El Supremo rechaza que los dos asesinos del matrimonio Visser deban cumplir 'solo' 25 años

Con esta resolución, a la que LA VERDAD ha tenido acceso, cualquier cálculo de penas que se establezca sobre Cuenca e Ion a la hora de conseguir algún tipo de beneficio penitenciario, para acceder a los permisos de salida o para obtener el tercer grado, deberá realizarse sobre esa base de los 34 años de prisión, lo cual supone un duro contratiempo para ambos.

El debate sobre el tiempo máximo de cumplimiento surgió entre las defensas de los implicados en el doble crimen y el Ministerio Público cuando la Audiencia Provincial de Murcia, al ejecutar la sentencia, dictaminó que el artículo 76.1 del Código Penal permitía fijar en 25 años el tiempo máximo de reclusión. Este cálculo lo hacía teniendo en cuenta que las penas por los dos asesinatos se habían reducido ya de manera muy sustancial al apreciarse la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas, como muy cualificada, de manera que en vez de imponerles condenas de hasta 25 años por cada asesinato se habían quedado reducidas a 'solo' 17 años por muerte.

El mencionado artículo establece que el Código Penal permite fijar en un máximo de 25 años el cumplimiento de las penas por dos o más delitos castigados por ley con hasta 20 años, lo cual en apariencia permitía hacer una rebaja. Pero la fiscal del caso, Verónica Celdrán, alegaba que se había producido una infracción de ley en la aplicación de la norma, ya que el asesinato está castigado en realidad con entre 20 y 25 años, por más que la circunstancia de las dilaciones indebidas hubiera motivado una sustancial rebaja. De esta forma, razonaba, el límite máximo de cumplimiento para Cuenca y para Ion debía establecerse en 40 años o, por serles más favorable el cálculo, en los 34 años a los que en suma fueron condenados.

La cuestión, por muy técnica que fuera, no era nimia en absoluto, pues ambos condenados se estaban jugando nueve años más o menos de cumplimiento de penas, con todo lo que ellos implica.

Ahora, en una sentencia de la que ha sido ponente el magistrado Andrés Palomo del Arco, el Supremo otorga la razón íntegramente al Ministerio Fiscal y establece que las dilaciones indebidas son solo circunstancias ajenas a la estructura del tipo delictivo, es decir, al núcleo del delito en sí, y que en ningún caso deben tenerse en cuenta a la hora de fijar el límite máximo de cumplimiento. De ahí que anule el cálculo que realizó en su día la Audiencia Provincial de Murcia y que, más tarde, fue avalado incluso por la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM).

La exjugadora de voleibol Ingrid Visser y su esposo Lodewijk Severein fueron asesinados en mayo de 2013, mientras se encontraban de visita en Murcia para que ella se sometiera a unas pruebas de control de un tratamiento de fecundación in vitro. Ambos fueron citados en una casa rural de Molina de Segura por parte de Juan Cuenca, quien debía dinero a Lodewijk y le había manifestado que iba a abonárselo.

Lo que ocurrió en realidad es que la pareja fue asesinada a golpes por Cuenca y el rumano Valentín Ion, y sus cuerpos fueron descuartizados y trasladados a un huerto de limoneros de la pedanía murciana de Alquerías, donde fueron enterrados. Otro ciudadano rumano que se encontraba en el lugar del crimen, y que estuvo acusado como supuesto autor de dos asesinatos, acabó siendo exculpado de los crímenes, pero se le condenó a cinco meses de prisión por encubrimiento. Y el dueño de la finca de Alquerías, Serafín de Alba, amigo íntimo de Cuenca, salió absuelto al considerar el jurado que no se enteró de las truculentas maniobras que el grupo estaba realizando en su propiedad.