La escasez de doradas y la pérdida de trabajo por la retirada de ova ahogan a los pescadores de San Pedro

Los que más aguantan son los que han heredado el barco y las redes de sus padres, pero quienes tienen que hacer frente cada mes a plazos atrasados del crédito de la embarcación son los mayores damnificados de la crisis ambiental de la laguna. Es el caso de Zayra Caparrós, armadora del 'Costa Dorada I', parado desde diciembre, cuando los préstamos, las cuotas de la Seguridad Social y el coste del gasoil la desbordaron. «Tenía que mantener a mis tres hijos, así que mi pareja tuvo que buscar trabajo en la refinería», cuenta.

El desánimo embargó a la pareja, que vio cómo «sin pesca, no tenemos nada». Como último recurso, «teníamos la esperanza de que nos dieran trabajo para la limpieza de algas, como el año pasado, o alguna ayuda, como tienen los del campo, pero nada. Los pescadores estamos desamparados», afirma la armadora. En su apurada situación, asegura que «sólo nos ayudó la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Pinatar, que evitó que nos embargaran». Mientras sigue pagando el barco, a pesar de que no puede obtener rendimiento, lamenta «todo el dinero y la ilusión invertidos». No es la única que ve cómo el agua sube al cuello. El chanquete y la anguila han sido casi los únicos ingresos en una de las peores temporadas que recuerdan los pescadores vivos. La escasez de doradas, su principal sustento, ha herido de gravedad al gremio. Hace ya tres años que no hay racha de doradas en otoño, y en el primer trimestre de este año apenas llegaron a la subasta 2.739 kilos. El descenso de la población de 'Sparus aurata' es una flecha casi vertical. En 2021, un año aún de ganancias, llegaron a la lonja de Lo Pagán 201.000 kilos. Por la cinta de la subasta pasaron 95.000 kilos al año siguiente. El declive fue total en 2023, con 39.394 kilos capturados.

Como recurso siempre estuvo el langostino, un crustáceo que tantas alegrías dio al sector, aunque este año los pescadores aseguran que, a estas alturas cerca de la campaña de primavera, no se le ven aparecer ni los bigotes. A pesar de todo, adelantarán el inicio de las langostineras al 25 de abril, en lugar del 1 de mayo.

El panorama pinta tan gris que casi todos los armadores han reducido la tripulación con el despido de marineros. Algunos propietarios han vendido el barco y se han ido a trabajar con otro armador por cuenta ajena. Ni siquiera el cangrejo aparece como un recurso de emergencia. «En 2019 el 'Callinectes sapidus' era la mayor de nuestras preocupaciones», comenta un pescador. Ahora ha sido desplazado por la ausencia de especies. Además, los datos de capturas del voraz cangrejo de pinzas azuladas evidencian que la plaga se está estabilizando. De los 20.189 kilos vendidos en 2021, el balance no ha pasado de los 11.000 kilos ni en 2022 ni en 2023.

Demasiados frentes abiertos complican la vida de los pescadores del Mar Menor. Por citar los de más difícil solución, señalan la consabida falta de pesca, las especies invasoras como el cangrejo que devora los langostinos, las medusas que al contacto con los crustáceos los blanquean y devalúan, la falta de relevo generacional y, sobre todo, la ausencia de un plan estratégico para que el sector pesquero del Mar Menor supere esta recesión.

La crisis de los pescadores lleva además engarzada la ruina de la Cofradía. Con un siglo y medio de historia, la institución se resiente del descenso de las ventas, en parte por la falta de pesca, y tampoco ocultan que los pescadores se llevan las escasas capturas a otras lonjas, como Santa Pola, donde pagan a la semana. Eso le arrebata unos ingresos considerables, que le permiten sostener las instalaciones, la subasta y los servicios a los asociados. La Cofradía arrastra una deuda de 200.000 euros, que se incrementa cada mes en 20.000 más, por lo que le resulta imposible llevar al día los pagos a los pescadores.

En medio de la tormenta, los pescadores han sentido como una traición que no hayan contado con ellos para los trabajos de retirada de la ova del Mar Menor, como venían haciendo en los últimos años. Lo que esperaban como una tabla de salvación, ha pasado de largo. El Consejo de Gobierno autorizó el gasto de 7.392.753 euros para la retirada de biomasa vegetal y limpieza de áreas marítimas. Está prevista la retirada de unas 9.500 toneladas de ova, aunque el precio será el mismo si hay menos masa que extraer. El año pasado participaron una docena de barcos pesqueros para estas labores, pero esta vez Tragsa, la empresa adjudicataria, ha decidido prescindir de los pescadores y sustituirlos por operarios propios y unas plataformas flotantes. Tampoco es previsible que puedan participar en la instalación de las redes antimedusas, ya que Medio Ambiente no tiene previsto, de momento, instalarlas.