El Senado aprueba la supresión de los aforamientos para los políticos de la Región

El Senado aprobó este miércoles por 227 votos a favor, ninguno en contra y 30 abstenciones la reforma parcial del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia que suprime los aforamientos y la inmunidad de los miembros del Consejo de Gobierno y los diputados de la Asamblea Regional. La Región de Murcia se convierte así en la segunda comunidad autónoma, junto a Canarias, que elimina esta figura jurídica para sus representantes políticos. A partir de ahora, estos podrán ser investigados por los juzgados ordinarios, y no por tribunales superiores como hasta ahora, así como ser detenidos por las fuerzas de seguridad en caso de que comentan delitos graves.

Con la aprobación definitiva de la reforma, que no tendrá carácter retroactivo y afecta a los artículos 25 y 33 del Estatuto de Autonomía, la Cámara Alta cierra un proceso que se inició en abril de 2017, cuando la Asamblea Regional acordó por unanimidad suprimir los aforamientos en un momento en el que el clima político estaba enrarecido por las causas penales en las que estaba inmerso el entonces presidente de la Comunidad, Pedro Antonio Sánchez, que acabaron en su dimisión. Precisamente la eliminación de esta figura fue la condición que Ciudadanos impuso al PP para facilitar la investidura de Fernando López Miras, sustituto de Sánchez tras su renuncia.

El Senado vivió un intenso debate, en el que fueron protagonistas los diferentes representantes de la Región en la Cámara Alta.

El primero en intervenir fue José Manuel Marín, representante de Vox, que comenzó su turno solicitando una condena de la Cámara a los «ataques» que miembros de su partido han sufrido en Cataluña en el inicio de la campaña electoral para el 14F. Marín afirmó que su grupo apoya la reforma del Estatuto de la Región «porque estamos en contra de los aforamientos», aunque advirtió de que la medida debe ir acompañada «de la despolitización de la Justicia, el CGPJ y la Fiscalía». Advirtió el senador de Vox por Murcia que no se apoyará la reforma global del Estatuto de Autonomía de la Región, aprobada en 2019 por la Asamblea y que todavía tiene que pasar el trámite de las Cortes Generales. A su juicio, esta incluye «nuevos privilegios» y «criminaliza» a los ciudadanos que no estén de acuerdo con el llamado «consenso progre».

Miguel Sánchez, de Ciudadanos, fue uno de los que más peleó para la supresión de los aforamientos en la pasada legislatura autonómica, cuando era portavoz de su partido en la Asamblea Regional. Citó a Calderón de la Barcca y su obra 'El alcalde de Zalamea« para justificar que los aforamientos estaban ya en cuestión en el siglo XVII y sacó a relucir el escándalo en el proceso de vacunación contra la Covid-19 vivido en la Región hace unas semanas: »Hay ciertos políticos en la Región de Murcia que se han creído con el privilegio de ponerse las vacunas los primeros. Desde mañana, en la Región de Murcia a estos políticos les vamos a poner los pies en el suelo. Serán iguales que todos los ciudadanos«.

El senador de Ciudadanos tuvo un detalle al citar desde la tribuna a diputados que compartieron con él la legislatura autonómica pasada, como Óscar Urralburu, María Giménez Casalduero, Joaquín López Pagán, Rosa Peñalver, Emilio Ivars, Víctor Martínez, Violante Tomás y Domingo Coronado, entre otros.

La intervención más comentada fue la de Francisco Bernabé, senador del PP. Pese a que su grupo votó a favor de la propuesta, el senador expresó duras críticas contra la reforma. Considera los aforamientos Bernabé «más como una perrogativa que un privilegio». «Aforamiento no significa impunidad, pues los aforados son juzgados por jueces más expertos y cualificados, contituidos en órganos de caracter pluripersonal para resistir mejor las presiones de poderes perturbadores externos», recordó el parlamentario popular, que citó al expresidente Pedro Antonio Sánchez como ejemplo de políticos que han sufrido juicios paralelos «y penas de telediario». «Hago un paréntesis para romper una lanza y mil más que hicieran falta en favor de Pedro Antonio Sánchez. Un hombre cuyo su derecho a la presunción de inocencia jamás se respetó. Un hombre que dejó una Presidencia que había ganado limpiamente en las urnas a causa de la cacería política y mediática sin precedentes de la que fue objeto. Los jueces han ido archivando durante estos tres años, una tras otra, todas las falsas denuncias que le pusieron. Un hombre, ayer y hoy, inocente. Espero que quienes tanto lo lincharon, tengan algún día la decencia de pedirle perdón», afirmó Bernabé desde la tribuna.

Francisco Bernabé lamentó que, junto a los aforamientos, se elimine la inmunidad de los miembros del Consejo de Gobierno y los diputados autonómicos. Considera que este punto fue introducido de tapadillo. Cree que el hecho de que desde ahora se pueda detener a los miembros de la cámara legislativa murciana abre la puerta a que estos «sean víctimas de denuncias espurias y objeto de detenciones arbitrarias, ordenadas dolosamente por el Gobierno central como responsable de las fuerzas de seguridad del Estado».

También lamentó que no se aborde una reforma global para eliminar los aforamientos en toda España, y para todos los estamentos que difrutan de ellos. «Se trata de que a los políticos nos controle siempre el poder judicial, y nunca el poder ejecutivo. A esto último es a lo que de forma inconcebible vamos a avanzar esta mañana como si fuéramos una república populista bananera en lugar una democracia moderna europea», finalizó su intervención. Pese a todo, el PP votó a favor.

Por parte del PSOE intervino la senadora autonómica Lourdes Retuerto. Reivindicó que su grupo fue el impulsor de esta reforma del Estatuto de Autonomía en la pasada legislatura autonómica y denunció «las trabas» que, según ella, el Partido Popular ha ido poniendo a la supresión de aforamientos durante todo el proceso parlamentario, «dentro de los maquiavélicos malabares a los que nos tiene acostumbrados». Recordó Retuerto a Francisco Bernabé que varias de las causas contra Pedro Antonio Sánchez archivadas «se deben a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, impulsada por el PP, que para la limitación los plazos de instrucción en los procedimientos penales».

Según Lourdes Retuerto, acabar con este privilegio de la clase política reconcilia a los ciudadanos con sus representantes públicos y pone en valor la capacidad de los jueces ordinarios. La senadora socialista también hizo mención al escándalo de las 600 vacunaciones fuera de protocolo en la Región, que definió como «un acto de insolidaridad insólito», y resaltó el «ejemplo» que a su parecer dio el secretario general del PSRM, Diego Conesa, por acudir de forma voluntaria a declarar en calidad de investigado en el juzgado de instrucción de Totana en la causa abierta contra él por prevaricación debido a la multa no tramitada a un concejal en Alhama cuando él era alcalde.