Los sindicatos cuestionan la legalidad de los permisos para las actividades escolares y anuncian medidas

Sterm Intersindical anunció este miércoles que interpondrá un recurso ante la reciente resolución de Educación para el curso 2019/2020 y estudiarán todas las acciones legales posibles para que la Administración de marcha atrás a esta medida.

El sindicato critica que la nueva consejera de Educación, Esperanza Moreno, diera luz verde este martes a la resolución por la que se dictan las instrucciones de principio de curso recoge en su punto 15.2 la obligatoriedad de pedir permisos expresos a las familias para las actividades complementarias que se realicen en los colegios.

Según el sindicato, la resolución «vulnera directamente la actual normativa regional, tanto el Decreto 198/2014 en su artículo 25.f) como el Decreto 220/2015 en su artículo 33.2.e)». Con esta medida, «Educación pone una vez más el dedo acusador sobre el profesorado cuestionando su profesionalidad a la hora de ejercer la labor docente a pesar de que la propia consejera haya admitido que no ha visto nunca adoctrinamiento en las aulas», lamenta el coportavoz de Sterm Intersindical, José Manuel Fernández.

Fernández asegura que «las presiones de grupos ultraconservadores, como el Foro de la Familia o el necesario apoyo de Vox en la investidura del nuevo gobierno regional, se manifiestan en medidas con un claro tinte ideológico que nada tienen que ver con la mejora de la calidad educativa o con la libertad de enseñanza y suponen un claro deterioro de la misma».

Tras esta medida, que salió a la luz pública el pasado curso escolar rodeada de una gran polémica, el sindicato recuerda el rechazo político de los sectores más conservadores de que colectivos en defensa de la diversidad afectivo sexual y que luchan desde hace años por eliminar el acoso escolar que sufre el alumnado LGTBI en las aulas de nuestra región, ofrezcan talleres y charlas en los centros educativos.

Mientras, el Sterm denuncia que la Consejería de Educación sigue sin desarrollar la Ley 8/2016, de 27 de mayo, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Región de Murcia que en su artículo 25 determina la obligación de elaborar un Plan Integral sobre Educación y Diversidad LGTBI que sigue sin iniciar los trámites para su redacción.

La Federación de Enseñanza lamenta profundamente que la Administración regional asuma una irregularidad por motivos políticos para contentar a la ultraderecha al hacer pasar una resolución por encima de un decreto. Las resoluciones de la Consejería de Educación que dictan «instrucciones de comienzo de curso» no pueden contradecir lo establecido en materia de currículo tanto por el Decreto 198/2014 en su artículo 25.f) como el Decreto 220/2015 en su artículo 33.2.e).

CCOO Enseñanza considera que estas resoluciones pretenden forzar la realidad para justificar el pacto de Gobierno que permite al Partido Popular y Ciudadanos mantenerse al frente de la Comunidad Autónoma. Como prueba de la falta de rigor de las autoridades competentes, las resoluciones no incorporan como es habitual las indicaciones o el procedimiento para recurrir las mismas.

Por tanto, CCOO Enseñanza exige a la Consejería de Educación que rectifique estas instrucciones, atienda a la legalidad y no se deje llevar por los pactos de las formaciones políticas en detrimento de la educación de calidad.