El alcalde de Torre Pacheco, Antonio León, y su equipo de gobierno se verán obligados a sentarse en el banquillo la próxima semana para afrontar una acusación por presunta prevaricación. La Sección Quinta de la Audiencia, con sede en Cartagena, tiene previsto iniciar el lunes la vista contra el primer edil pachequero y los diez titulares de las distintas concejalías que concentran la gestión municipal por haber decidido la continuación del Pleno de aprobación de los Presupuestos municipales, en mayo de 2016, pese a ser conscientes en apariencia de que la oposición no había recibido a tiempo la documentación preceptiva para su análisis.
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La acusación particular, que ejercen ocho ediles del Partido Popular a través del abogado José Antonio Izquierdo, les atribuye un presunto delito de prevaricación en concurso con otro delito contra los derechos civiles. Reclama que cada uno de estos cargos públicos sea inhabilitado por un periodo de doce años y medio. En ese tiempo, ninguno de ellos podría dedicarse a la política en el supuesto de resultar condenados.
A su vez, el Ministerio Público reclama la absolución para todos ellos, al no apreciar delito en la conducta de los encausados. La Audiencia tiene previsto celebrar una vista el lunes en la que declararán los procesados y otra el miércoles en la que lo harán los testigos.
Un Pleno polémico
Los hechos por los que todos los ediles pachequeros en labores de gobierno han acabado recalando en el banquillo de los acusados se remontan al Pleno municipal del 26 de mayo de 2016, convocado entre otras cuestiones para estudiar las enmiendas presentadas a los Presupuestos locales y para la aprobación inicial de los mismos.
La acusación sostiene que el alcalde instó a seguir con la aprobación de los Presupuestos, pese a que la oposición no tuvo a tiempo los documentos
La polémica surgió cuando se hizo constar, por parte de los concejales del Partido Popular que conformaban la oposición, que la sesión se había convocado sin que se les hubiera facilitado toda la documentación exigida por ley, pues esta no fue presentada en la secretaría municipal hasta ese mismo día: la liquidación del Presupuesto anterior, los informes económicos financieros sobre la previsión de ingresos, las operaciones de crédito previstas y la suficiencia de los préstamos. Tampoco, en apariencia, los informes de la Intervención municipal sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria ni, por último, el propio proyecto de Presupuesto General del Ayuntamiento para 2016, lo cual era especialmente relevante.
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En tales circunstancias, los concejales populares se encontraban presuntamente privados del material necesario para poder fundamentar su posición con ciertas garantías, como denunciaron en el acto del Pleno. Fue entonces cuando el secretario municipal, Isidoro Jesús Martínez, tras la oportuna indicación de la interventora, Carmen Lidia Saura, advirtió al alcalde León de que, no habiendo sido presentada la documentación en los plazos previstos legalmente, el acuerdo del Pleno podría ser nulo conforme a la propia jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM).
La posición que habría adoptado el primer edil consistió en proponer que hubiera una votación previa para establecer si la aprobación inicial del Presupuesto debía quedar sobre la mesa, pendiente para el siguiente Pleno, o al contrario se debía proceder a tramitarlo en esa misma sesión. Él mismo y sus diez concejales del gobierno municipal, constituido por miembros del Partido Independiente de Torre Pacheco (PITP) y los ediles socialistas, se pronunciaron a favor de seguir adelante, lo que permitió que el Presupuesto General del Ayuntamiento para 2016 resultara aprobado de manera inicial con los mismos votos.
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Días más tarde, los populares presentaron un recurso contencioso-administrativo, que fue estimado tanto en primera instancia como por la sala competente del TSJRM y que provocó la anulación de la mencionada aprobación del Presupuesto. Con tal resolución ya en las manos, confirmando la irregular tramitación en Pleno de las cuentas anuales, el PP requirió ya en 2017 los servicios del letrado José Antonio Izquierdo para presentar una querella, dirigida a depurar las posibles responsabilidades penales.
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