El Gobierno regional muestra su malestar con la UMU por el veto parental

El portavoz del Gobierno regional, labor que ayer ejerció el consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán, respondió con ironía y evidentes signos de malestar al pronunciamento que realizó este miércoles el Claustro dela UMU en contra de la aplicación del 'pin parental'.

Empezó Celdrán por calificar de «muy positiva» su valoración sobre el pronunciamiento «del 30% de los miembros del Claustro», en un crítica velada a la baja participación en este órgano de gobierno de la institución docente, y prosiguió felicitándose de que la UMU haya «emprendido el camino de valorar con independencia y hacer declaraciones respecto a temas que tienen que ver con la vida de los murcianos», pero, agregó, que «nada tienen que ver con la UMU».

El consejero explicó que la autorización familiar «es para menores de edad» y afecta a la Educación Primaria, a Secundaria y a Bachiller, por lo que «no tiene nada que ver con la vida diaria de la Universidad ni de sus estudiantes».

Por ello, Celdrán pidió al Claustro de la UMU que, ya puestos, se pronuncie también sobre la mala financiación autonómica que sufre la Comunidad, que repercute en la propia institución universitaria; sobre el retraso del AVE, que le impide competir en igualdad de condiciones con campus de otras regiones; e incluso sobre la falta de agua, puesto que «la mayoría de egresados de la UMU terminan trabajando en el sector agroalimentario».

El consejero de Presidencia mostró su desazón con la UMU en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que también rechazó reunirse con la ministra de Educación, Isabel Celaá, mientras el recurso interpuesto por su departamento contra el veto parental no lo resuelva el Tribunal Superior de Justicia.

La ministra, en cambio, precisó que no tiene ningún problema en reunirse con la consejera de Educación, a pesar de que esta anuló hace unos días un encuentro previsto entre ambas.

Celdrán argumentó que «tiene poco sentido que nos reunamos cuando nos han puesto el requerimiento judicial hace tan solo unas horas». El consejero reiteró que el Gobierno regional acatará lo que diga la Justicia y, a partir de ese momento, estará en disposición de hablar con la ministra, aunque cree que las administraciones deberían «intentar no llegar a usar la Justicia para entendernos».

El Gobierno central considera que el permiso parental afecta al derecho fundamental de los menores a la educación y que debe prevalecer el interés público frente al «meramente particular» de los padres. Así se recoge en el recurso contencioso presentado por la Abogacía del Estado en nombre del Ministerio, según informa Efe.

En su escrito, el Ministerio pide con carácter de urgencia, y como medida cautelar, que se suspendan las instrucciones dictadas por la Consejería de Educación, por las que se establece el derecho de los padres a negarse a que sus hijos participen en determinadas actividades complementarias, ya que, en caso contrario, el recurso carecería de sentido al estar limitada la vigencia de aquellas al curso escolar actual.

Dice la Abogacía del Estado que «se aprecia que la facultad otorgada a los padres de prestar su conformidad o disconformidad con la participación de sus hijos menores en esas actividades lamina el carácter obligatorio de dichas actividades complementarias».

Eso supone, para los recurrentes, «una contradicción frontal tanto con la normativa básica estatal como con la propia normativa autonómica de desarrollo».

Educación cree que la suspensión de los aspectos impugnados de las instrucciones «únicamente determinaría la imposibilidad por parte de los padres y madres de vetar la participación de sus hijos en las referidas actividades», y que supondría «solamente un perjuicio de carácter meramente particular», cuando, a juicio del Ministerio, debe prevalecer el interés público superior, de dimensión constitucional, frente al interés particular protegido por las instrucciones cuya nulidad se solicita.