La Audiencia cita al exalcalde Martínez Andreo el viernes por si hay acuerdo con el fiscal

Algo más de dos años han transcurrido desde el fallido arranque de juicio que sentó en el banquillo al exalcalde de Totana, José Martínez Andreo, en febrero de 2013, y que hubo de ser suspendido para que el juzgado de Instrucción de esa localidad corrigiera un fallo en las diligencias. Se trataba, en concreto, de notificar unas grabaciones teléfónicas a las que las distintas partes del proceso no habían tenido acceso de forma íntegra. Y como en muchas ocasiones los ritmos de la justicia no son lentos, sino desesperantes, han tenido que pasar 25 meses para que se subsane ese trámite omitido y se señale otra vista oral.

Tendrá lugar el próximo viernes, 27 de marzo, en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial.

El Ministerio Fiscal, como ya adelantó 'La Verdad' en julio de 2010, tiene previsto solicitar penas que suman ocho años y medio de cárcel para Martínez Andreo (PP), a quien acusa de los presuntos delitos de falsedad documental, fraude, infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos. Los supuestos hechos ilícitos habrían sido cometidos por el entonces alcalde del PP en el escaso tiempo que pasó entre que asumió el cargo, en junio de 2007, y el día en que fue detenido, el 29 de noviembre de ese año. Martínez Andreo comenzó a ser investigado por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro del denominado 'caso Tótem', que trataba de esclarecer la petición de comisiones millonarias por parte del anterior alcalde, Juan Morales, a una constructora que pretendía levantar más de 4.000 viviendas en la localidad.

Cuando el juez ordenó intervenir el teléfono de Martínez Andreo, los agentes se sorprendieron por la actitud que mostraba el recién llegado a la Alcaldía, hasta el extremo de asegurar en un informe que «esta persona podría dar muestras de ser propensa, al menos hasta el momento, a llevar los asuntos del Ayuntamiento con cierto desapego a la legalidad».

Adjudicación irregular

Las pruebas recabadas por los investigadores arrojaron indicios de que el primer edil podía haber participado en la adjudicación supuestamente irregular de unas obras de ampliación en el colegio San José, por lo que ahora está acusado de falsedad en documento público; una venta aparentemente gravosa para las arcas municipales de una parcela del polígono industrial El Saladar, por la que se enfrenta a un cargo de fraude, y la presunta petición al jefe de la Policía Local para que sacara del juzgado un atestado de alcoholemia que afectaba a un amigo suyo. Por estos hechos se ve ahora acusado de infidelidad en la custodia de documentos y omisión del deber de perseguir delitos.

Además de Martínez Andreo se sentarán en el banquillo el empresario Pedro José Martínez, representante legal de 'Ucom 2005 S.L.', que fue la que realizó las obras del colegio. El fiscal reclama en su caso cuatro años por presuntos fraude y falsedad. La misma pena solicita para la ex secretaria municipal, Laura Bastida, a la que solo imputa falsedad.

También serán juzgado el gerente de 'Ucom 2005', José Bonmatí, y el empresario Pedro Sánchez, por la firma de un precontrato con Proinvitosa, que tenía interés en instalar un centro logístico del transporte. Igual suerte correrá el oficial de la Policía Local, Alfonso Canales, a quien se atribuye una presunta infidelidad en la custodia de documentos y omisión de perseguir delitos, por los que le piden cuatro años.

Si el viernes hay conformidad entre las partes, el asunto se cerrará con ese acuerdo. Si no es así, el juicio se llevará a mayo de 2016.