Subidas de precios ilegales y amenazas: el 'mobbing inmobiliario' repunta entre los arrendadores en Murcia

El precio del alquiler en la Región subió un 6,4% en febrero respecto al mismo periodo del año anterior, según cifras del portal Idealista. Cuando un piso de 60 metros cuadrados en las pedanías de Murcia costaba de media unos 500 euros al mes hace un año, se encuentra ahora por unos 550 euros, aseguran algunos promotores del sector.

De acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Vivienda, los alquileres subieron en la Región un 19% entre 2016 y 2021, cifras que recoge de contratos de arrendamiento. La estrangulante situación económica que afecta sobre todo a los jóvenes y la falta de un parque suficiente de viviendas de alquiler en buen estado, unido a la vertiginosa escalada de precios, han provocado que los dueños de casas se beneficien y exijan un aumento, que pone aún más en aprietos a los arrendatarios. Este acoso se conoce como 'mobbing' inmobiliario y parece extenderse entre los propietarios.

Los inquilinos tienen derecho a acudir a la ley, pero los actuales problemas en la justicia, que han llevado a alargar aún más la convocatoria de posibles procesos, la estrecha economía del arrendatario, que ve casi imposible pagar el coste de los honorarios de un abogado, y el desconocimiento de la información y de que existen asociaciones de apoyo frenan, sin embargo, una embestida de denuncias contra los caseros. Al final, terminan por dejar la vivienda, con lo que ello supone, y se mudan a otro sitio cuyo precio también habrá aumentado.

Mario, nombre ficticio para proteger su identidad, se vio forzado a marcharse con su mujer y sus tres hijos de una vivienda del complejo Joven Futura hace cuatro meses. «Activó la cláusula de dejárselo a un familiar cercano, pero luego comprobó que era mentira. Primero, se lo iba a pasar a su prima, después, a su hijo y, al final, lo iba a utilizar ella misma», cuenta este arrendatario de mediana edad. Los menores tuvieron que vivir con su suegra durante varios meses, mientras que el afectado se alojó con su esposa en un pequeño piso, con la ropa y los muebles repartidos por varios sitios hasta que alquilaron un apartamento hace unas semanas.

De los 500 euros que pagaba al mes por un alojamiento de 80 metros cuadrados -desde que entró hace dos años bajo un contrato de arrendamiento urbano por un lustro- pasó a los 680 euros. «En realidad, lo que quería era sacar a la venta el inmueble por el alza de los precios», subraya. En estos momentos, está reflexionando si llevar a la propietaria ante la justicia, puesto que cree que puede ganar el proceso. «Nos firmó un documento en el que certificaba que el piso sería para uso familiar y que no lo pondría a la venta», recalca.

Ana, también de Murcia, está a disgusto con su casero porque le propuso incrementar el precio de su alquiler por encima del 8%, pese a que el Gobierno central fijó una subida máxima del 2%. «De repente, me viene con la excusa de que todo está más caro para pedirme que le pague más, pese a que el contrato en vigor no habla de ninguna subida por el alza de los precios», explica. Al final, quedaron en que negociarían para alcanzar un acuerdo, aunque esta joven soltera explica que su salario continúa siendo el mismo y que no cambiará de opinión.

Peor suerte tuvo una familia argentina que tenía un contrato legal de cinco años, pero no gozaba del permiso de residencia en España. «Llegaron a amenazarles físicamente, pero también con una denuncia por su situación legal, pese a contar con todos los derechos a residir en esa vivienda», relata José Caballero. La familia optó por marcharse para evitar problemas y el propietario subió considerablemente el alquiler al siguiente inquilino. La única forma de echar a un inquilino de forma legal pasa por exponer que se necesita la vivienda para un familiar.

Tras la última modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos se exige que se indique expresamente en el contrato la opción de que el arrendador debe pedir la devolución de la vivienda en caso de uso familiar, una práctica muy habitual. «Aunque firmen un contrato de cinco años, en realidad, el propietario tiene su piso en alquiler mientras le interese», añade Caballero.