Un empleado público durante su jornada laboral. AP

Seis de cada diez funcionarios de la Comunidad tienen más de 50 años

Hacienda aplica un plan de relevo generacional que pasa por crear puestos más técnicos y por apostar por las oposiciones libres antes que por los concursos

Lunes, 14 de octubre 2024, 01:36

De los 8.952 funcionarios de Administración y Servicios que tiene la Comunidad (no se incluyen los docentes ni los empleados del SMS), un total ... de 5.197 (el 58%) tienen más de 50 años. Esto significa que, a lo largo de la próxima década, un buen número de los actuales trabajadores de la Administración regional se habrán jubilado.

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Así lo indican las estadísticas oficiales de la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital, que ostenta en esta legislatura las competencias de personal. De esta forma, con el fin de rejuvenecer la plantilla, el departamento de Luis Alberto Marín tiene en marcha un plan de relevo generacional, con la doble finalidad de favorecer el acceso a la función pública de personas jóvenes –actualmente no llegan a un millar los funcionarios de Administración y Servicios con 40 años o menos– y evitar que las jubilaciones que se van produciendo provoquen una pérdida de talento y de conocimiento.

Para el primer objetivo, desde la Dirección General de Función Pública se realiza cada año un análisis de los puestos de trabajo de los funcionarios que pasan a ser pensionistas en ese ejercicio, con el fin de estudiar si tiene sentido seguir manteniendo los mismos o es necesario reconfigurarlos, buscando otros perfiles más adaptados a las demandas actuales de la sociedad y más atractivos para los jóvenes. Así, en este 2024, de los 346 funcionarios regionales que se retiran, 25 tendrán sustitutos que realizarán funciones totalmente distintas.

Con el 'mentoring', se permite a empleados públicos jubilados seguir yendo a la oficina a transferir a sus sustitutos sus conocimientos

Por ejemplo, en la Consejería de Fomento, un puesto vacante de peón de carreteras ha sido reconfigurado por otro de técnico en la opción Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Lo mismo ocurre con la mayoría de puestos de ordenanza que quedan libres. De igual modo, en Política Social, numerosos administrativos han pasado en los últimos años a ser trabajadores sociales, muy necesarios ahora mismo para las valoraciones de las solicitudes de dependencia.

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En la anterior edición del plan de relevo generacional, entre 2021 y 2023, se readaptaron 86 plazas de funcionario. En el 75% de los casos, los puestos de baja cualificación técnica fueron sustituidos por otros más tecnificados. En el otro 25%, se modificó el perfil profesional de la plaza, incluyendo competencias del ámbito de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

«Administración musculada»

«Queremos una Administración autonómica musculada y profesional, adaptada a las demandas de la sociedad actual, que capte el talento emergente, mostrándose atractiva para los jóvenes, y retenga el conocimiento de los mayores», explica el consejero, Luis Alberto Marín. «El plan de relevo generacional sirve para adaptar los efectivos a las necesidades de mayor tecnificación y cualificación que requiere la ciudadanía, para aportar valor en el contexto tecnológico y social a los servicios que se prestan», dice.

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En los últimos años, se han reconfigurado plazas de ordenanza o peón por perfiles más científicos

El consejero de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital indica que en las últimas ofertas de empleo público de la Comunidad ya se incluyen muchos puestos relacionados con el campo de la inteligencia artificial y la ciberseguridad, muy demandados en los tiempos actuales. Esa tendencia se mantendrá en los próximos años, en los que, además, se apostará por las oposiciones libres, por encima de los concursos.

Por otra parte, dentro de la línea del plan de relevo generacional cuyo objetivo es evitar que se pierda el conocimiento y la experiencia de los funcionarios que se jubilan, se ha confeccionado este año un protocolo de actuación para detectar aquellos casos en los que es más urgente actuar. Así, informan desde la Consejería que, en 24 casos de trabajadores recién retirados o a punto de hacerlo, «se ha detectado la existencia de conocimientos críticos, arbitrándose actuaciones de gestión y transferencia de ese conocimiento».

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Según la Comunidad, en tres de ellos se realizará una práctica conocida como 'mentoring', en la que se ofrece al funcionario jubilado la posibilidad de seguir acudiendo a la Administración a transferir sus conocimientos a su sustituto. Esta experiencia se desarrollará en varias jefaturas de servicio claves.

  1. La tasa de interinidad bajará del 8% antes de que arranque 2025

La tasa de interinidad en la Administración regional se situará por debajo del 8% de las plazas estructurales antes de que comience el próximo año 2025, cumpliendo de esta forma los objetivos marcados en la Ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, también conocida como 'ley Iceta'.

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Así lo aseguran desde la Consejería de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Administración Digital, que señalan que el cumplimiento de este objetivo será posible en buena parte por la oferta para la estabilización del empleo temporal desarrollada durante el último año, que constaba de 1.749 plazas.

Todos estos procesos selectivos se pusieron en marcha y solo queda ya concluirlos, de forma que los que hayan sacado plaza empiecen a tomar posesión de sus puestos como funcionarios de carrera, dicen desde la Consejería. Hacienda confía en que todo quede concluido antes del 31 de diciembre, límite que impuso en su día la norma impulsada por el que fuera líder del PSC y ministro de Función Pública.

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Por otra parte, la próxima convocatoria de las ofertas de empleo público de la Comunidad correspondientes a los años 2022 y 2023, que contienen 572 plazas en distintos departamentos de la Administración regional, reducirán la tasa de temporalidad por debajo del 6%.

En ese sentido, cabe recordar que del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en una sentencia del pasado junio, dio un tirón de orejas a España por el abuso de la temporalidad en las instituciones públicas.

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