El alcalde de San Javier, en la presentación de la adjudicación del contrato de abastecimiento de agua. Ayto

El TSJ avala la suspensión del contrato del agua de San Javier adjudicado por 246 millones

El tribunal rechaza el recurso del Consistorio y subraya que el interés general está «asegurado» con la prórroga del servicio con Hidrogea

Alicia Negre

Murcia

Martes, 9 de julio 2024, 00:43

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) ha confirmado la suspensión del procedimiento de adjudicación del contrato del agua a la empresa FCC Aqualia por 246 millones para los próximos 20 años en San Javier. En un auto, al que LA VERDAD ha tenido acceso, la ... Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ rechaza el recurso con el que el Consistorio trató de poner freno a la decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC) de tumbar la mayor contrata de la historia de este ayuntamiento.

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El TARC decidió, en diciembre de 2023, suspender la adjudicación de este contrato millonario ante los recursos presentados por dos de las empresas licitantes, entre ellas Hidrogea, que lleva cerca de tres décadas prestando este servicio en la localidad. El Gobierno local decidió, entonces, presentar un recurso ante el TSJ para defender el procedimiento llevado a cabo por la Mesa de Contratación. El acuerdo fue ratificado solo por los votos del PP, ya que el resto de los grupos políticos votaron en contra de emprender la batalla judicial.

El Consistorio, en su recurso, incidía en la necesidad de llevar a cabo la contratación y de iniciar la ejecución de los trabajos de inmediato, pero no ha conseguido convencer al tribunal. El TSJ subraya, en su auto, que «el interés general representado por la correcta prestación del servicio público de abastecimiento de agua potable y alcantarillado está garantizado mediante la prórroga del contrato celebrado con Hidrogea».

La Sala entiende, además, que el supuesto daño al medioambiente, y en concreto al Mar Menor, que el Ayuntamiento trató de demostrar, «no queda en absoluto acreditado». Incide, en este punto, que una encuesta sobre la percepción de los ciudadanos no puede resultar concluyente sobre esta cuestión.

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Los magistrados recuerdan al Ayuntamiento que las deficiencias en las infraestructuras «son conocidas» desde 2019, según pone de manifiesto el propio Ayuntamiento en su recurso. En 2021 se hicieron constar en un informe redactado por la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) por lo que, entiende el tribunal, «ha existido tiempo suficiente para adoptar las medidas correspondientes, de ser tan imperiosa la necesidad».

Fuentes de la compañía Aqualia, consultadas por esta redacción, lamentan la decisión judicial porque, asegura, «supone un tiempo perdido para ponernos a trabajar y empezar a desarrollar todas las medidas incluidas en nuestra oferta para la gestión del servicio de aguas de San Javier, que son muy necesarias». La empresa explica que no está en su mano recurrir este auto del TSJ y aguarda la suerte que corre la demanda que presentó el pasado 27 de mayo para tratar de confirmar de forma definitiva –no cautelar– la adjudicación que les concedió el Ayuntamiento.

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El Consistorio no seguirá recurriendo

El Ayuntamiento de San Javier, preguntado por esta nueva resolución judicial, aclaró que no seguirá recurriendo. «El Ayuntamiento había pedido medidas cautelares, dentro del contencioso al que recurrió el Ayuntamiento en el TSJ, para que suspendiera la aplicación de la resolución del Tribunal Administrativo Central y poder adelantar la firma del contrato, con el fin de avanzar cuanto antes en el capítulo de inversiones previstas en la nueva adjudicación», explicaron fuentes municipales.«EL TSJ ha resuelto al respecto que no ha lugar la adopción de esas medidas cautelares hasta que finalice el contencioso y eso será lo que haga el Ayuntamiento».

El portavoz socialista Pedro Górriz remarca, por su parte, que, después de la anulación del contrato del agua, «este segundo varapalo judicial pone de manifiesto que las cosas no se están haciendo bien». Górriz hizo hincapié en que «se está despilfarrando el dinero de los vecinos después de adjudicar un contrato a dedo para la solicitud de las desestimadas medidas cautelares, por valor de 18.000 euros».

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