfuerzos, más aún si cabe». De hecho, fue a partir del mes de junio cuando los sindicatos elevaron el tono de las protestas por la eliminación de los contratos y la situación de las plantillas en los centros.
Ahora, a juicio de UGT, la situación de impago de las horas extra «infringe la normativa básica, ya que no se gratifica a los trabajadores a razón de 1,75 horas por cada hora extra realizada, además de incumplir el plazo de compensación que la legislación laboral establece en un máximo de cuatro meses desde su realización». Según recuerda UGT, transcurrido ese plazo legal, la Administración debe compensar las horas extra económicamente». Por otro lado, la Consejería dirigida por Isabel Franco «desatiende la propia orden relativa a jornadas y horarios de los trabajadores del Imas en cuanto a jornada máxima anual y número máximo de festivos a realizar». En definitiva, continúan las mismas fuentes, «somete a los trabajadores y trabajadoras a un régimen de jornadas y horarios absolutamente arbitrario y abusivo con el que se pretende enmascarar las graves carencias de personal que desde UGT venimos denunciando desde hace años».
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A pesar de todo y según las mismas fuentes, «no se atisba una clara intención» por parte de los responsables de la Consejería «de solucionar este enorme problema generado por la escasez de personal, por lo que exigimos que se dote de una fórmula presupuestaria para abonar correcta y legalmente los servicios extraordinarios realizados por sus trabajadores, y se adapten las plantillas a las necesidades reales de los centros».
El sindicato denuncia que «esta situación supone una vulneración de los derechos de los trabajadores en materia de salario, jornada y prevención de riesgos laborales, por lo que, de no procurarse una inmediata solución, recurriremos en las instancias oportunas».
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