Más de un tercio de la población rural no tiene acceso local a dentistas ni a ópticos

«En zonas rurales remotas del Altiplano, los habitantes tienen un dentista a unos 15 minutos, lo que no consideramos un tiempo excesivo», explica el presidente del Colegio Oficial de Odontología y Estomatología de la Región, Pedro Caballero. Cree que no faltan realmente clínicas dentales privadas, pero sí dentistas de la Seguridad Social, ya que el Servicio Murciano de Salud cuenta solamente con aproximadamente 50 profesionales.

«La cartera de servicios de la pública soluciona poco, puesto que cubre revisiones y extracciones dentales y es verdad que resulta más complicado acceder a eso desde las zonas rurales, porque hay que desplazarse a un centro de salud que tenga precisamente un dentista, lo que no resulta fácil», abunda Caballero, que recalca que, «al tratarse de una parcela sanitaria eminentemente privada, los sectores más desfavorecidos económicamente tienen peor acceso a ese servicio, cuando debería ser un derecho».

Otra de las prestaciones privadas menos extendidas es la de ópticas. De hecho, un 31,8% de la población rural, casi un tercio, tiene unas condiciones de acceso difíciles, aunque a nivel nacional la población que no puede acudir a ópticos locales es más del doble, alcanzando el 74,4%. «Suele haber cierta facilidad para acudir a una óptica», considera Ester Mainar, presidenta del Colegio Oficial de Ópticos y Optometristas de la Región, quien arguye que hay 500 ópticas en la Comunidad y que no hay paro en su especialidad. Sin embargo, hay poblaciones que carecen de este servicio, según el informe del organismo nacional.

Aun así, Mainar confía en que realmente se cubran esas zonas, ya que «la gente acude a la óptica por la confianza que genera el profesional y la rapidez con la que actúa a la hora de detectar alguna afección en la vista».

En tercer lugar entre los menos extendidos se halla el acceso a las gasolineras. Concretamente, un 28% de los residentes en localidades rurales de la Región deben hacer un mayor esfuerzo hasta llegar a una. En cuarta posición están las oficinas bancarias con un 12,2% de personas de entornos rurales sin acceso a ellas y, en quinto lugar pero mucho más importante, la Atención Primaria, con un 7,8% de habitantes rurales sin acceso próximo a ellas. En este último, se está experimentando el fenómeno «desertificación médica» por zonas, señala el informe, lo que implica una mayor incapacidad por parte de la población para acceder a los servicios de salud. Por otra parte, resulta significativo que en ninguna población en el entorno rural falte un bar o centro de ocio y farmacias.

En cuanto a la «despoblación financiera», continúa el proceso de desbandada. De acuerdo con el estudio, un 12,2% de los residentes en poblaciones rurales viven retirados de una sucursal bancaria, cantidad que asciende al 23,3% de la media nacional. El Banco de España señala que, durante la primera mitad de 2023, se ha cerrado una sucursal cada dos días; es decir, hay 120 establecimientos menos solo en el primer semestre del año, indica Manuel Funes, representante de la Asociación para la Defensa de Consumidores y Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae).

Desde junio de 2018 hasta marzo de este año, la pérdida es del 40% de las sucursales y, desde 2008, la cifra global se acerca al 60%. Entre junio de 2022 y junio de 2023, la Región vio recortada su red de oficinas en un 1,5%. Sin embargo, si la comparación se hace desde junio de 2020, la Comunidad Autónoma sería la quinta con el mayor «hachazo» registrado, con una reducción del 28,2%, solo por detrás de Baleares (33,12%), Madrid (32,9%), Cantabria (30,4%) y Cataluña (30,2%).

En 2022 había 187 entidades bancarias en la Región, cinco menos que el año anterior. Hace una década eran 378 las oficinas abiertas. «En diez años se han cerrado la mitad de sucursales bancarias (no entidades de crédito) en toda la Región», lamenta Funes. Desde su organización reivindican una moratoria. «Ya que la intención de las entidades financieras es seguir cerrando oficinas, que al menos sean las entidades las que de verdad ofrezcan una formación (en cuanto a uso de los servicios bancarios digitales) porque a sus clientes no les pueden dejar colgados ante este problema generado por las continuas reestructuraciones del sector financiero», apuntan desde Adicae.

Los propios bancos «deberían encargarse» de ese rol formativo «con sus propios recursos», aunque «las asociaciones de consumidores son las que realmente suplen esa carencia, y no es lógico, puesto que son ellos los que siguen sacando beneficio de esos clientes a los que excluyen», prosigue Funes. Y asegura que «la solución al cierre de sucursales es muy diferente según territorios, puesto que no se puede dar «una solución válida y generalizada para toda España». «Lo que parece evidente es que facilitar efectivo a sus clientes, sobre todo en zonas rurales, debería ser considerado un servicio básico y esencial», remacha.