El sector agrario propone eliminar las dobles sanciones de la ley del Mar Menor y unificar las inspecciones

La sensación que invade a las organizaciones y patronales que representan al sector agrario de la Región de Murcia es que el actual diálogo político en torno a la Ley de recuperación y protección del Mar Menor se ha convertido en «interminable» y «sin compromisos». Este viernes, los líderes de COAG, Asaja, UPA, Proexport y Fecoam se presentaron en la Asamblea Regional para registrar una propuesta de modificación de la norma ambiental, de más de 50 páginas y que tocaría hasta una veintena de artículos, disposiciones o anexos de la legislación en vigor desde 2020. Por el camino, dentro del Parlamento, no se ha acercado hasta ellos ningún diputado para interesarse por la iniciativa.

El documento, elaborado por cerca de medio centenar de técnicos de las cinco entidades firmantes, presenta como ramas troncales dos novedades. La primera es que todas las limitaciones agronómicas que plantea la ley deberían quedarse al margen para entrar a formar parte del futuro Programa de Actuación de las Zonas Vulnerables a la contaminación por nitratos de origen agrario del Campo de Cartagena. En elaboración por la Consejería de Agricultura, este marco regulatorio no estaría en marcha al menos hasta mayo de 2025. Hacerlo de esta forma permitiría actualizar el texto regional conforme se aprueben a nivel nacional nuevos decretos o leyes que regulen la forma de trabajar del sector primario.

La otra novedad es la necesidad de acometer una reforma profunda del régimen de multas para evitar lo que ellos denominan las ‘dobles sanciones’ o ‘sanciones accesorias’: cuando un agricultor recibe una penalización puede perder el derecho a acceder a ayudas de fondos operativos o recibir la orden de paralizar de forma indefinida su actividad. A esto se suma la petición de sacar la regulación de las sanciones fuera de la ley, y rebajar las cuantías por considerarlas «desorbitadas».

La reforma propuesta también quiere unificar los controles en el Campo de Cartagena para agricultores y ganaderos, de tal manera que se evite que se produzcan más de una inspección al año. "No queremos que se haga demagogia política con este documento", advirtió José Miguel Marín, presidente de COAG Murcia, a las puertas de la Asamblea. Todos emplazan a los grupos políticos a sentarse a la mesa para negociar, en un momento donde ha quedado tocada la iniciativa parlamentaria para reformar la ley dentro de la Comisión de Asuntos Generales. "Estamos convencidos de que la viabilidad técnica, jurídica y administrativa nos permite defenderla con absoluta tranquilidad", ha añadido Marín.

El documento entra en la Asamblea dos años después de que las mismas entidades presentaran otro. Ha habido cambios, señalan, porque la experiencia de cuatro años con la ley del Mar Menor en danza han podido sopesar mejor qué es productivo y qué no para limitar la actividad agrícola y ganadera en la cuenca, visto desde la perspectiva de continuar protegiendo a la laguna salada. Lo que hay ahora "limita la capacidad de producción sostenible" en la comarca, reconoce Alfonso Gálvez, secretario general de Asaja Murcia. Lo que hay ahora, también, no se adapta a la "realidad productiva y agronómica" y "se detectan problemas que en nada ayudan a la protección del Mar Menor".

En la misma línea, Marcos Alarcón, líder de UPA Murcia, cree que la normativa nacional que regula los abonados en el campo u otras limitaciones a la actividad ha evolucionado en los últimos años, con varios reales decretos como el de nutrición de suelos sostenibles, que han dejado "desfasa" a la ley del Mar Menor. Mariano Zapata, presidente de Proexport, alertó de las "inversiones bastante importantes" que han tenido que hacer tanto grandes empresas como pequeños agricultores. El coste máximo para adaptarse ha llegado a niveles elevados, remarcó, incluso con artículos que "son de muy difícil cumplimiento".

"Si no tenemos respuesta, desde luego que no nos quedamos quietos", prometió Alarcón. La presión a la esfera política se redobla ahora con la propuesta del agro, que no se marca tiempos por el momento para anunciar otras posibles movilizaciones, pero que sí se abren al diálogo con los grupos parlamentarios. Santiago Martínez, presidente de Fecoam, puso el foco en la "demagogia" de ciertos sectores, "que van a usar este documento" como excusa "de que no queremos cumplir con la ley, y es todo lo contrario". La reforma propuesta no va solo dirigida a los diputados de la Asamblea, sino también a los distintos actores de la sociedad civil que quieran estudiarla.

La propuesta de reforma de la ley del Mar Menor recoge detalles muy técnicos. A nivel administrativo, el cambio en parte del articulado rediseñado por las organizaciones agrarias y patronales permitiría reducir burocracia. Las medidas más demandadas ayer de boca de los representantes fueron las de replantear la colocación de los setos, la orientación de las parcelas en función de la curva de nivel o la recogida de agua de los invernaderos. Son medidas que podrían no parecer trascendentales, pero que conllevan una fuerte inversión para los agricultores, tal y como denunciaron ayer.

Ante la prohibición de implantar nuevas granjas o ampliar las existentes en la zona 1 (más próxima al Mar Menor), la propuesta redirige esa limitación solo a las explotaciones de porcino. Respecto a las balsas de purines, el sector insiste en no hacer obligatoria la impermeabilización de las mismas si demuestran en sus trámites ambientales que no infiltran desechos en el subsuelo, ante el riesgo de contaminación de los acuíferos.

La apuesta por la biosolarización en el suelo como práctica ecológica para la desinfección del terreno es otra novedad del documento, que vendría acompañada de la idea de permitir el uso de fertilizantes que contengan inhibidores de ureasa o de la nitrificación, que permiten una liberación controlada de nutrientes al suelo. En casi todas las medidas que buscan cambiar desde el sector, este hace referencia a estudios o investigaciones de centros como la Universidad Politécnica de Cartagena, el Cebas o el Imida, quienes en los últimos años han ido comprobando la efectividad de las reglas que impone la ley del Mar Menor.

Entre las disposiciones de la norma que quieren cambiar, llama la atención la que habla sobre el acceso al agua de calidad para riego. El texto original señala que la Comunidad deberá velar por la disponibilidad de este recurso en tantos órganos de decisiones esté metida; sin embargo, las entidades agrarias han reformulado la frase para que esa disposición de agua se pelee «en todo momento», adquiriendo un mayor compromiso.

«La ley exige la implantación en las explotaciones agrícolas de sensores de medición de nitrógeno y fósforo, pero el legislador no tuvo en cuenta que estos no existen en el mercado, lo que imposibilita cumplir la ley», señalan las organizaciones, «de hecho, en Campo de Cartagena se ha generalizado la instalación de sondas en explotaciones para controlar la humedad del suelo y así evitar pérdidas de nitratos por lixiviación a las aguas subterráneas. Es de toda lógica solicitar la derogación de esta exigencia en la ley».

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