Lo admitió la propia consejera de Educación, Esperanza Moreno, al final de su intervención en la Asamblea Regional, donde compareció para dar cuentas de la planificación del inicio de curso: «Los docentes que están en estos momentos trabajando y llevando a cabo los protocolos mientras debatimos sin acuerdo se deben estar preguntando: '¿Estos son los que me representan, estos tienen que resolver los problemas'?», reconoció Moreno, consciente de la división y el cruce de reproches en el que se convirtió la sesión.
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La consejera apeló a un pacto por el inicio de curso, y llegó a pedir a los grupos políticos de la oposición «que me ayuden. No levanten trincheras». La realidad que se vivió en la Cámara fue la de un debate crispado, con peticiones de dimisión a la consejera y recriminaciones en todas las direcciones, fundamentalmente a cuenta de la negativa de la Administración regional a contratar –de momento– a más profesores de los 800 'extra' previstos. La consejera llegó, de hecho, a retar al Ministerio a imponer la disminución de ratios: «En comunidades donde gobierna el PSOE no la bajan. ¿Por que no se impone a nivel nacional», desafió Moreno al Grupo Parlamentario Socialista, después de reivindicar que la media de alumnos por aula es «menor en la Región que la nacional».
Tampoco mostró la consejera voluntad de contratar a más docentes para hacer frente a un inicio de curso marcado por la pandemia, y no se bajó de la cifra de 800 profesores 'extra' ya anunciada. «Hemos hecho un esfuerzo con la contratación de 800 docentes, que supone la incorporación a las plantillas de más que la media nacional», dijo Moreno, quien cifró el coste que supondría bajar la ratio a los niveles demandados por el PSOE y Podemos en «120 millones anuales, a lo que habría que sumar los gastos derivados», dijo tras escuchar las peticiones de dimisión de los dos partidos: «Dimita o arremánguese y cumpla con su obligación», le espetó el disputado socialista Antonio Espín.
En su comparecencia a petición propia y del Grupo Parlamentario Socialista, Moreno desglosó las medidas adoptadas por su departamento para la vuelta al cole, decididas con Salud la semana pasada, y marcadas por el modelo de semipresencialidad, que rebaja los días de asistencia de los alumnos a clase, pero no las ratios. La consejera anunció que el regreso a las aulas será escalonado y progresivo, y durante los primeros días «se pondrá el acento en la educación emocional».
Entre críticas a la «inacción» y a la falta de diligencia del Ministerio de Educación, desglosó las medidas acordadas y ya anunciadas, como la asignación de cinco millones de euros para la adaptación de los centros y el refuerzo, con otros dos millones, de la limpieza de colegios e institutos. También puso en valor las ayudas previstas por Familia y Empleo para la conciliación de los padres de alumnos, que se enfrentan a días sin escuela durante todo el trimestre; y las destinadas a la mejora de los equipamientos tecnológicos para los centros y los estudiantes. Moreno, quien insistió en que aún no tiene noticias de los casi 74 millones consignados por el Ministerio para Murcia, recalcó que el retraso en el día de vuelta a las aulas fue acordado con la comunidad educativa.
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El diputado del PSOE Antonio Espín, quien pidió la dimisión de la consejera, denunció que «la planificación del curso ha sido nefasta. Su falta de previsión e incapacidad han provocado que se retrase el curso escolar injustificadamente, lo que supondrá un enorme perjuicio para la comunidad educativa. No lo ha podido hacer peor».
Las familias insumisas que no quieren llevar a sus hijos a los centros por el temor a los contagios encontraron su altavoz en el diputado de Vox Juan José Liarte, quien exigió que se autorice a los padres a elegir el modelo de formación que prefieran para sus hijos. «¿Es razonable obligar a las familias?, ¿qué pasa con los menores que conviven con familiares de riesgo?».
La diputada de Podemos María Marín denunció que «la vuelta al cole ni es segura ni garantiza el derecho constitucional a la educación», y calificó como «una ocurrencia, un disparate y una chapuza el plan desarrollado por el Gobierno regional, marcado por un plan ideológico que ataca la educación pública aprovechando la pandemia».
Ciudadanos exigió la presencia de personal sanitario en los centros educativos. «Proponemos medicalizar las escuelas y estar en alerta. Para ello es necesario la realización de pruebas, y que el coordinador de los protocolos sea un sanitario», dijo, dispuesto a tender una mano al Gobierno del PPen la organización del regreso a las aulas.
La Consejería de Educación ha puesto, dijo el diputado del PP, «todo su esfuerzo en procurar que el inicio del curso sea en las mejores condiciones de seguridad ante el más absoluto abandono por parte del Gobierno y del Ministerio», reivindicó, antes de recomendar al diputado del PSOEque reenvíe su interpelación a Moreno en la Asamblea a la ministra de Educación.
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