Croem y el sector agro temen que no haya cambios en la Región con el nuevo Gobierno

La composición del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez se considera continuista en relación a los grandes asuntos que afectan a la Región, como el agua, el Mar Menor, la financiación autonómica y el programa de submarinos, al repetir en sus cargos Teresa Ribera, María Jesús Montero, Luis Planas y Margarita Robles. La incógnita está en el nuevo titular de Transportes, el exalcalde de Valladolid Óscar Puente, que tendrá a su cargo las inversiones en infraestructuras. Una gran parte ya está comprometida en lo que afecta a la red ferroviaria y el Corredor Mediterráneo, aunque queda por resolver el cuello de botella y agilizar la conexión de Cartagena a la alta velocidad.

Margarita Robles representa una garantía para el desarrollo del programa de submarinos en Cartagena; mientras que Planas concita opiniones contrapuestas en el sector agro, que en general no ha recibido bien la continuidad de Teresa Ribera.

El presidente de la patronal Croem, José María Albarracín, considera que habrá que redoblar los trabajos y esfuerzos para afrontar los retos de la Región. Albarracín sostiene que «habrá continuismo, y por lo tanto la necesidad de trabajar más que nunca para defender intereses de la Región con una posición proactiva». «Van a funcionar de la misma manera que hasta ahora, con lo cual podemos esperar políticas que están más que sabidas. No tenemos más remedio que seguir avanzando para que sean atendidas todas las demandas de la Región, que tan abandonada se encuentra últimamente», señala.

José Hernández, presidente de la Federación Regional de Empresarios de la Construcción (Frecom), sostiene que los acuerdos del PSOE con los separatistas «para la ley de amnistía, la falta de seguridad jurídica, el incremento de la presión fiscal desorbitada y la desviación de la financiación hacia Cataluña a costa del resto de regiones, nos hacen pensar que es un Gobierno que nace muerto, por lo que no esperamos nada bueno de él. Ojalá nos equivoquemos».

«Si mantiene los criterios de la anterior legislatura, teniendo en cuenta que en esta ya se tramita la siguiente planificación hidrológica, podríamos hablar del Trasvase en términos de historia, sin posibilidad de futuro», señala Lucas Jiménez, presidente del Scrats, sobre Ribera. «Sería vital que conociera de cerca la agricultura levantina, sin prejuzgar. Que supiera, de primera mano, del ingenio derrochado por los agricultores y de los contratiempos a los que se enfrentan día a día. Invitada está a ello. En nuestra voluntad está ser siempre una herramienta de trabajo y de avance; pero también de contención, dentro de nuestras posibilidades, de cualquier medida que suponga una merma del Trasvase o en general de cualquier tipo de recurso en la cuenca más misérrima de Europa».

El presidente de Proexport, Mariano Zapata, se muestra pesimista. «Teresa Ribera es una ministra que nunca ha apoyado a la Región en materia de agua y agrícola debido a todas las restricciones que nos van poniendo. No es una buena noticia para nosotros y nos tiene preocupados», precisa en referencia al agua y al Mar Menor. Recalca que para la protección de la laguna es necesario rebajar el nivel del acuífero Cuaternario del Campo de Cartagena y evitar el caudal de la rambla del Albujón que vierte en el Mar Menor.

José Miguel Marín, presidente de COAG, considera que cuando «se perpetúan las mismas personas en los ministerios, poco podemos esperar distinto a lo que hemos tenido hasta ahora». «Hemos hecho múltiples propuestas a los ministerios de Transición Ecológica y Agricultura que no han tenido éxito. y lamentamos la prevalencia del primero sobre el segundo». También critica que se siga «presionando a los agricultores y ganaderos a base de normativas a veces surrealistas y de dudosa eficacia y que no van a poder cumplir». Sostiene que el sector primario «debe ser estratégico» para el Gobierno central «porque producimos alimentos y damos de comer al mundo. Esperamos que en esta legislatura tenga éxito el campo murciano», concluyó.

Marcos Alarcón, secretario general de UPA, envía su felicitación a los ministros y ministras y detalla, en el caso de Luis Planas, que debe «esforzarse para lograr una mayor interlocución con el sector». Espera que lleve a cabo el compromiso de Pedro Sánchez de sacar adelante una ley de agricultura familiar, así como más inversiones para modernizar los regadíos y un desarrollo más amplio de la ley de la cadena alimentaria. A Teresa Ribera le pedirán «una reorientación de sus políticas para garantizar la disponibilidad y el precio a pagar por los regadíos».

El secretario regional de Asaja, Alfonso Gálvez, sostiene que «no son buenas noticias para el sector agrario». Indica que Ribera «no ve a la agricultura y ganadería como sectores estratégicos, sino más bien como una amenaza y perjudiciales para el medio ambiente, impulsando normas restrictivas y sancionadoras». Gálvez cree asimismo que «ha sido incapaz de resolver el suministro necesario de agua para el Sureste español. Al ser claramente antitrasvasista, es muy mala noticia para nuestro regadío. La situación puede empeorar si Sánchez tiene que tener contento a García Page, para que no agite al PSOE por la amnistía y los referéndums».

El presidente de Fecoam, Santiago Martínez, destaca de manera positiva la continuidad de Luis Planas al frente de la cartera de Agricultura, «siempre y cuando tenga autonomía suficiente para llevar a cabo las medidas necesarias que la Región reclama». Respecto a Teresa Ribera, remarca que «no son buenas noticias». «Vive alejada de la realidad». Cree que Ribera «está anclada en posturas sectarias y fundamentalistas que «dañan de sobremanera a un sector indispensable, que da de comer a la población todos los días».

Pedro Luengo, de Ecologistas en Acción, considera «positivo» que Ribera siga. «Desde el punto de vista de la gestión del Mar Menor o del Tajo-Segura, ha marcado un perfil más técnico acudiendo a las evidencias y recomendaciones científicas a la hora de plantear las posibles soluciones. Esperamos que esta continuidad se traduzca en el impulso firme al Marco de Actuaciones Prioritarias del Mar Menor, y una mejora en la gestión del agua por parte de la CHS».

Pedro García, de ANSE, señala que el Gobierno central y el Ministerio de Ribera «juegan un papel fundamental en la aplicación de políticas ambientales responsables hacia un futuro más sostenible. Confiamos en que esta contribucion para solucionar graves problemas como el del Mar Menor o la bahía de Portman, entre otros, pueda llevarse a la práctica con mayor colaboración y diálogo con la Comunidad y administraciones locales».

El perfil de la nueva ministra de Sanidad, la anestesista Mónica García, es bien valorado por el Sindicato Médico (Cesm) y la Asociación de Usuarios de la Sanidad. «Es una médica que siempre se ha distinguido por su lucha por la sanidad pública», señala Cesm. «Nos gusta, es una gran profesional que conoce el sistema sanitario», apunta Teresa Martín, presidenta de los usuarios.

Cesm espera de la nueva ministra «un gran pacto por la sanidad», y reclama que se aborde «la financiación, ya que la Región de Murcia no está entre las comunidades más favorecidas». Mientras, la Asociación de Usuarios pone el foco en un pacto de estado por la salud mental y un plan de choque para la Atención Primaria, que debe tener «presupuestos finalistas que condicionen la utilización de todos los nuevos fondos autonómicos a la implantación de políticas de gestión públicas concretas».

Desde Satse, su secretario general, Pablo Fernández, reclama la aprobación de la Ley de Seguridad del Paciente, «donde se fijen, entre otras mejoras de calidad, un ratio de pacientes por enfermera». Satse también reivindica la posibilidad de jubilación anticipada para las enfermeras.

La unión de las carteras de Ciencia y de Universidades bajo un mismo Ministerio, a cargo de Diana Morant, fue celebrada por los rectores de las dos universidades públicas, la de Murcia (UMU) y la Politécnica de Cartagena (UPCT), que llevan años reclamando esa fusión. «Más del 60% de la investigación se realiza en los campus; la separación anterior generaba complicaciones», argumentó ayer el rector de la UMU, José Luján. La presidenta de la Conferencia de Rectores, Eva Alcón, también agradeció que se haya atendido la reclamación de la comunidad universitaria de unificar Universidades y Ciencia bajo un mismo Ministerio.

Los rectores de la UMU y de la UPCT reclamaron a la ministra el incremento de la financiación de las universidades públicas hasta, como mínimo, un 1% del PIB. Luján y Beatriz Miguel demandaron además una partida extra para poder «cumplir con lo que marca la nueva ley, la LOSU, y reducir la carga docente de los profesores asociados. Si no recibimos una partida de entre 15 y 20 millones, no podremos empezar el curso en septiembre».

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