El contrato para la recogida de basuras entra en otro punto muerto. El alcalde en funciones, Pedro Javier Sánchez, ha decidido dejar en suspenso la firma del contrato con la empresa STV, a la que la Mesa de Contratación decidió adjudicar el servicio. Varios procesos judiciales esperan aún el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Murcia. Levantada la suspensión del procedimiento por parte del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (Tacrc), el recurso presentado por la sociedad cooperativa León y Ferrer, prestataria hasta ahora del servicio, deja de nuevo el proceso en modo espera. Aunque hay otras demandas por resolver que ponen en duda la corrección del procedimiento, es este último recurso el que señala el alcalde como razón suficiente para paralizar la puesta en marcha del servicio por la nueva empresa.
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La cooperativa que presta el servicio desde hace 25 años presentó además una demanda ante el TSJ por su desacuerdo con el pliego de condiciones del concurso público. Se le sumaron las querellas por presunta prevaricación presentadas contra dos de los funcionarios participantes en la Mesa de Contratación.
Precisamente en este expediente, la compañía adjudicataria se apuntó un tanto en el proceso judicial, al lograr que expulsaran al Ayuntamiento del caso con el mismo argumento que el juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acordó apartar al Partido Popular del juicio contra el tesorero Luis Bárcenas en 2013.
Una tercera querella ha llegado esta semana a la mesa del TSJ. León y Ferrer ha pedido al juez que suspenda la votación del Pleno que el 20 de diciembre de 2023 adjudicó el servicio a STV, ya que, según alega, lo hizo con una mayoría simple –los 9 votos del PP frente a 8 negativos del PSOE y Vox, con la abstención de los tres independientes–, cuando la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local exigen mayoría absoluta para conceder servicios por más de cinco años y cuyo valor estimado sea superior al 20% de los ingresos municipales.
De ser así, dado que la contrata se adjudica por 11 años y por 23,3 millones de euros, habría necesitado de 11 votos para ser efectiva, según alega la demanda. El alcalde asegura, sin embargo, que los técnicos creen que la adjudicación fue correcta y que se ratifican en que bastaba con mayoría simple. Será el juez del TSJ quien decida sobre las demandas presentadas y, en su caso, si ordena la suspensión del proceso como medida cautelar. La demandante le recuerda al juez que se trata de una cooperativa, por lo que «produciría un perjuicio irreparable» si continuara la nueva contratación y después se estimara su impugnación para repetir el expediente.
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El alcalde en funciones, que el próximo jueves se someterá a la votación para ser elegido nuevo regidor en una sesión extraordinaria del Pleno, afirma que «es nuestro empeño mejorar el servicio de basuras con un contrato adaptado al siglo XXI». Destaca del futuro servicio la implantación del contenedor de materia orgánica, el camión lavacontenedores, un ecoparque móvil, y la renovación de todos los vehículos y contenedores.
Tras la renovación del servicio de residuos, el Ayuntamiento tiene a la vista otro proceso no menos complejo, ya que en verano expira el contrato del servicio de limpieza urbana.
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