Los trabajadores cubiertos por el Fogasa se reducen en un tercio con la mejora económica

El impulso económico experimentado en la mayoría de los sectores productivos se evidencia de forma clara en dos medidores incuestionables: la disminución de los procesos concursales y las disoluciones empresariales en la Región, lo que conlleva a su vez una importante caída en la cifra de trabajadores cubiertos por el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), dependiente del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social. En concreto, hasta un tercio menos durante el último año.

Las estadísticas de prestaciones atendidas a lo largo de 2018 por este organismo público computan un total de 1.978 beneficiarios, pertenecientes a 693 empresas, frente a los 2.980 trabajadores y 848 sociedades contabilizados en 2017. Se trata de una reducción en más de un millar de personas. Igualmente, caen los importes totales pagados desde 19,8 a 12,5 millones de euros.

Esta bajada se suma, además, a las acontecidas ya en los ejercicios anteriores, puesto que en 2016 y 2015 el número de trabajadores que recibieron prestaciones ascendían a 3.842 y 6.503, respectivamente.

Hay que advertir de que este servicio estatal es el encargado de abonar a los trabajadores parte de los salarios e indemnizaciones pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso de acreedores de las empresas, tras ser decretado por el juez. Pero es el asalariado quien tiene que hacer efectiva la reclamación, una vez reconocida la deuda judicialmente, mediante una solicitud del embargo de los bienes de la empresa. Por ello, cuando no existen bienes conocidos, o no suficientes para abonar la deuda con el trabajador, es cuando se puede acudir al Fogasa.

Al respecto, el ingreso de los salarios pendientes a los 1.978 empleados murcianos atendidos durante 2018 ascendió a un montante superior a los 4,6 millones de euros, frente a los 6,4 millones de 2017; 8,4 millones de 2016; y 15 millones de 2015. Mientras que con respecto a las indemnizaciones la evolución es similar, desde los 7,8 millones del último ejercicio hasta los 13,4; 14,1; y 30,9 millones de euros, de 2017, 2016 y 2015, respectivamente.

Esta tendencia clara de descenso se sustenta en un fortalecimiento generalizado del tejido empresarial pese a las incertidumbres existentes. De hecho, en el acumulado de 2018 se registraron 148 procesos concursales en la Región, frente a los 153 del pasado año, lo que supone cinco menos, que porcentualmente se refleja en un ligero ajuste de -3,27%.

Un índice de caída que, según recoge el Estudio sobre Concursos y Disoluciones realizado por la firma Informa D&B, filial de la compañía aseguradora de créditos Cesce, es el séptimo por autonomías, por detrás de Cantabria (-31,58%), Castilla-León (-19,81%), País Vasco (-16,12%), Extremadura (-14,52%), Andalucía (-8,47%) y Galicia (-7,66%). Por el contrario, con los mayores registros de aumento de concursos aparecen Cataluña (+28,11), Asturias (+27,91%) y Canarias (+13,46%).

Las microempresas son las más afectadas, ya que acaparan el 84,2% de los procesos concursales, frente a las pequeñas que representan el 14,13%; las medianas, el 1,55%; y las grandes, solo el 0,13 %.

Del mismo modo, las estadísticas de disoluciones empresariales experimentan un retroceso en territorio murciano, con 605 mercantiles en 2018 frente a 617 en 2017, se trata de una disminución de -1,94%. Aunque en este apartado por debajo de la tasa media española (-4,11%).

El tejido empresarial regional ha conseguido estabilizarse así después de la sangría de los años más duros de la crisis, aunque sin olvidar que el modelo predominante de micropymes en el que se sustenta es un signo de debilidad ante otros periodos de recesión que puedan llegar.

De ahí la importancia de que exista un fondo amparado por la Administración que garantice los créditos salariales en los casos de insolvencia de los empleadores. Una función de gestión que dentro de su estructura en Murcia realiza una plantilla integrada por una decena de funcionarios del Estado. En total, dicha oficina tramitó el pasado año 1.674 expedientes que, de nuevo, tuvieron una importante tasa de recuperación.

Y es que entre las labores del Fogasa, aparte de pagarle a los trabajadores que no han podido cobrar, está también recuperar todas las cantidades posibles de las empresas que alegan ser insolventes. En cualquier caso, en los concursos de acreedores, el trabajador cobra del Fogasa cuando el administrador nombrado por el juez realiza el certificado de deuda correspondiente, aunque no es necesaria la finalización del concurso para cobrar una parte de lo adeudado.

Por último, aclarar que tampoco se abona la totalidad de las cantidades adeudas a los trabajadores , ya que existen unos límites que tienen que ver con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Es el resultado de multiplicar el doble de ese salario diario, con prorrateo de pagas extras, por el número de días pendientes de pago, con un máximo de 120 días.