IU sostiene que «la 'alternativa B' en Nueva Condomina tenía nombre y apellidos»

La exconcejal de Izquierda Unida-Verdes en el Ayuntamiento de Murcia Concepción Hernández confirmó ayer, en el juicio por el 'caso Nueva Condomina', las sospechas que despertó en su formación el convenio firmado por el exalcalde de Murcia Miguel Ángel Cámara y el empresario Jesús Samper, propietario del Club Real Murcia, en 2001. La exedil, que junto con su compañero de grupo municipal fueron los únicos que votaron en contra del convenio, hizo hincapié en la sorpresa que les generó la llamada 'alternativa B' -que se introdujo en la normativa urbanística de la ciudad durante la tramitación del proyecto y que acabó posibilitando el descomunal pelotazo de las empresas que lideraba Samper-. «Pensamos que esa decisión tenía nombre y apellidos, aunque no sabíamos de quién».

Hernández fue una de los testigos que comparecieron ayer en la cuarta sesión de la vista del 'caso Nueva Condomina', que sienta en el banquillo a Cámara, a Joaquín Peñalver, antiguo jefe de Planeamiento de la Gerencia de Urbanismo de Murcia, y al exdirector de Urbanismo, Pedro Morillas. A lo largo de su declaración, la exedil de IU incidió también en la actitud que el entonces portavoz del PSOE, José Salvador Fuentes Zorita, mantuvo en esta negociación. «Él estaba muy a favor del convenio Nueva Condomina», insistió. «Lo defendió casi mejor que el alcalde».

La testigo aseguró que le sorprendió especialmente la actitud de Fuentes Zorita ya que, debido a su cualificación profesional -es ingeniero de Caminos-, debería haber reparado en el perjuicio que, a su entender, suponía para el municipio la 'alternativa B', en virtud de la cual se renunciaba a percibir el 10% de los aprovechamientos urbanísticos derivados del convenio.

Por videoconferencia

La cuarta sesión de este macrojuicio arrancó con la declaración, por videoconferencia, del expresidente de Cajamurcia y actual consejero de Bankia, Carlos Egea, que negó cualquier vinculación del exalcalde murciano con el proyecto. «Nunca hablé con Cámara del proyecto del Real Murcia», remarcó. «Cámara tuvo siempre un papel meramente institucional».

El fiscal Anticorrupción, Juan Pablo Lozano, le recordó, en este punto, una carta que Samper le envió en la que le comunicaba que el proyecto había salvado una traba «por iniciativa del propio alcalde». Una misiva que, aseguró Egea, el expresidente del Real Murcia escribió para tratar de aliviar la «tensión» que existía entre los socios y que, en 2002, les llevó a abandonar definitivamente el proyecto.

La juez del caso también escuchó ayer las versiones del que fuera jefe de Gabinete del exalcalde, Eduardo Martínez-Oliva; del concejal de Obras y Servicios en aquellos años, José Arce, y del exconcejal socialista José Luis Sánchez Alegre. Las partes renunciaron al interrogatorio del exedil del Ayuntamiento Francisco Porto.