El Supremo apercibe al Ministerio por no dar toda la información del Plan del Tajo

El Ministerio para la Transición Ecológica ha hecho hasta ahora oídos sordos a la orden del Tribunal Supremo del pasado mes de junio para remitir todo el expediente administrativo del Plan de Cuenca del Tajo y, en especial, del incremento de los caudales ecológicos que recortarán los trasvases al Segura. La Secretaría de la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha requerido al departamento de la vicepresidenta Teresa Ribera para que envíe la documentación completa a la «mayor brevedad posible. Sin ese expediente, el Gobierno regional no puede formalizar el recurso que presentó en abril contra la planificación del Tajo. De la misma forma, el Supremo no puede entrar a pronunciarse sobre dicho recurso, ni tampoco sobre los otros cuatro que se formularon en el mismo sentido.

Si el Ministerio no obedece la orden, que no ha cumplido después de cinco meses, será sancionado reiteradamente por el tribunal hasta que acate el requerimiento. En una diligencia de ordenación del martes, a la cual ha tenido acceso LA VERDAD, la Sala del Supremo ha dado la razón al letrado de la Comunidad Autónoma, que exigió mediante una reclamación que se ordenara a la Administración del Estado el envío urgente del expediente administrativo, completo y foliado, del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado febrero que aprobó los planes hidrológicos.

En concreto, el recurso del Gobierno de López Miras centra su interés en conocer los informes técnicos en los que se basó el Ministerio para fijar el incremento de los caudales ecológicos en la zona del Alto Tajo. La subida progresiva de estos caudales está en vigor desde febrero, cuando se autorizó aumentar el flujo mínimo de 6 a 7 metros cúbicos por segundo. A partir del año 2026, serán 8 y, en el ejercicio siguiente, 8,6, provocando todo ello una merma anual de unos 80 hectómetros cúbicos en los trasvases para los regadíos del Levante.

Los servicios jurídicos de la Comunidad recuerdan en su escrito que no han podido formalizar la demanda desde el pasado mes de junio. Desde entonces, el Ministerio hizo caso omiso a la orden para presentar la documentación, pese a que el Supremo le ordenó que lo hiciera en un plazo de 10 días. Al mismo tiempo, suspendió el plazo para formalizar la demanda. El letrado subraya que «han transcurrido más de cinco meses desde el oportuno requerimiento» y que el Ministerio «aún no ha remitido el expediente», lo cual ha sobrepasado el plazo ampliamente.

La Secretaría del Supremo ha resuelto que, visto el tiempo transcurrido «sin que el Ministerio para la Transición Ecológica haya remitido el complemento del expediente administrativo solicitado», le requiere para que lo haga a la mayor brevedad posible, «con los apercibimientos legales». Contra dicha resolución se puede interponer recurso de reposición.

El Gobierno regional considera que el Ministerio «no ha hecho ni caso» al Tribunal Supremo, impidiendo de esta forma que se enjuicie el recurso contra la subida de caudales ecológicos y el recorte del Trasvase. El Ejecutivo de López Miras recalca que no pueden acceder a la información necesaria para formalizar la demanda por culpa del departamento de Teresa Ribera, que aún no ha cumplido la orden del Supremo, instancia que ahora da la razón a la Comunidad para que se pueda seguir con el procedimiento.

El alto tribunal ha notificado su resolución a la parte recurrida: la Asociación de Municipios Ribereños de los Embalses de Entrepeñas y Buendía, la Plataforma de Toledo en Defensa del Tajo, la Administración del Estado y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

Además del Gobierno regional, el real decreto de los planes hidrológicos y en particular el del Tajo, fue recurrido por los Ejecutivos de la Comunidad Valenciana, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Alicante y el Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats).

El Tribunal Supremo aún no ha entrado a valorar el fondo de los múltiples recursos contra la subida de caudales ecológicos en el Tajo, ya que las demandas aún no se han podido formalizar. Sí se pronunció en julio sobre las medidas cautelares que pedían suspender la aplicación de los nuevos caudales hasta que se resolvieran los recursos. Los magistrados consideraron entonces que no podía acreditarse que se causaran perjuicios al tejido socioeconómico del Levante.

El recurso que presentó la Comunidad se basa en un análisis exhaustivo de la metodología empleada para la determinación del nuevo régimen de caudales, para averiguar si responden a criterios técnicos y objetivos, y si se han tomado en consideración los impactos previsibles sobre las cuencas afectadas. Argumentó que el Ministerio actuó «sin avales científicos y en contra del criterio del Consejo de Estado, que desautorizó a la ministra». Por su parte, el Sindicato de Regantes del Trasvase (Scrats) solicitó al Supremo que permitiera la comparecencia del biólogo Antoni Palau, profesor de la Universidad de Lérida, para que explicara que el estado ecológico de las masas de agua no se vería alterado si se mantiene el caudal mínimo anterior.

• Temas
• Agua
• Trasvase Tajo Segura
• Medio Ambiente
• Confederación Hidrográfica del Segura
• Teresa Ribera
• Sequía en la Región de Murcia