La Guardia Civil de la Región, en el marco del 'Plan para la Defensa del Patrimonio Histórico Español', ha desarrollado en la comarca del Campo de Cartagena una investigación para esclarecer la demolición de un molino de viento declarado bien de interés cultural (BIC), que ha concluido con la identificación, localización e investigación de dos personas, a las que se les han instruido diligencias como presuntas autoras de un delito sobre el patrimonio histórico.
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Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de marzo, cuando como denunció LA VERDAD el 15 de ese mes, miembros de la Asociación de Molinos de Viento detectaron la demolición del Molino del Agua o de Ulloa, localizado entre El Jimenado y Hortichuela (Torre Pacheco), un BIC con categoría de etnográfico incluido en el Catálogo del Plan Director de Molinos de Viento de la Región, cuya existencia está documentada desde 1841.
Tras la denuncia pública de la Asociación de Molinos de Viento, cuya finalidad es divulgar y velar por este patrimonio cultural, y su traslado al servicio de Patrimonio Histórico de la Comunidad, la Dirección General de Patrimonio se comprometió a trasladar «el caso a la Fiscalía General para que tome cartas en el asunto contra lo que sería un delito, si fue demolido» y, en todo caso, a adoptar «medidas contundentes».
La Guardia Civil inició entonces una investigación para esclarecer el derribo del molino pachequero. Los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se trasladaron de urgencia al lugar y realizaron una inspección para comprobar que el molino de viento había sido derribado y que no quedaba ningún vestigio del monumento en pie.
Los guardias civiles verificaron, además, que el molino derruido estaba catalogado por la Dirección General de Bienes Culturales, dependiente de la Consejería de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, como BIC desde 2009 e inventariado con el nº 154. El Servicio de Patrimonio Histórico elaboró un exhaustivo informe en el que se hizo constar la situación anterior del monumento y las consecuencias del derribo del mismo, ya que se trata de un bien inmueble «insustituible».
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Como resultado de la investigación, los efectivos del Seprona han identificado, localizado e investigado a los dos propietarios de la parcela donde se ubicaba el molino de viento protegido. A ambos se les han instruido diligencias como presuntos autores de delito contra el patrimonio histórico por demoler el molino, un inmueble singularmente protegido por su interés, y no cumplir con la conservación y custodia a la que están obligados por la Ley de Patrimonio Cultural de la Región de Murcia los propietarios, poseedores y titulares de derechos reales sobre un BIC. Los delitos contra el patrimonio histórico conllevan penas de prisión de 6 meses a 3 años o multa de 12 a 24 meses.
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